El caso tissue, uno de los mayores escándalos de colusión en la historia chilena, vuelve a escena. A más de nueve años desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara, el 6 de octubre de 2015, un requerimiento contra CMPC Tissue y SCA Chile por coludirse entre 2000 y 2011 en el mercado del papel higiénico, el conflicto sigue abierto.

El 29 de diciembre de 2024, Essity Chile (antes SCA Chile), filial de la sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), presentó un extenso escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contestando las demandas de indemnización interpuestas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y cuatro agrupaciones de consumidores: Conadecus, Nueva Pucón, Agrecu y Acoproch.

En el caso de colusión en el mercado del papel tissue, CMPC y SCA Chile (hoy Essity) adoptaron estrategias divergentes para enfrentar las consecuencias legales y reputacionales. CMPC optó por acogerse al programa de delación compensada, colaborando con la FNE, lo que inicialmente le permitió eximirse del pago de multas. Además, CMPC acordó una compensación directa a los consumidores, desembolsando cerca de US$ 150 millones para indemnizar a los afectados.

Por otro lado, SCA Chile negó su responsabilidad activa en la colusión, argumentando que su participación fue producto de coacción por parte de CMPC. SCA enfrentó procesos judiciales que culminaron en la imposición de una multa de 20.000 UTA (aproximadamente US$ 18,3 millones). Sin embargo, la empresa no realizó compensaciones directas a los consumidores, y el 25 de julio de 2024 la Corte Suprema rechazó las demandas colectivas en su contra, argumentando que SCA no tenía una relación contractual directa con los consumidores finales.

A raíz de lo anterior, Conadecus el 30 de julio de 2024 interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la papelera sueca y posteriormente se sumaron otras agrupaciones de consumidores y el Servicio Nacional del Consumidor.

En la respuesta de 90 páginas, Essity Chile pide que se rechacen en su totalidad las demandas y se condene en costas a los demandantes. “Las acciones ejercidas son legalmente improcedentes, carecen de base fáctica y no acreditan perjuicios concretos a los consumidores”, sostiene la papelera en su defensa.

Uno de los pilares de la defensa de Essity es la prescripción. La empresa señala que, conforme al artículo 20 del Decreto Ley 211, el plazo de prescripción para este tipo de acciones es de cuatro años desde que la sentencia infraccional quedó ejecutoriada, lo que ocurrió el 3 de febrero de 2020. Por lo tanto, aseguran que las demandas presentadas en julio y octubre de 2024 están fuera de plazo.

“El plazo de prescripción de cuatro años se cumplió el 3 de febrero de 2024. Las demandas de Conadecus, Sernac y las demás agrupaciones fueron presentadas meses después de la expiración del plazo, por lo que deben ser rechazadas”, enfatiza el escrito patrocinado por Rodrigo Díaz de Valdés, Ignacio Naudon y Juan Ignacio Donoso, socios de Baker McKenzie.

La papelera también ataca directamente la base de los reclamos. Según el documento, no hay pruebas suficientes que demuestren un daño real y directo a los consumidores como consecuencia de la colusión. “La sentencia infraccional no estableció que la conducta sancionada haya causado daños a los consumidores ni acreditó cambios en los precios mayoristas percibidos por SCA”, argumentó la defensa.

En particular, Essity sostiene que el impacto económico de los hechos sancionados no fue significativo para los consumidores. “La evidencia económica basada en datos reales acredita que SCA no cobró precios supra competitivos, ni se generaron efectos adversos significativos en el mercado”, señala el documento.

Asimismo, recalca que los datos presentados por las demandantes no permiten probar un nexo causal entre la conducta sancionada y los daños reclamados, asegurando que “no existe evidencia que acredite un daño patrimonial grave a los consumidores como consecuencia de los hechos sancionados”.

La compañía de capitales suecos sostuvo que “sólo después del término de la colusión, el margen operacional de la compañía se volvió positivo”, asegura el escrito, sugiriendo que los acuerdos colusorios no le generaron beneficios económicos. La empresa también destacó que otros indicadores, como el retorno operacional sobre activos, mostraron mejoras significativas únicamente después de la conclusión de la conducta sancionada.

Sin embargo, Essity sostuvo que cualquier eventual condena debería considerar los pagos ya realizados por CMPC a los consumidores. La compañía subraya: “Para el muy hipotético e improbable caso que este H. Tribunal estime que procede, en todo o parte, la indemnización de los perjuicios reclamados en autos, solicitamos […] que se reduzca del monto de los daños que este H. Tribunal determine procedan conforme al mérito del proceso, el monto pagado por CMPC por medio del acuerdo conciliatorio que tuvo lugar dentro del juicio civil”.

Asimismo, recalca que este acuerdo ya tuvo como objetivo compensar a los consumidores por los mismos hechos investigados. “Como han declarado las propias demandantes en estos autos, el acuerdo conciliatorio tuvo por objeto compensar a los consumidores […] por los mismos daños cuya indemnización reclaman ahora en estos autos”, señala el documento.

En el documento, la empresa también enfatiza su posición en el mercado durante los años en cuestión, argumentando que su participación era menor en comparación con su competidor, CMPC Tissue. “SCA Chile nunca dominó el mercado del papel higiénico, operando con una participación significativamente menor que la de su competidor directo”, afirma. Este punto es clave en su estrategia para minimizar la responsabilidad y los efectos atribuidos a su conducta.

Essity señala que su menor cuota de mercado limitaba su capacidad de influir de manera significativa en los precios o condiciones del mercado. “Los márgenes de SCA aumentaron después de terminada la colusión, lo que demuestra que no cobró precios supra competitivos durante el período colusivo”, argumenta el documento, reforzando que cualquier impacto atribuido a su conducta debe ser evaluado considerando las dinámicas reales del mercado.