Europa quiere hacer retroceder las normas de reportes sobre el tema climático

La Comisión Europea está revisando elementos de su emblemática política medioambiental Green Deal (Pacto Verde Europeo), mientras en el continente crece la preocupación por el aumento de los costos y la falta de competitividad frente a China y Estados Unidos.

Funcionarios de la Comisión se reunieron este miércoles y jueves con empresas y grupos industriales para debatir amplios cambios en su legislación sobre sostenibilidad que empezarán a entrar en vigor este año. La reunión se realizó después de que el Ejecutivo comunitario publicara la semana pasada un informe en el que expresaba su preocupación por la competencia y afirmaba la necesidad de reducir la burocracia, al mismo tiempo que abogaba por la descarbonización para ayudar al continente a recuperar el crecimiento económico.

“La Unión UE (Unión Europea) debe abordar urgentemente las barreras y debilidades estructurales que la frenan desde hace tiempo. Durante más de dos décadas, Europa no ha sido capaz de seguir el ritmo de otras grandes economías, debido a una brecha persistente en el crecimiento de la productividad”, afirmó la Comisión Europea en su documento sobre la Brújula de la Competitividad.

La Brújula de la Competitividad establece un plan para impulsar la economía del bloque y hacer que sus empresas sean más competitivas a escala mundial. Entre las medidas previstas figuran la reducción de la carga reglamentaria de las empresas, la supresión de las barreras que perjudican los flujos comerciales y de inversión entre los Estados miembros de la UE y la oferta de mejores oportunidades de formación para los trabajadores.

Para responder a la preocupación por la carga normativa de las empresas, la UE tiene previsto publicar este mes una propuesta que reducirá los requisitos de información de algunas de las principales leyes de sostenibilidad del bloque, en lo que se denomina el paquete “ómnibus”. Según los asistentes, las reuniones de esta semana debían servir de base para esos cambios.

Se están revisando dos políticas clave: la directriz sobre informes de sostenibilidad empresarial y la directriz sobre due diligence en materia de sostenibilidad empresarial. Estas directrices se consideraron iniciativas climáticas históricas, que obligaban a las empresas a informar sobre su impacto social y medioambiental. Fueron de los primeros ejemplos de leyes que obligaban a las empresas a tomar medidas contra el cambio climático y a responsabilizarse de sus acciones, aunque en gran medida a través de prácticas contables.

También se espera que se propongan cambios en la taxonomía de la UE, que según la Comisión es un “sistema de clasificación que define criterios para las actividades económicas que se ajustan a una trayectoria neta cero para 2050″. A lo largo del año podrían producirse otros cambios en otras leyes de la UE.

La aplicación de la CSRD (directriz sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) y la CSDDD (directriz sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa) estaban previstas de forma escalonada a partir de este año y el próximo, respectivamente, aplicándose al principio sólo a las mayores empresas europeas antes de ampliarse para incluir a las medianas. En algunos casos, las empresas más pequeñas quedaron excluidas de determinados requisitos de información. Los grupos industriales se han quejado, sin embargo, de que las empresas más pequeñas podrían seguir viéndose afectadas indirectamente si son proveedoras o clientes de empresas más grandes.

La directriz también obliga a informar a las empresas extranjeras con una presencia significativa en Europa.

La CSRD y la CSDDD han provocado un gran rechazo tanto dentro como fuera del continente, ya que algunas empresas argumentan que la aplicación de los requisitos de información aumenta los costos y obstaculiza el proceso de hacer negocios. En las últimas semanas, Francia y Alemania han pedido a Bruselas que retrase o flexibilice determinadas normas de información sobre sostenibilidad.

Además, dentro de la Unión Europea, los partidos políticos de derecha se han opuesto frontalmente a las medidas y han expresado su enojo por las políticas climáticas, afirmando que han contribuido a la inflación y a la falta de competitividad, lo que ha provocado el declive económico.

La oposición a la normativa del bloque ya ha provocado cambios. En diciembre, la normativa de la UE sobre deforestación (EUDR) se retrasó un año por la oposición de empresas y gobiernos extranjeros. La EUDR pretendía obligar a las empresas que trabajan en sectores como el cultivo de cacao y café, a aplicar una estricta diligencia debida para determinar si sus productos utilizaban materias primas procedentes de tierras deforestadas.

La Cámara de Comercio Americana (AmCham) ante la UE afirmó que el plan del bloque para simplificar algunas de sus normas de sostenibilidad será “la primera prueba real” de sus planes para mejorar la carga reguladora de las empresas”. “Los inversionistas necesitan una señal clara de que Europa comprende la gravedad de la situación económica y el papel que desempeña el marco regulador”, declaró la semana pasada Malte Lohan, director ejecutivo de AmCham ante la UE.

Sin embargo, algunas empresas han expresado su consternación ante la perspectiva de cambios en la normativa.

“Muchas empresas, incluidas grandes multinacionales estadounidenses, han invertido una cantidad significativa de tiempo y recursos”, afirmó Paul Mertenskötter, asociado del bufete de abogados Covington & Burling. “Muchas han reestructurado equipos y procesos internos con vistas a cumplir eficazmente las nuevas obligaciones de información sobre sostenibilidad y diligencia debida en la cadena de suministro. En el caso concreto de la directiva sobre responsabilidad social de las empresas, la aplicación está madura y, para algunas, incluso prácticamente terminada, ya que los primeros informes se publicarán en los próximos meses”.

Varias empresas han instado a la Comisión a mantener las normas actuales. En una carta dirigida el mes pasado a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmada por Nestlé, Mars y Unilever, entre otras, las compañías describían la inversión y la competitividad como “fundamentadas en la seguridad política y la previsibilidad jurídica”. La carta añadía: “El anuncio de que la Comisión Europea presentará una iniciativa ‘ómnibus’ que podría incluir la revisión de la legislación existente corre el riesgo de socavar ambas”.

Un grupo que representa a inversores por valor de US$ 6,8 billones también pidió a la UE que no cediera a las presiones y mantuviera los requisitos de información más estrictos. El Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio Climático, el Foro Europeo de Inversión Sostenible y los Principios de Inversión Responsable afirmaron que las normas actuales ayudan a los inversores a “gestionar riesgos, identificar oportunidades y, en última instancia, reorientar el capital hacia una economía neta cero más competitiva, equitativa y próspera”.

El Pacto Verde Europeo se consideró uno de los principales logros del primer mandato de Von der Leyen. Ahora, al entrar en su segundo mandato como Presidenta de la Comisión, ese logro está siendo sometido a escrutinio.

A la pregunta de si el bloque había ido tan lejos en sus objetivos de sostenibilidad, Von der Leyen aseguró la semana pasada que la transición ecológica “nunca se había hecho antes” y que la UE debe ser flexible y pragmática en su planteamiento.

“Europa mantiene el rumbo”, comunicó finalmente.