El Departamento de Justicia de EE.UU. pide la disolución de Live Nation-Ticketmaster

La demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Live Nation-Ticketmaster abre una batalla legal de más de una década de duración, con el potencial de redistribuir el poder en el negocio de los eventos en directo y cambiar la forma en que los consumidores compran entradas para conciertos y acontecimientos deportivos.

La demanda, a la que se han sumado más de dos docenas de estados y que se ha presentado ante un tribunal federal de Nueva York, alega que Live Nation utilizó su poder para aplastar a la competencia y tomar represalias contra los promotores y salas que amenazaban su dominio. Según el departamento, la empresa ahoga la competencia en pilares clave del sistema de conciertos, lo que encarece los precios y las tarifas para los aficionados. “Ha llegado el momento de acabar con Live Nation”, declaró el fiscal general Merrick Garland.

Live Nation dijo el jueves que no tiene un monopolio en la venta de entradas o la promoción y que luchará contra el caso del gobierno. La empresa señaló que su filial Ticketmaster no fija los precios, sino que lo hacen los artistas y los equipos, y que estos están sujetos a una alta demanda y una baja oferta, mientras que la mayoría de las tarifas van a parar a los recintos. Las acciones de Live Nation bajaron el jueves un 7,8%, hasta US$ 93,48.

Con la demanda del jueves, el Departamento de Justicia, que está comprometido con una aplicación más audaz de la legislación antimonopolio, renuncia a su anterior enfoque del mercado de los eventos en directo. El Departamento de Justicia tenía dudas sobre la fusión de Live Nation con Ticketmaster en 2010, pero se negó a impugnarla, diciendo que no creía que fuera a ganar en los tribunales.

Catorce años más tarde, el departamento asegura que está armado con más información acerca de cómo Live Nation opera, y que apoya llamándolo un monopolio ilegal. Los funcionarios del Departamento no explicaron el jueves cómo quieren que se disuelva la empresa, pero los analistas esperan que se intente separar el negocio de promoción de conciertos de Live Nation, de Ticketmaster.

El gobierno se enfrenta a un listón jurídico muy alto a la hora de disolver empresas. Tendrá que convencer a un tribunal no sólo de que Live Nation ha violado normas antimonopolio fundamentales, sino también de que las violaciones son tan generalizadas que remedios legales menos drásticos no solucionarían los supuestos daños a la competencia.

“Contaron una historia bastante buena que atrae al público en general, pero eso no significa que haya una violación de las normas antimonopolio”, comentó Craig Waldman, socio antimonopolio de Jones Day. “Todo se reducirá a las pruebas de lo que hicieron para amordazar a la competencia; a la calidad de las pruebas de ese tipo de comportamiento coercitivo”, puntualizó.

Si el gobierno prevalece, indicaron los funcionarios, los consumidores estadounidenses podrían pagar en el futuro precios más bajos, porque una gama más amplia de empresas podría ofrecer entradas para espectáculos. La competencia adicional podría reducir las comisiones que Ticketmaster añade al precio de ver un espectáculo, explicó el Departamento de Justicia.

Live Nation afirmó que el departamento “perderá en los tribunales, porque ignora los aspectos económicos básicos del espectáculo en vivo, como el hecho de que la mayor parte de las tarifas de servicio van a parar a los locales, y que la competencia ha erosionado constantemente la cuota de mercado y el margen de beneficios de Ticketmaster”.

Live Nation ha tenido que hacer frente a acusaciones de legisladores, reguladores y fiscales generales por sus elevadísimas tarifas, su deficiente servicio de atención al cliente y sus prácticas anticompetitivas. La empresa cuenta con ventajas comerciales de las que carecen la mayoría de sus competidores. Live Nation tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 50% en la promoción de conciertos, mientras que Ticketmaster controla más del 80% del mercado de venta primaria de entradas en los mayores recintos de Estados Unidos.

Jim Ronk, de Colorado, llevó a su familia a ver el partido de los Denver Broncos contra los de Las Vegas Raiders el año pasado. Según Ronk, las tasas de US$240 por sus cuatro entradas le costaron en total unos US$ 1.300. “Hay una gran diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar por unas entradas de fútbol profesional y estos gastos de tramitación”, sostuvo Ronk, de 76 años.

Cuando salieron a la venta las entradas para la gira de los Rolling Stones que aterrizará en Denver el mes que viene, Ronk, un fanático, ni siquiera miró. “Simplemente, no quiero pagar esas desorbitadas comisiones por las entradas”, dijo.

Gary Witt, director general y copropietario del Pabst Theater Group de Milwaukee, señaló que algunas giras no pasan por su ciudad porque Live Nation las promociona y no tiene un local allí. Los locales de Pabst no utilizan Ticketmaster, comentó.

“Se trata de algo más que ‘odio Ticketmaster’ u ‘odio el precio de las entradas’”, aseguró Witt. “Se trata de una empresa de venta de entradas que se fusionó con una empresa de promoción que resulta que también es propietaria de la mayor empresa de gestión de artistas de Estados Unidos”, añadió.

Entre los demandantes figuran varios estados, como Oklahoma y Tennessee, donde los republicanos supervisan las medidas antimonopolio y de protección del consumidor. El caso se suma al creciente movimiento para revivir el uso de las leyes antimonopolio, que datan de 1890, para desafiar a las empresas dominantes. Alphabet, propietaria de Google, Apple, Amazon y Meta se enfrentan a casos similares que se presentaron desde 2019.

“Ha habido una creciente preocupación por la consolidación”, manifestó la senadora Amy Klobuchar (demócrata por Minnesota), que preside el subcomité del Senado que supervisa las leyes antimonopolio. Live Nation “es el centro del ecosistema cuando se trata de tarifas y precios”, agregó.

La denuncia judicial del Departamento de Justicia dibuja una imagen de Live Nation como gestora de una red interconectada de empresas que son dominantes individualmente, pero que también “trabajan juntas en todo el ecosistema” para eliminar rivales y elevar las barreras de entrada.

El gobierno solicita un juicio con jurado, una táctica poco habitual en los casos antimonopolio que suelen decidir los jueces. Eso puede permitir al Departamento de Justicia contar una historia conmovedora que resuene entre los jurados que no son expertos en el complejo mundo de la legislación antimonopolio.

Entre las prácticas que el departamento cuestiona se encuentran los contratos de venta de entradas a largo plazo que Ticketmaster tiene con locales en los que actúan artistas de renombre. Esos acuerdos suelen tener una duración de entre tres y cinco años, y Ticketmaster suele dar lucrativos anticipos financieros que atraen a los locales a firmar acuerdos a largo plazo.

Live Nation también impide a los promotores rivales reservar las salas que posee o explota, lo que limita la oferta y aumenta la presión sobre los precios, según el gobierno. Live Nation posee o explota unos 370 recintos o festivales en todo el mundo, lo que le permite organizar las giras que promociona a través de sus propios edificios.

Estos pactos impiden a los locales utilizar múltiples servicios de venta de entradas, que, de acuerdo al gobierno, competirían ofreciendo mejores precios, tarifas, calidad e innovación a los aficionados.

Aunque la demanda podría proteger a los consumidores al perseguir las tarifas de venta de entradas, no está claro cómo ayudará realmente a los aficionados que quieren acceder a entradas asequibles, afirmó Bill Werde, director del programa de negocios musicales de la Universidad de Siracusa.

Para las giras más populares, hay exponencialmente más fans que quieren entradas que localidades disponibles. “Si el Departamento de Justicia o cualquier otro organismo se preocupa realmente por el precio de las entradas, no veo cómo esta demanda va a afectar significativamente a esa dinámica”, dijo Werde.

El acuerdo alcanzado en 2010 por el Departamento de Justicia, que en un principio permitió la fusión de Live Nation y Ticketmaster, trató de inyectar competencia en la venta de entradas permitiendo a un competidor obtener licencias de la tecnología de Ticketmaster. Anschutz Entertainment Group entró en el negocio de la venta de entradas, pero nunca consiguió arrebatar a Ticketmaster una gran cuota de mercado. Una revisión del acuerdo en 2020 prohibió a Live Nation tomar represalias contra los locales que no utilizaran Ticketmaster.

Gene Kimmelman, un abogado que fue uno de los principales funcionarios del Departamento de Justicia en el caso de 2010, sostuvo que la nueva denuncia demuestra que los esfuerzos anteriores, más suaves, para limitar a Live Nation y Ticketmaster no funcionaron. Esto debería reforzar el nuevo caso del gobierno, comentó.

“Es muy convincente lo que el Gobierno ha encontrado aquí: un comportamiento anticompetitivo que se refuerza mutuamente y que bloquea la entrada y la expansión de la competencia en todo el ecosistema de venta de entradas”, aseguró finalmente.