La Fiscalía Nacional Económica (FNE) encargó a Ipsos la elaboración de una encuesta a 400 personas en el marco del estudio al mercado de las funerarias.

En una resolución del 12 de julio, el órgano antimonopolios consignó que “requiere apoyo en la caracterización de la demanda por servicios y bienes fúnebres, describiendo la conducta de compra y las preferencias de los consumidores“.

Según la institución, el sondeo permitirá conocer mejor los canales de que disponen los consumidores finales para informarse y cotizar precios de servicios y bienes fúnebres, lo que podrá orientar de mejor manera las posibles recomendaciones que se realicen en el estudio. “Este apoyo se traduce en la realización de una encuesta a consumidores finales de servicios funerarios”, consignó.

De acuerdo a la propuesta que presentó Ipsos a la Fiscalía, la medición es telefónica, sobre una base de datos provista por la propia FNE. Se trata de un estudio cualitativo con un costo total de $4,5 millones, cuyo cuestionario es de “baja complejidad” y tiene una duración de ocho minutos. El target al que se dirige la encuesta es a 400 clientes de servicios funerarios y de cementerios.

El 21 de diciembre, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, instruyó dar inicio a un estudio de mercado sobre la industria fúnebre en Chile. El estudio considera que podrían existir diferencias de precios posiblemente atribuibles a sesgos de comportamiento en la demanda. Para analizar si existen posibles sesgos de comportamiento en la demanda, es necesario entender el comportamiento y las preferencias de los consumidores en el mercado fúnebre.

“El mercado de funerarias y cementerios es muy relevante para la población, porque obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, muchas veces inesperado, en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y que representa un porcentaje importante de su presupuesto mensual. Por eso, vamos a analizar cómo está funcionando para detectar sus fallas y poder hacer las recomendaciones que permitan mejorar la competencia en beneficio de las personas”, señaló el persecutor al anunciar el estudio.

El alcance del estudio considera todas las etapas del mercado, antes y después de la defunción. Éstas incluyen desde la contratación de servicios en vida (seguros y sepulturas por necesidad futura), hasta posibles exhumaciones y nuevas inhumaciones, pasando por la contratación de servicios funerarios y de sepultura o cremación, tanto en instituciones públicas como privadas.

La FNE definió un calendario de trabajo que contempla una fase de recopilación y análisis de información, que se extiende entre enero y agosto de 2022; la publicación de las conclusiones preliminares a más tardar en octubre; y la entrega del informe final en diciembre del 2022.

La Fiscalía Nacional Económica declinó responder consultas a raíz de este artículo.

La resolución N°388 que autorizó la contratación de la encuesta bajo la modalidad de trato directo, consignó que “como metodología de trabajo, se requiere que los profesionales de Ipsos trabajen en forma coordinada con la contraparte técnica de la Fiscalía y/o los profesionales designados por ésta, los que realizarán un seguimiento de las actividades comprometidas por la Sociedad, incluyendo el cumplimiento de los productos y de los plazos definidos. En el desarrollo de este trabajo, Ipsos deberá tener presente el contenido del Requerimiento de Contratación elaborado por esta Fiscalía, que se adjuntan en anexo a este contrato y que forman parte integrante del mismo”.

Este mismo documento estableció que la “FNE será el propietario de los derechos de propiedad intelectual sobre el reporte metodológico y la base datos identificados elaborados por Ipsos específicamente para la FNE. Ipsos podrá conservar una copia de los resultados para fines de archivo, pero no podrá difundirlo ni publicarlo, en todo o en parte, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la FNE”.

“Ipsos no podrá subcontratar con terceros la prestación de los servicios acordados en este convenio. Asimismo, no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en este contrato. La infracción de esta prohibición dará derecho a la Fiscalía para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata”, culminó.