Pasar de la inseguridad y soledad de trabajar “en negro”, al mundo de oportunidades que abre la formalización de un negocio. La fundación Probono lanzó un programa para impulsar la regularización y estabilidad de los microemprendimientos, que son parte fundamental del tejido económico del país.

La organización sin fines de lucro, que lleva más de dos décadas promoviendo el acceso a la justicia, abrirá además una incubadora dedicada a fortalecer en sus etapas más tempranas de funcionamiento a estos pequeños negocios nacidos generalmente sin más que las ganas de salir adelante en una casa, por una misma persona o su familia.

“Hoy existen varias entidades que apoyan a la microempresa de buena forma, pero no hay ninguna que sea específica de abogados que pueda cubrir todas las necesidades legales que surgen por cada emprendimiento, pues estos difieren según los productos o servicios que ofrecen”, subraya Eva Méndez, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono.

En conversación con Pulso, la ejecutiva aclara que los más de dos mil abogados adscritos a la organización cubrirán diversas materias para apoyar a los emprendimientos, desde la inscripción de la marca y patente industrial hasta los temas laborales, entre otros. “La idea es poder complementar desde el área legal la ayuda a emprendedores que realizan otras entidades, para ello buscamos aliarnos con otras organizaciones e instituciones para ofrecer este servicio”, adelanta la ejecutiva.

La situación económica y social del país es la principal razón, y contexto también, de esta iniciativa: de un total de 1.977.426 microemprendimientos observados en Chile el año 2022 según la Encuesta de Microemprendimiento (EME), un 58,3% estaba en una situación de informalidad, casi un 90% lo hacía por cuenta propia y un 70% inició la actividad echando mano a sus ahorros.

“En un contexto así, la posibilidad de contar con servicios legales de la más alta calidad, prestados por nuestra red de miembros, resulta vital para la supervivencia de dichos emprendimientos”, puntualiza Martín Vivallo, coordinador del área de microempresas de Fundación Pro Bono.

Hacer que esos casi 2 millones de emprendimientos se formalicen no solo permitirá aumentar la recaudación fiscal, sino que mejorará el entorno empresarial y la calidad de vida de los dueños y trabajadores de esos negocios. Usualmente, un trabajador, aunque sea el dueño del microemprendimiento, además de no cotizar para su salud ni vejez, difícilmente puede acceder a créditos o fondos porque no tiene “papeles”, ni historial de actividad comprobable. Sin contratos, sus empleados también tienen condiciones laborales desfavorables.

La asesoría busca capacitar a los emprendedores para iniciar el camino formal de su negocio, requisito indispensable para poder acceder a recursos públicos y/o privados disponibles a través de fondos o créditos. Por ello, el programa contempla cosas tan básicas y necesarias como la constitución legal de la microempresa, la obtención de su RUT, la declaración del inicio de actividades, redacción de contratos, inscripción de marcas, y todos los trámites necesarios para comenzar a operar “con todas la de la ley” dentro del marco económico chileno.

“Tal como sucede en las demás asesorías legales que conduce Fundación Pro Bono, los coordinadores de nuestra fundación, abogados de profesión, son los encargados de recibir las solicitudes de asesoría y efectuar las reuniones iniciales, a fin de derivar cada caso particular a nuestra red de miembros, compuesta por cerca de 2.080 abogados independientes, estudios jurídicos y departamentos legales, que son quienes prestan finalmente la asesoría y lo hacen en carácter pro bono, es decir, en forma gratuita”, explicita Vivallo.

Además, la fundación abrió una Incubadora de Microempresas, que asesorará legalmente por un año a los emprendimientos que entren en el programa. “La incubadora se enfoca en fortalecer las bases legales de las microempresas para asegurar su desarrollo sostenible y exitoso”, explica el ejecutivo.

Eso, porque cuando un emprendimiento empieza a crecer requiere realizar actividades como ajustar la estructura legal de la sociedad o empresa; aplicar normas como el compliance, revisar su situación tributaria, preparar y revisar contratos comerciales, entre otros. “Las nuevas regulaciones en términos laborales y de cumplimiento (compliance), pueden ser dificultosas para quienes están comenzando su negocio, y son áreas en donde podemos ayudarles de manera directa. De esta forma, el emprendedor se dedica a su negocio y nada más”, detalla Vivallo.

Según Probono, este programa complementará los programas estatales sobre la materia, como “Formalízate” de Sercotec.