Nova Austral sigue haciendo esfuerzos para salir a flote en medio de un complejo proceso de reorganización concursal para evitar su quiebra. El pasado 8 de enero, la salmonera a través de sus abogados Ricardo Reveco y Rodrigo Aldoney, de Carey, sostuvo una reunión de lobby con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier.

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¿La razón? La salmonera, de capitales noruegos y con operaciones en Magallanes, busca un acuerdo con el organismo a cargo de representar los intereses del Fisco para poner fin a un litigio que comenzó luego que el CDE presentara una querella en abril de 2020 en contra de exejecutivos de Nova Austral, por los presuntos delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones.

Los ejecutivos imputados son el exgerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides; Arturo Schofield, gerente de Producción Agua Mar; Drago Covacich, gerente Regional Magallanes, además de los jefes de área de la salmonera: Rigoberto Garrido e Isaac Ollivetbesson.

Según el CDE, entre 2016 y 2019 los imputados desplegaron una serie de conductas que provocaron un perjuicio al Fisco ascendente a $59.580 millones.

“En causa penal, seguida ante el Juzgado de Garantía de Porvenir, se programó para el día 9 de enero de 2024, a solicitud de la Fiscalía, audiencia para explorar la suspensión condicional del procedimiento. El CDE tiene derecho a ser oído en esa audiencia en su calidad de querellante y la Fiscalía nos ha informado que se opondría al acuerdo que se ha analizado y que involucra la liberación de los fondos sujeto a medida cautelar que en esta causa se otorgó en favor del CDE”, consignó el acta del encuentro.

“Solicitamos esta audiencia para explicar el contexto en el cual se plantean los términos de la suspensión del procedimiento (Nova Austral S.A. se encuentra en proceso de reorganización y los términos propuestos contribuirían a evitar su liquidación) y conocer las razones por las que el CDE se opondría”, añadió. En el encuentro estuvieron presentes también el consejeros Alberto Espina, exsenador RN, y Ruth Israel, y la abogada jefa de Medio Ambiente del estamento, Natalia Alfieri.

La reunión de lobby ocurrió un día antes de la audiencia de apercibimiento o comunicación de cierre que se llevó a cabo en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir el 9 de enero, y que se extendió por sólo 10 minutos.

“Atendido a lo señalado por las partes en esta audiencia, se procede a fijar audiencia de salida alternativa para el 12 de marzo de 2024 a las 10:00 horas quedando las partes asistentes notificadas personalmente. A la solicitud de asistencia vía remota a la audiencia fijada, desde ya el tribunal autoriza”, consignó la resolución del juez Pablo Aceituno.

En la actualidad, la empresa salmonera pertenece al holding del mismo nombre, compuesto por Nova Austral (la cual cuenta con 28 centros y una planta de proceso), Pesquera Cabo Pilar (que cuenta con cuatro centros de cultivo) y piscicultura Tierra del Fuego (que cuenta con una piscicultura). Desde su constitución Nova Austral se ha consolidado como una empresa productora y procesadora de salmón chileno, con una producción promedio anual de 22.319 toneladas cosechadas, que van a los mercados de Rusia, Estados Unidos y países de la Unión Europea, tales como Alemania y Francia.

Desde el CDE explicaron a Pulso que la entidad “no ha adoptado ninguna decisión relacionada con la etapa procesal en que se encuentra dicho juicio”.

Según la querella del CDE, “Nova Austral, al menos desde el año 2016, ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante no haber ceñido su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación, al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región, preservando la naturaleza y el medioambiente, ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, proporcionó información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino”.

“Junto a lo anterior, ha percibido bonificación por volúmenes de venta superiores a los que lícitamente pudo haber generado. La empresa Nova Austral ha obtenido por concepto de bonificación entre los años 2016 a 2019, la suma de $59.580.971.043, sin que cumpliera con los requisitos legales para tener derecho a ella, tal y como se señalará a continuación”, acotó.

De acuerdo al mismo escrito, Nova Austral aumentó su producción vendida, lo que significó consecuencialmente, elevar artificial e ilícitamente la bonificación de la Ley 18.392. Con este modus operandi los querellados, actuando en nombre y representación de la empresa, solicitaron y cobraron la bonificación del 20% de la Ley Navarino, sobre una base de ventas realizadas de producción de salmones que no se condice con la realidad, junto con haber cobrado, no obstante no haber cumplido en su proceso con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley en orden a preservar la naturaleza y el medioambiente.