Dueño de inmueble pide la quiebra de Mauricio Pinilla por deuda en fallido Bar Constitución

Dueño de inmueble pide la quiebra de Mauricio Pinilla por deuda en fallido Bar Constitución

Mauricio Pinilla, exjugador de Universidad de Chile, enfrenta una solicitud de quiebra presentada por Samy Yagoda Assael ante el 15° Juzgado Civil de Santiago. La acción, motivada por el impago de una millonaria deuda, sigue a una serie de conflictos judiciales relacionados con un fallido negocio nocturno y una deuda de más de $300 millones, donde Pinilla ha sido acusado de incumplimiento de contrato y adeudo de pagos, además de ser demandado por usura.


Un nuevo problema enfrenta Mauricio Pinilla, exjugador de Universidad de Chile, hoy conductor de televisión, por un fallido negocio nocturno.

El viernes, el emprendedor Samy Yagoda Assael solicitó al 15° Juzgado Civil de Santiago declarar la quiebra del exseleccionado nacional de fútbol debido al impago de una millonaria deuda. Esto ocurrió después de que el 23° Juzgado Civil de Santiago acogiera en 2022 la demanda presentada por el ingeniero comercial y MBA en Administración de Empresas (PUC) contra Bar Constitución SpA, representada por José Luis Riffo Díaz, y Mauricio Pinilla en calidad de deudor solidario. La demanda busca la terminación del contrato de arrendamiento, la restitución del inmueble ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 362, en Recoleta, y el cobro de rentas impagas, intereses y multas.

Yagoda alega que Pinilla incumplió sus obligaciones de pago en al menos dos deudas exigibles. La solicitud se basa en dos títulos ejecutivos: una sentencia del 23 de diciembre de 2022, donde Pinilla fue condenado por deudas de arriendo, y un pagaré de mayo de 2023 por $308.870.798 a favor de Primus Capital, actualmente en ejecución.

Además, Yagoda argumenta que estos títulos representan obligaciones distintas y que ya se han iniciado procedimientos de ejecución sin que Pinilla haya presentado bienes suficientes para cubrir sus deudas. La petición de liquidación se apoya en la Ley 20.720, que permite la quiebra simplificada cuando un deudor presenta múltiples obligaciones impagas y carece de capacidad para responder a sus acreedores.

“No hay lugar a dudas que concurren sobradamente en este caso los presupuestos exigidos para declarar la Liquidación Forzosa Simplificada de Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera”, consigna la demanda de Yagoda, quien en su perfil de LinkedIn se autodefine como un “emprendedor en serie”.

Todo comenzó cuando Samy Nissin Yagoda Assael, representante legal de Inversiones Yagoda Group Limitada, firmó en 2016 un contrato de arrendamiento con Bar Constitución SpA, representada en ese entonces por el futbolista Mauricio Pinilla, quien también asumió como deudor solidario. El acuerdo, formalizado en marzo de 2016, estipulaba condiciones estrictas: el arriendo debía pagarse puntualmente, cubrir los servicios básicos y utilizarse solo para actividades comerciales amparadas bajo sus patentes.

Con el tiempo, el contrato fue modificado, incrementando el arriendo a 169 Unidades de Fomento mensuales. Sin embargo, en 2019 comenzaron los problemas. Bar Constitución SpA dejó de pagar las rentas a partir de octubre de ese año y se atrasó también en el pago de servicios como electricidad y agua. A pesar de los intentos de contacto de Yagoda Group para exigir el cumplimiento del contrato, no obtuvieron respuesta. Más grave aún, acusan, el local fue subarrendado a terceros, en violación directa de las cláusulas del contrato.

A medida que las deudas y los problemas se acumulaban, el contrato llegó a su fin en marzo de 2021. Inversiones Yagoda envió una notificación para finalizar formalmente el arrendamiento, pero la restitución del inmueble no se concretó hasta julio de 2021. Al recibir la propiedad, la situación se tornó aún más crítica: las mejoras pactadas en el contrato habían sido retiradas sin autorización, incluyendo el desmantelamiento de un techo que debía cumplir con normas de seguridad específicas, exponiendo a los vecinos a riesgos y comprometiendo la renovación de las patentes.

Pinilla arrastra problemas financieros. En septiembre de 2023, Primus Capital, un factoring controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela, interpuso cuatro demandas ejecutivas de cobro de pagarés que suman $483 millones contra el exfutbolista, su padre Ricardo Pinilla Ocaña y sus sociedades.

Posteriormente, Pinilla presentó una demanda contra Primus Capital, solicitando la nulidad del pagaré suscrito, considerando que el cobro de $309 millones es producto de la “usura”. A la fecha todos estos juicios siguen pendientes de sentencia.

Mauricio Pinilla no estuvo disponible para responder a Pulso.

Fallo

Según el fallo, al investigar más a fondo, Yagoda Group descubrió que Mauricio Pinilla y sus asociados habían vendido sus acciones en Bar Constitución a José Luis Riffo, un empresario que operaba otros locales nocturnos en Santiago. No obstante, los contratos seguían registrando a Pinilla y sus socios como representantes legales, en un aparente intento de evitar responsabilidades legales por las deudas acumuladas y los incumplimientos en las condiciones de arriendo, dice el dictamen.

Ante esta serie de incumplimientos, Inversiones Yagoda Group llevó el caso al 23° Juzgado Civil de Santiago, exigiendo la terminación del contrato, la restitución del inmueble y el pago de las deudas. En el juicio, el tribunal dio la razón a Yagoda Group, condenando a los demandados a pagar las rentas adeudadas desde 2019, junto con intereses y una multa adicional. En su fallo, el juez dejó constancia de que las pruebas aportadas por la parte demandante demostraban de manera contundente los reiterados incumplimientos del arrendatario.

“Que se condena a los demandados solidariamente al pago de las rentas de arrendamiento devengadas desde el mes de octubre de 2019 hasta la restitución hecha el día 29 de julio 2021, por la suma de 169,47 unidades de fomento, más el reajuste indicado en el fundamento noveno de este fallo”, consignó el laudo.

El tribunal concluyó el contrato, ordenó la restitución del inmueble y fijó los términos para la recuperación de los pagos impagos, ratificando que los demandados debían asumir los gastos legales y los montos adicionales acordados.

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