Exdirectora del Trabajo: “No me parece la mirada que tiene la actual administración de la DT que demoniza la figura de los grupos negociadores”
Lilia Jerez afirma que sobre ese tema hay “tres dictámenes de tres gobiernos distintos” y que “el gran desafío para la Dirección del Trabajo “es entregar certezas a las partes”. Critica la postergación, en un año, de la entrada en vigencia del Registro Electrónico Laboral.
Lilia Jerez estuvo al mando de la Dirección del Trabajo (DT) desde agosto del 2020, tras un proceso de concurso público, y terminó su mandato el 18 de marzo de este año, luego de la llegada del nuevo gobierno. “No hubo ninguna evaluación previa a mi gestión”, dice de entrada la abogada de la Universidad Católica. Y añade que “la Dirección del Trabajo tiene que ser un servicio técnico y no político”.
Para Jerez, la DT no era una entidad desconocida, puesto que se desempeñó como jefa de gabinete de Cecilia Sánchez, exdirectora del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y desde 2018 fue jefa del Departamento de Relaciones Laborales del ente fiscalizador.
Actualmente es directora de Asuntos Corporativos de GNP Canales Abogados Laborales y desde esa posición analiza los primeros meses de Pablo Zenteno como actual director del Trabajo.
Usted llegó a la dirección de la DT por el Sistema de Alta Dirección Pública, pero su salida fue por razones políticas, ¿qué le parece que haya sido así?
-Llevaba un año siete meses. Si bien uno conoce la norma y las condiciones políticas que están presentes cuando se cambia de gobierno, también esperaba una evaluación por el trabajo que se estaba haciendo en la Dirección del Trabajo. Hay muchos desafíos en curso. Era esperable por las facultades del Presidente para remover cargos, pero esperaba un tipo de evaluación, que no la hubo.
¿Cree que la DT debería ser netamente técnica y que este nombramiento no esté dependiendo del gobierno de turno?
-Absolutamente. La Dirección del Trabajo tiene que ser un servicio técnico y no político. El Sistema de Alta Dirección Pública lo que busca es dotar a los servicios públicos de constancia y profesionalismo, pero para eso se debe respetar el periodo que establece la ley. La DT tiene que ser un organismo técnico que ayude a dar certezas a las personas.
La nueva administración postergó en un año la entrada en vigencia del Registro Electrónico Laboral, ¿se justificaba?
-Se argumentaron razones técnicas. El cambio que está viviendo la DT es de tal envergadura, que por supuesto se necesitaban recursos y tiempo para poder hacerlo en buena forma. Para 2020, sin ley de modernización, la DT hacía un millón de trámites digitales, después en 2021, con la entrada en vigencia de la ley, pasamos a 10 millones de trámites digitales. Lo que se habló públicamente eran problemas técnicos en las plataformas. No se entiende por qué se postergó tanto la entrada en vigencia de la plataforma digital de fiscalización.
El 19 de mayo, la DT emitió un dictamen donde no reconoce como instrumento colectivo los grupos negociadores, y deja sin efecto lo dictaminado por Mauricio Peñaloza cuando era director del Trabajo en el segundo gobierno de Piñera. ¿A qué se debe este dispar criterio, considerando que se supone que la DT es un organismo técnico?
-Tenemos tres dictámenes de tres gobiernos distintos. El primero fue a propósito de la ley que modificó el Código del Trabajo en 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet; después, en 2018, hubo otro cuando estaba Mauricio Peñaloza en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y ahora otro en el gobierno de Gabriel Boric. Acá, más allá del fundamento jurídico que pudiera existir en el dictamen, el gran desafío para la DT es entregar certezas a las partes, de que en definitiva el empleador y las organizaciones sindicales, o en este caso el grupo de trabajadores, sepa qué es lo que va a pasar. El dictamen tiene un elemento que a mí me parece de especial gravedad, y es el que señala que los grupos negociadores no se entienden como instrumentos colectivos y que, por lo tanto, puedan negociar en cualquier momento. El instrumento colectivo entrega certeza al empleador y a las organizaciones sindicales. Quiero dejar en claro que no estoy en contra de la negociación colectiva, ni de la sindicalización, ni nada por el estilo, pero creo profundamente en la certeza jurídica que siempre un servicio público tiene que entregar para una relación laboral, porque en definitiva en base a eso el empleador proyecta sus costos, y más en un nivel tal alto de incertidumbre como el actual.
¿Qué debería hacer la DT para dar una mayor certeza?
-Debería aclarar qué pasará con los contratos colectivos vigentes que se hicieron a través de grupos negociadores. Podría sacar otro dictamen para aclarar qué pasa con las negociaciones realizadas con anterioridad a este dictamen y que siguen vigentes.
¿Cuál es su postura sobre los grupos negociadores?
-La legislación ha ido avanzando en reconocer plenamente al sindicato como el primero en negociar colectivamente. En una empresa donde ya existe sindicato, creo que no se justifica, desde el punto de vista teórico, que haya grupos negociadores, pero en una empresa donde no existe sindicato, puede ser un primer paso para reunirse y en base a eso ir formando un sindicato. No me parece la mirada que tiene la actual dirección de la DT de demonizar la figura de los grupos negociadores. Es una agrupación voluntaria de trabajadores, puede ser un buen punto de inicio para después ir formando un sindicato. La visión de blanco o negro, buenos o malos, no nos hace bien.
Otro de los temas que ha abordado la nueva autoridad es sobre la fiscalización, donde han esbozado críticas a la gestión anterior y señalaron que el foco estará en el teletrabajo y las plataformas digitales.
-Me parece que es evidente que se debe aumentar los niveles de fiscalización. No nos podemos olvidar que en 2020-2021 fueron años excepcionales por la pandemia. Habían, además, empresas cerradas, y los funcionarios de la DT por motivos de seguridad no podían desplazarse a todos los lugares o estaban en teletrabajo, lo que afectó el nivel de fiscalización, porque también bajaron los niveles de denuncia. Aún así, en 2020 el servicio hizo 72 mil fiscalizaciones y en 2021 78 mil, pero se debe considerar que los niveles normales de fiscalización rondaban las 100 mil. Entonces, es evidente y no puede ser de otra manera, que se debe aumentar los niveles de fiscalización a niveles prepandemia.
El actual director del Trabajo, Pablo Zenteno, también en una entrevista con Pulso dijo que la anterior Dirección del Trabajo se alejó de las necesidades de la gente y eso se reflejó en la satisfacción de los usuarios, y por ello ahora ellos buscarán proteger a la parte más débil de la relación laboral, es decir, a los trabajadores. ¿Qué le parecen esas críticas?
-No estoy de acuerdo con lo que señala el actual director del Trabajo. Primero, en relación al tema de la satisfacción usuaria, no se debe olvidar el contexto en que estábamos. La DT tenía un nivel bien constante de atención de usuarios y de los niveles de satisfacción, pero en 2019 ocurrió el estallido social y eso afectó la percepción de usuarios a todo nivel. Cualquier institución pública fue juzgada con más intensidad por la ciudadanía, y se mantuvo por la pandemia, donde durante un tiempo fue muy difícil ir a la oficina, y ahí hubo un tiempo en que fuimos adaptando los procesos de la DT para poder hacerlo de forma online, pero se fue creando en el tiempo. Los niveles de satisfacción de usuarios han ido subiendo en 2021 y este año tiene que crecer nuevamente, ya que estamos en un nuevo contexto. Sobre los dictámenes y las normativas todo lo que se hizo durante este período tuvo íntima relación con seguir avanzando hacia un mejor servicio para la ciudadanía.
¿Cómo quedaron en la nueva Constitución los derechos laborales?
-Las constituciones cuando se estudian y se enseñan, tienen que resguardar los grandes principios y sobre eso luego realizar la normativa para ejecutar esos principios. Por eso me parece adecuado que se aborden temáticas que eran de especial importancia, como el reconocimiento de derecho a huelga, pero también tiene que establecer los límites, y ahí es que todos los derechos constitucionales, salvo la vida, tienen limite, y por ende la huelga tiene límite, la negociación colectiva también tiene límite. En esos puntos la Convención está al debe, ya que no quedaron establecidos los límites que tendrán algunos derechos.
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