En 2013, la caleta de Quintay, ubicada en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, fue el lugar donde se firmó la controvertida Ley 20.657, conocida como Ley de Pesca, durante el primer período presidencial de Sebastián Piñera. Diez años más tarde y en el mismo lugar, el Presidente Gabriel Boric firmó la mañana de este jueves el proyecto que buscará reemplazar la legislación vigente, cuestionada por los casos de cohecho a parlamentarios durante su tramitación, y que fueron sancionados por la Justicia.

Pese a que en el Congreso se tramita desde el año 2016 una moción parlamentaria que busca derogar dicha ley, y que fue aprobada en agosto de 2022 con 117 votos a favor y 20 abstenciones, hasta el momento no existían proyectos del Ejecutivo para dictar una nueva norma pesquera. De ser despachada, dicha moción establece un plazo de dos años para dictar una nueva ley y no dejar al sector sin regulación.

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Si bien el proyecto anunciado la mañana de este jueves será ingresado en los próximos días, el Ejecutivo detalló algunos de los aspectos técnicos que la iniciativa, remarcando en la redistribución de los recursos en favor del sector artesanal. Por ejemplo, se establecerá la obligatoriedad de contar con planes de manejo para todas las pesquerías, sin excepciones.

El fraccionamiento de los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el industrial se realizará en base a criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional, creando un nuevo sistema de licencias transables de pesca para el sector industrial.

Sin embargo, uno de los aspectos que augura un mayor debate, especialmente desde las agrupaciones industriales, son los cambios a las asignaciones de cuotas. Esto porque, si bien el porcentaje asignado mediante licitaciones públicas a los industriales pasará de 15% a un 50%, el cambio significa que la cuota que responde a criterios históricos de captura disminuye desde el 85% al 50%.

Asimismo, las licencias transables de pesca, cuya duración actualmente es de 20 años con posibilidades de renovación, será recortado a la mitad, quedando en 10. Esto, en búsqueda de un mayor dinamismo en el mercado.

También se buscará modernizar y perfeccionar las reglas para la subasta de licencias de pesca bajo principios de transparencia, publicidad y la promoción de la libre competencia. Así, se propone que las subastas se realicen de acuerdo a bases de licitación tipo, elaboradas por la Subsecretaría de Pesca.

También se establece la obligación de fijar porcentajes máximos de recursos pesqueros que cada oferente podrá adjudicarse, para así limitar la concentración del mercado. En cuanto a los precios mínimos de las subastas, éstos deberán ser públicos para evitar que los oferentes se coordinen.

Adicionalmente, se buscará simplificar la forma de cálculo del impuesto específico asociado a las licencias asignadas por criterios históricos.

Respecto el reconocimiento de la pesca artesanal, el proyecto mantiene la primera milla y las primeras cinco millas como Área de Reserva para la Pesca Artesanal (ARPA), y ajusta los criterios del Registro Pesquero Artesanal para otorgar protección a quienes, realizando la actividad de manera habitual, sufran de imprevistos que no les permiten trabajar durante un período acotado de tiempo. Además, se reconocerá legalmente a las organizaciones de base, federaciones y confederaciones de pescadores y pescadoras artesanales.

En el acto de lanzamiento del proyecto de ley, el mandatario dijo que “la actual ley de pesca no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia exige” y remarcó que “desde el Poder Ejecutivo cambiando esa ley que fue creada desde la corrupción”.

Boric también resaltó que “esta ley que va a estar legitimada democráticamente y está construida sobre evidencia científica”, destacando el proceso participativo que consistió en más de 200 actividades, con cerca de seis mil asistentes, y que se desarrollaron entre septiembre del año pasado y febrero del presente, en que participaron pescadores y organizaciones, tanto del sector industrial como artesanal, además de académicos y científicos.

Así, destacó que la nueva ley de pesca “nace de un amplio proceso participativo y de consulta en donde todas las voces y visiones involucradas fueron escuchadas en más de 200 encuentros locales y regionales que se realizaron entre septiembre del 2022 y febrero de este año”.

Una vez conocidos los principales ejes de la iniciativa, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), Macarena Cepeda, dijo que estaban “francamente desconcertados con lo ocurrido hoy en Quintay”, ya que “nadie del sector pesquero industrial del país fue invitado a la actividad de esta mañana, descortesía que interpretamos como una señal para invisibilizar y estigmatizar a nuestro sector”.

“Creemos que es incomprensible que ningún representante de nuestro sector haya sido considerado para asistir en igualdad de condiciones y oportunidades con el sector artesanal. Esta ley regirá al sector en su conjunto, por lo que simplemente pedimos un trato justo. Lamentablemente, todo esto contradice y, en los hechos, desautoriza las declaraciones del propio Presidente Boric, pues la voluntad de diálogo y entendimiento queda finalmente subordinada al prejuicio ideológico de buena parte de sus colaboradores”, remarcó la representante gremial.

En una declaración, Cepeda afirmó que las intenciones del Ejecutivo por generar incentivos a la inversión y el crecimiento económico “se desdibujan totalmente al presenciar este tipo de comportamientos alejados de la buena e histórica práctica republicana y trato justo con el sector privado”.

Con todo, expresaron su confianza en que el proyecto “sea adecuadamente trabajado en el Congreso Nacional y de esa forma puedan corregirse las señales negativas y prejuicios que escuchamos esta mañana por parte del Presidente”.

Por su parte, el gerente general de la Sociendad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, afirmó que, aunque aún desconocen el texto de la propuesta legal, “vemos que se presetan ideas generales”, lamentando de todas formas que se perdierna la oportunidad de un diálogo mayor”.

“Cuando se conozca el texto nosotros participaremos aportando nuestros antecedentes para resolver los problemas reales del sector que son la sustentabilidad y el necesario orden y seguridad de largo plazo”, agregó, aludiendo a la pesca ilegal que afecta al sector.

En esa línea, expresó que a juicio de los gremios agrupados en Sonapesca, el proyecto ”debería contener reglas claras de largo plazo para asegurar certeza jurídica que permita la inversión, innovación y robustecimiento del ecosistema pesquero”.

“Hoy se deben enviar señales que otorguen certezas y no más incertidumbre que afecta la inversión y genera estancamiento económico, no es lo que Chile necesita en estos momentos de crisis”, enfatizó Bacigalupo.