Incluso desde antes de que ingresara la reforma previsional al Congreso, desde el gobierno habían condicionado el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, a la aprobación de la reforma tributaria.

En septiembre de 2022 la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que el fortalecimiento del Pilar Solidario que buscarían hacer con la reforma previsional estaría “muy relacionado con la reforma tributaria. Yo diría que son las dos reformas que estamos impulsando con mayor fuerza, más estructurales del gobierno. ¿Y por qué con la reforma tributaria? Porque lo que busca es precisamente recaudar más impuestos, y ese recaudar más impuestos es para algo, tiene un sentido”. Y agregó que “ese sentido, precisamente, es para mejorar pensiones”.

Una vez presentada la reforma previsional, en reiteradas ocasiones la ministra del Trabajo señaló que aumentar inmediatamente el monto de la PGU a $250 mil, “depende de la aprobación de la reforma tributaria”.

Por su parte, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso los detalles del informe financiero de la reforma previsional, también sostuvo que dicho proyecto “se financia fundamentalmente con los recursos provenientes de la reforma tributaria”.

El mismo mensaje de la reforma tributaría señalaba que “se proyecta que esta reforma permitirá un aumento gradual de recaudación, llegando a 4,3% del PIB el año 2026. En términos netos –descontando algunos gastos tributarios que la reforma incorpora– la mayor recaudación en régimen se estima en 4,1% del PIB. En particular, el aumento en la tributación de las personas será destinado a la ampliación del Estado de Bienestar. Del incremento total proyectado, 2,9 puntos del PIB serán destinados a dos profundas reformas comprometidas por nuestra administración: al sistema de pensiones y al sistema de salud”.

Sin embargo, este miércoles la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, propinando un duro golpe al gobierno, y a la aspiración que tenía el Ejecutivo de financiar con dicha iniciativa casi la mitad de su programa, ya que estimaban recaudar un 3,6% del PIB (se redujo la proyección de recaudación durante la tramitación del proyecto, desde el más de 4% que anticipaban anteriormente).

“Quienes votaron en contra de la reforma tributaria le hicieron un gran daño al país”, se titulaba una minuta que hicieron circular este jueves entre parlamentarios oficialistas desde la Segegob, detallando una serie de iniciativas que no podrán concretarse, como el aumento de la PGU a 2,8 millones de pensionados, entre otras.

En concreto, el informe financiero de la reforma previsional señala que el costo fiscal en régimen del proyecto completo es de $5.329.476 millones a 2050 (US$6.638 millones con dólar observado actual). De ese total, más de la mitad es para financiar el aumento en el monto y la cobertura de la PGU, con un valor de $2.925.423 millones a 2050 (unos US$3.644 millones de hoy).

Por otro lado, el aumento de la tasa de cotización y del tope imponible significan $2.320.874 millones (cerca de US$2.891 millones de hoy) y, por último, la creación de la nueva institucionalidad tendría un costo de $112.566 millones (unos US$140 millones actuales), según dice el informe financiero del proyecto que ingresó el gobierno en noviembre del año pasado al Congreso.

Ahora que se rechazó el proyecto impositivo, el gobierno tendrá que buscar una nueva vía de financiamiento.

En total, la reforma previsional costaría el equivalente a 2,2% del PIB, medido con el PIB que tenía Chile al tercer trimestre de 2022 (US$ 306.899 millones). Y al ver el costo únicamente de la PGU, sería del 1,2% del PIB.

Cuando el gobierno ingresó la reforma previsional al Congreso, la PGU tenía un valor de $193.917. Pero desde febrero de este año se aplicó un reajuste y el beneficio subió a $206.173 mensuales, de acuerdo con la variación experimentada por el IPC durante el período junio-diciembre 2022, la que alcanzó a 6,32%.

Actualmente son cerca de 1,9 millones de personas las que reciben PGU. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, a noviembre de 2022 un total de 1.288.292 personas recibían PGU contributiva, es decir, percibían este beneficio fiscal más su pensión autofinanciada. En tanto, los beneficiarios de PGU no contributiva llegaron a 449.028 personas. Adicionalmente, los beneficiarios de PBS de invalidez sumaban 185.356 personas a noviembre de 2022.

Por otro lado, en enero el Congreso aprobó la ley corta que amplía el acceso a la PGU, y desde abril se empezará a aplicar. Esto, porque la PGU actualmente se entrega a todos los adultos mayores que no están en el 10% más rico, pero para hacer tal medición se usa como universo a quienes tienen 65 años o más. Ahora, en cambio, el gobierno focalizará la entrega del beneficio excluyendo también al 10% más rico, pero medido sobre la población total del país.

Este cambio en el modo en que se medirá quiénes pertenecen al 10% más rico debería permitir que se incorporen unos 70 mil nuevos beneficiarios, según decía el proyecto, ya que argumentaba que “la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país”, y agregaba que “con esta modificación, el umbral de corte será más alto, permitiendo que más adultos mayores accedan al beneficio”.

El proyecto del Ejecutivo plantea que este cambio empezará a regir desde abril, y el informe financiero proyectaba que en el primer año el mayor gasto fiscal sería de $107.886 millones, periodo en que estima que habrá 73.220 nuevos beneficiarios. Para el segundo año el informe financiero proyectaba un mayor gasto por $140.339 millones y 71.380 beneficiarios adicionales. En régimen estimaban un mayor gasto por $168.670 millones para 76.070 nuevos beneficiarios, esto es desde el sexto año en adelante.