“Me reservo el derecho de demandar por vulneración de derechos fundamentales, incluyendo acciones legales por indemnización justificada, irregularidades en el proceso de despido, cobro de prestaciones previsionales, diferencias en el cálculo de indemnizaciones, remuneraciones impagas, enfermedad profesional, devolución de fondos de la AFC, nulidad del despido y perjuicios derivados de daño moral”.

Con esta declaración, escrita al costado de su finiquito firmado ante la 42ª Notaría de Santiago el 15 de enero de 2025, Juan Carlos Jorquera Salhus, exgerente general de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), anunció su intención de emprender acciones legales contra su ex empleador. El conflicto surge tras lo que Jorquera describe como un despido injustificado, cuya formalidad y causalidad, según sus alegatos, nunca fueron debidamente comunicadas.

El 17 de enero de 2025, apenas dos días después de firmar su finiquito, Jorquera, representado por el abogado Marcelo Rodríguez Belmar, presentó una medida prejudicial ante el 1º Juzgado Laboral de Letras de Santiago. En esta solicitud, exigió la exhibición de documentos para la preparación de una demanda por tutela laboral por “vulneración de derechos fundamentales, despido improcedente, recargo legal, cobro de prestaciones y remuneraciones, y daño moral”.

Entre ellos, pidió una copia de la carta de despido del 3 de enero de 2025, emitida por Sartor AGF en liquidación, junto con los registros que acrediten el cumplimiento de las formalidades legales del despido. Específicamente, solicitó el comprobante de envío de la carta a su domicilio registrado y la notificación correspondiente a la Dirección del Trabajo.

El lunes, el juez del Primer Juzgado Laboral de Letras de Santiago acogió la solicitud de medida prejudicial presentada por Jorquera contra Sartor Administradora General de Fondos S.A. En la resolución, se ordenó a Sartor la exhibición de los documentos requeridos, incluyendo la carta de despido del 3 de enero de 2025, el comprobante de su envío y la notificación correspondiente a la Dirección del Trabajo.

La empresa tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar estos documentos a través de la oficina judicial virtual. En caso de incumplir con esta diligencia, se arriesga a sanciones estipuladas en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, que regula la obligación de exhibir documentos requeridos judicialmente.

De acuerdo con los antecedentes de la relación laboral, Jorquera comenzó a prestar servicios en Sartor AGF el 6 de septiembre de 2021, bajo un contrato indefinido. Sin embargo, el 3 de enero de 2025, la empresa, actualmente en proceso de liquidación, le comunicó la terminación de su contrato invocando la causal de caducidad. Según el relato del exejecutivo, esta decisión le fue informada de manera “informal” y carece de los respaldos legales requeridos, lo que alimenta sus sospechas sobre irregularidades en el proceso.

En su medida prejudicial, Jorquera argumenta que la empresa no cumplió con las formalidades exigidas por ley para concretar su despido, lo que incluye la falta de entrega de una carta de despido y su notificación a las autoridades competentes. Esto, según sus alegatos, contraviene los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo y vulnera sus derechos como trabajador.

Aunque Jorquera firmó su finiquito el 15 de enero, en este dejó explícitas reservas para futuras acciones legales, afirmando que: “en dicho instrumento, el señor Jorquera se reservó las acciones y derechos que ejercerá mediante la futura demanda anunciada en este libelo”. No obstante, el mismo finiquito incluye una cláusula que reconoce que durante toda la relación laboral el trabajador “recibió correcta y oportunamente el total de sus remuneraciones, servicios y demás prestaciones convenidas en el acuerdo de su contrato de trabajo”.

El exgerente general busca determinar si el despido fue realmente justificado y si existieron vulneraciones a sus derechos laborales. Este conflicto se da en un contexto en que Sartor AGF se encuentra en proceso de liquidación, representada legalmente por el liquidador Ricardo Andrés Budinich Diez, quien fue designado por la Comisión para el Mercado Financiero.

Una vez recibida la información requerida, Jorquera podría proceder con una demanda laboral que abarcaría una serie de reclamos, desde remuneraciones impagas y daño moral, hasta una eventual nulidad del despido. En su presentación al tribunal, el abogado Rodríguez Belmar señala que “la gravedad de la causal invocada y la falta de cumplimiento de las formalidades del despido hacen imperativo que la futura demandada exhiba los documentos que den cuenta de los hechos y formalidades que se cumplieron o no”.