Bajo absoluta reserva la Fiscalía Nacional Económica suele llevar adelante sus investigaciones, pero una orden de compra de Mercado Público develó detalles de la indagatoria a Google (Alphabet), Apple y WhatsApp (Meta Platforms).

El 13 de mayo de 2024, la Fiscalía firmó un contrato con la IPSOS para realizar una encuesta a 1.000 usuarios sobre el uso de tiendas de aplicaciones y la percepción de privacidad en redes sociales. “Esta encuesta permitirá caracterizar adecuadamente las preferencias de uso de tiendas de aplicaciones y de privacidad de los usuarios”, y sus resultados servirán para valorar alternativas legales en investigaciones antimonopolio. El costo del contrato es de $4.500.000 más IVA. La encuesta se llevará a cabo online utilizando la plataforma digital de IPSOS.

Según el escrito, la investigación de la agencia se centra en dos aspectos clave relacionados con el uso de tiendas de aplicaciones y la percepción de privacidad en redes sociales. Primero, busca evaluar “el funcionamiento de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple” y cómo estos influyen en el mercado. Segundo, examina “las políticas de privacidad de WhatsApp” y cómo afectan a los usuarios. Los resultados de esta investigación permitirán a la FNE valorar alternativas legales en sus investigaciones antimonopolio y asegurar que se promueva y defienda la libre competencia en el mercado nacional.

Esto además, luego que a mediados de 2022, el abogado Cristián Reyes interpuso una denuncia contra Apple y Google ante la Fiscalía por presunto abuso de posición dominante en los mercados de sistemas operativos (iOS y Android), de distribución de aplicaciones (App Store y Google Play), y de servicios de procesamiento de pagos (Apple Pay y Google Play Billing).

La contratación directa se justificó por la falta de disponibilidad del servicio requerido en el catálogo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. IPSOS tiene una reconocida experiencia y capacidad para realizar encuestas de este tipo. La FNE no cuenta con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para llevar a cabo esta encuesta internamente. “La naturaleza estratégica del servicio también respaldó la necesidad de contratación directa”.

La encuesta se estructurará en varios segmentos etarios y de género para asegurar una representatividad adecuada. Los resultados incluirán la revisión de cuestionarios, la programación y lanzamiento de la encuesta, y la entrega de un dashboard, graficador y bases de datos. Estos entregables estarán disponibles en la plataforma digital de IPSOS. “Las comunicaciones entre IPSOS y la Fiscalía se realizarán por vía telefónica o correo electrónico”.

Según las bases, el sondeo estará disponible preliminarmente por 4 días o hasta completar la muestra acordada. Una vez concluido este período, los resultados se compilarán y se entregarán a la FNE junto con un reporte metodológico. La Fiscalía se reserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de la encuesta. “El contrato establece estrictas normas de confidencialidad y seguridad de la información”.

También en la plataforma de Mercado Público, la agencia antimonopolios detalló sus planes para la elaboración de un nuevo libro que aborde la historia de la libre competencia en Chile.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) otorgó un contrato al académico y exdecano de la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Católica, Patricio Bernedo Pinto, para continuar la “Historia de la libre competencia en Chile”. Este volumen cubrió los años de 2010 a 2023, completando la narrativa iniciada en 2013.

Con un presupuesto de menos de 1.000 UTM, Bernedo fue seleccionado por su experiencia. El autor debe entregar cuatro informes en 18 meses, con pagos correspondientes a cada hito.

La FNE impuso normas de confidencialidad y seguridad para este proyecto. Este proyecto, importante para la historia económica de Chile, se completó en 18 meses y fue supervisado bajo normas de confidencialidad. La compensación fue de 533 UF (poco más de $20 millones). El contrato estuvo vigente hasta la finalización del proyecto o hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cada entrega debe ser aprobada por la Fiscalía antes del pago. Los informes y el manuscrito final se enviaron electrónicamente a la contraparte técnica. Toda la información fue propiedad de la FNE, garantizando así su protección y confidencialidad.