El gerente general de Inmobiliaria L&L, propiedad del grupo P&G, Gerardo Larraín Sartorius (44) realizó un balance sobre la fallida tramitación ambiental del proyecto inmobiliario denominado Conjunto Armónico Portezuelo, iniciativa que consideraba una inversión de US$250 millones y pretendía crear 402 empleos.

El pasado viernes, la inmobiliaria retiró del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto consistía en la construcción y posterior operación de 15 edificios, desagregados en 9 edificios habitacionales y 6 edificios destinados a apart hotel, en un terreno de 10,7 hectáreas en la comuna de Vitacura.

Larraín explicó a Pulso que “estuvimos nueve años en etapa de aprobación para un proyecto habitacional en la mitad de la ciudad y pegado a la Costanera Norte. Cumplimos cada una de las normas aplicables, ejecutamos cientos de estudios y nos comprometimos a tremendas mitigaciones, pero el sistema hace que uno no pueda nunca estar seguro de que está OK. Para un proyecto de largo plazo, esto de no tener claridad en las reglas es nefasto. Sencillamente nos aburrimos y no estamos dispuestos a asumir el riesgo”.

El ejecutivo cuenta que aún no han resuelto lo que harán con el paño ubicado a los pies del cerro Alvarado, donde se emplazaría el proyecto inmobiliario, pero agrega que es probable que algún lote sea vendido.

“La decisión de retirarlo fue nuestra y nosotros somos los responsables”, respondió al ser consultado si hubo razones políticas detrás de la caída de este proyecto.

A su parecer, hoy “el comportamiento del sector inmobiliario está pasando por un momento muy difícil. A la pobre situación económica general se suma la alta tasa de interés que hace que suban los costos y disminuyan las ventas, además la obtención de permisos y recepciones se ha dificultado enormemente y se han multiplicado las regulaciones, que podrán tener fines muy loables, pero no son inocuas”.

En esa línea, sostuvo que “en la actualidad existe una enorme complejidad en aprobaciones y recepciones, mayores costos producto de nuevas leyes y un mercado que se resiste a que suban los precios, lo que se traduce en menores ventas. Los negocios inmobiliarios están muy apretados en la actualidad, son muy difíciles de implementar y conllevan mucho riesgo”.

Larraín cree que el ciclo de baja de tasas de interés que inició el Banco Central podría contribuir a la reactivación del sector, pero aquello no ocurrirá a corto plazo. “Evidentemente que la tasa alta lo que busca es justamente enfriar la economía por lo que cualquier baja de tasa siempre va a ayudar, pero todavía sigue muy alta como para considerar tomar mucha deuda, especialmente para proyectos inmobiliarios que tienen poco margen. Esperemos que en los próximos 6 meses o un año podamos estar en una situación distinta”, afirma.

Hoy Grupo P&G cuenta con cuatro proyectos en edificación, cinco en venta y varios más en preparación.

Gerardo Larraín Sartorius es abogado e hijo del fallecido empresario Gerardo Larraín, uno de los artífices del boom inmobiliario en Chile. Su padre junto a su tío Paulo formaron P&G Larraín en 1982 y fueron unos de los precursores de la segunda vivienda en Marbella.

Ambos, según explica su página web, fueron los sucesores de la oficina de propiedades iniciada en el año 1952 por su padre Gerardo Larraín Valdés. Cada uno de los hermanos se inició en el negocio por separado, en Madrid, España, donde cursaron sus estudios. Gerardo de ingeniero comercial y abogado y Paulo estudió economía y marketing.

La DIA del Conjunto Armónico Portezuelo, ingresada al SEIA el 7 de septiembre de 2018, lleva la firma de Pablo Larraín Kimber en representación de Inmobiliaria L&L Ltda.

A pesar de reducir su superficie y acotar el número de oficinas, igualmente la iniciativa había contado con la firme oposición de varios vecinos, entre ellos Marisa Morel, la hermana fallecida de la ex primera dama Cecilia Morel; Cristina Bitar, Marta Lagos, Bernardo de la Maza (ex convencional constituyente), el concejal de Vitacura Felipe Irarrázaval y la ex concejala Luz Pacheco. Parte de los opositores fueron representados en los últimos años por las abogadas Ana Lya Uriarte, actual asesora del Ministerio de Energía, y Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, quien se inhabilitó para conocer el proceso.

En octubre de 2022, la inmobiliaria presentó un recurso de casación en la Corte Suprema en una de las últimas instancias para evitar los efectos de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental del proyecto debido a que los informes presentados por el titular no estarían actualizados y se basarían en información inexacta sobre la falla geológica de San Ramón.

El fallo del Tribunal Ambiental de Santiago acogió parcialmente el reclamo de los vecinos y dejó sin efecto parcialmente la RCA del proyecto, “sólo en cuanto al análisis del riesgo relativo a la falla de San Ramón”, ordenando al SEA que complemente la evaluación sobre este aspecto, sobre la base de estudios geológicos recientes.