Gobierno sigue con el ajuste fiscal: gasto público cae 15,5% en el primer semestre
De acuerdo al informe de Ejecución Presupuestaria de junio, que publicó la Dirección de Presupuestos, este resultado se debe a la caída anual tanto del gasto corriente de 16,9% como del gasto de capital que se contrajo 4,3%. Asimismo, se informó que siguen los problemas para que las regiones puedan ejecutar los proyectos de inversión.
El gobierno sigue su ruta de ajuste fiscal. Tal como lo señalaron en marzo, durante este año se iría retirando el estímulo fiscal entregado el año pasado para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.
Esta promesa se ha ido cumpliendo considerando que, entre enero y junio, el gasto fiscal registró una caída de 15,5% comparado con igual periodo del año anterior, alcanzando $29.036.781 millones (11,0% del PIB). Todo esto con la meta de lograr que el gasto se contraiga este año 24,1%.
De acuerdo al informe de Ejecución Presupuestaria que publicó la Dirección de Presupuestos, este resultado se debe a la caída anual tanto del gasto corriente de 16,9% real como del gasto de capital que se contrajo 4,3%, destacando el menor gasto ejecutado en subsidios y donaciones en comparación con el mismo período del año anterior (-31,3% real) junto con la caída anual del gasto en inversión (-28,6% real).
Asimismo, la tasa de ejecución del gasto presupuestario para el primer semestre de 2022 fue de 47,9% respecto a la Ley Aprobada incluido Fondo de Emergencia Transitorio (y de 50,6% respecto de la Ley Aprobada regular). Dicho avance estuvo por debajo de lo registrado en 2021 (55,9%).
De acuerdo al Informe de Ejecución presupuestaria de abril, el principal factor que impulsó esta contracción fue el freno que está teniendo el gasto corriente. En el primer semestre cayó 16,9%, explicado por subsidios y donaciones que registró una disminución de -31,3% anual.
Por su parte, el gasto de capital registró una caída de 4,3% en comparación con el mismo período del año anterior. En el desglose, la mayor baja se dio en el componente inversión, de 28,6%, mientras que la transferencia de capital subió 21,1%.
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Sigue el rezago de la inversión en regiones
La reactivación de la inversión pública busca ser un pilar para ayudar a sostener la economía este año. Sin embargo, a mayo las cifras no son del todo auspiciosas, principalmente en lo relacionado con la inversión en regiones.
A junio, los Gobiernos Regionales ejecutaron un 25,7% de su presupuesto vigente, lo que resulta inferior a lo registrado a igual período de 2021 (33,9%).
De acuerdo a la Dipres, “la menor ejecución se contextualiza en un escenario de alzas en los costos, en particular asociados a los materiales de construcción, lo que ha llevado a que un número importante de proyectos, en condiciones de ser ejecutados al momento de realizar las respectivas propuestas públicas para su licitación, terminen declarándose desiertas. Esto pues al existir un desfase, los proyectos, en lo que respecta a sus valores, quedan subvalorados”.
Además, se menciona que diversas empresas ejecutoras de proyectos de obras civiles han quebrado o han puesto termino anticipado de obras, dado que les resulta más viable que les cobren las boletas de garantía en lugar de continuar con la ejecución de obras. Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha fijado criterios a través de oficios con medidas que permitan facilitar una rápida revaluación de iniciativas de inversión.
Fondo Covid
En el reporte también se muestra que la ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) a junio llegó a $1.455.963 millones lo que equivale al 44,4% del presupuesto, destacando las medidas de subsidios al empleo (IFE Laboral, Protege Regresa y Contrata); las de estrategia sanitaria de salud, testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), vacunas, listas de espera, entre otros; y las de inversiones sectoriales.
En el informe se precisa que el gasto asociado a los beneficios anunciados en el marco del Plan Chile Apoya, y que se financian con cargo al FET, se visualizará en los próximos meses, dado el proceso de elaboración de los decretos correspondientes y su posterior trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
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