El 21 de octubre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló cargos contra Larraín Vial Activos Administradora General de Fondos, sus directores Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Olivera Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, así como su gerente general Claudio Yáñez Fregonara, en el marco de un procedimiento sancionatorio relacionado con el Fondo de Inversión Capital Estructurado I.

La CMF cuestiona a los directores de Larraín Vial Activos por no garantizar que las operaciones del fondo cumplieran con la normativa vigente y el reglamento interno, además de permitir transacciones que no habrían beneficiado exclusivamente a los inversionistas. También los acusa de entregar información insuficiente o confusa a los aportantes, lo que pudo inducirlos a error, y de no prevenir irregularidades en la comercialización y valorización del fondo, incumpliendo sus deberes de supervisión y transparencia.

Frente a la acusación del regulador, el viernes 13 de diciembre, los exdirectores de la AGF presentaron un extenso escrito de 93 páginas con sus descargos, en el que lanzaron duras críticas a la labor de la CMF.

En el escrito, al que tuvo acceso Pulso, los ex directivos explicaron que el fondo nació como una solución financiera para reestructurar las deudas de Inversiones San Antonio Limitada, una sociedad ligada a Antonio Jalaff, que enfrentaba graves problemas de liquidez y endeudamiento. La idea era consolidar las obligaciones financieras de la sociedad, ofreciendo a los acreedores la posibilidad de capitalizar sus créditos y participar indirectamente en Grupo Patio, conglomerado que gestiona más de 150 activos inmobiliarios valorados en más de US$ 3.000 millones en Chile, Perú, España, México y Estados Unidos.

En el documento, los exdirectores calificaron las imputaciones de la CMF como carentes de fundamentos sólidos y criticaron que la Comisión incurrió en una “grave falta de control y fiscalización” sobre STF Corredores, actor clave en el caso. Según los descargos, la CMF tuvo conocimiento desde 2022 de las irregularidades financieras de STF Corredores y aun así no adoptó medidas oportunas. “La inacción de la autoridad reguladora permitió que un intermediario en incumplimiento continuara operando con aparente normalidad, defraudando la confianza legítima del mercado e inversionistas”, señalan.

El escrito también acusa a la CMF de actuar con una “condescendencia especial” hacia STF Corredores, señalando que incluso después de recibir estados financieros no auditados en 2022, la Comisión permitió que la corredora siguiera operando sin restricciones: “A pesar de la evidencia acumulada, no hubo suspensión de operaciones ni medidas drásticas; la CMF prefirió conceder plazos y beneficios, en lugar de cumplir con su rol de fiscalización eficaz”, apuntan.

STF fue la corredora que ofreció “a sus clientes de custodia o de administración de cartera, cuotas de la serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I”, quienes acusan millonarias pérdidas y se querellaron contra Larraín Vial. Con ese grupo, la gestora está llegando a un acuerdo de reparación de más de $ 3.000 millones.

Asimismo, los ejecutivos de Larraín Vial, que dejaron el directorio de la AGF, pero mantienen posiciones relevantes en el grupo, denunciaron que la formulación de cargos evidencia un actuar tendencioso por parte de la CMF. Según ellos, la autoridad utilizó un lenguaje cargado y subjetivo en sus acusaciones, lo que refleja una predisposición en contra de los directores y su actuar: “El lenguaje del oficio de cargos, junto con la parcialidad en la interpretación de los hechos y la valoración selectiva de la evidencia, demuestra un sesgo que ha contaminado todo el procedimiento”, afirman.

Además, apuntaron a la falta de coherencia en la aplicación de los criterios de transparencia por parte de la CMF, cuestionando por qué no se levantó la reserva de información respecto a STF Corredores cuando ya era evidente su estado de insolvencia. “La omisión de alertar al mercado permitió que las irregularidades se perpetuaran, generando el mismo escenario que hoy utiliza como fundamento para exigir responsabilidades,” concluyen.

Desde LarrainVial Activos AGF indicaron que “nos parece gravísimo que, en el marco de un procedimiento reservado como este, se generen filtraciones de su contenido, específicamente material y declaraciones que dicen relación con nuestra defensa. Por este motivo, no nos referiremos a una actuación que debe permanecer dentro dentro de la reserva del procedimiento”.

El escrito patrocinado por los abogados Alfredo Alcaíno, Marcelo Giovanazzi y Jaime de la Hoz consignó que el rol de los directores no consiste en garantizar el resultado de una valorización en particular o de un negocio determinado, sino en establecer lineamientos estratégicos y supervisar que la administración del Fondo actúe en conformidad con la normativa aplicable.

“Si los directores o el fondo hubiesen sabido en enero de 2023 que STF Corredores no estaba en cumplimiento de la cobertura patrimonial y/o de sus índices de liquidez y solvencia o que sus estados financieros al 31 de diciembre de 2022 no habían sido auditados por ARTL Chile Auditores SpA, por falta o apropiada evidencia para la auditoría, en términos tales que no manifestaron opinión sobre los mismos, jamás hubiesen aceptado como inversionistas a sus clientes, ni menos celebrado contrato alguno con ellos y con STF Corredores”, advirtió el escrito.

El documento critica que la CMF reproche a Larraín Vial Activos (LV AGF) por entregar información adicional a los inversionistas más allá de lo estipulado en el Reglamento Interno, sugiriendo que esto podría ser un intento de ocultamiento.

Según los exdirectores, esta interpretación es “infamante, porque trastoca el sentido natural y obvio del acuerdo, que cualquier persona de bien entendería de su sola lectura, dándole unas connotaciones cuasi delictivas inaceptables, a la vez que contradictorias, porque de haberse incluido formalmente en el Reglamento Interno no por ello habrían cambiado de sentido e intención”.

“La CMF contó durante todo el año 2022, con información continua sobre el patrimonio mínimo, cobertura patrimonial y los índices de liquidez y solvencia de STF Corredores, los que deben informarse diariamente a la CMF mediante el Módulo SEIL, conforme lo regula y exige la Circular N° 695 de 1987 y, sin embargo, no fiscalizó a la corredora en la forma cómo debe entenderse esta función, es decir, en forma efectiva y eficaz, no limitándose a recibir información, sin verificarla”, dice la presentación.

“Si la CMF hubiera cumplido de manera oportuna y efectiva su deber legal general y ordinario de fiscalización sobre STF Corredores, detectando y abordando las irregularidades que ya se encontraban presentes en 2022, el Fondo no se habría creado, y este Oficio de Cargos simplemente no existiría”, concluyó.

Y se preguntan: “¿Por qué la CMF no optó por una acción menos severa, pero igual de responsable, como informar al mercado y a los posibles inversionistas sobre el inicio de esta investigación? Después de todo, si los hechos eran lo suficientemente graves como para justificar más adelante la suspensión de STF Corredores ¿no habría sido razonable emitir una alarma, señal o advertencia oportuna?”.

“Esta omisión resulta particularmente preocupante, porque dejó al mercado en una situación de vulnerabilidad completamente innecesaria”, agregaron.