Las discusiones sobre el impacto del calentamiento global y la necesidad de avanzar hacia la carbono neutralidad se han tomado la agenda. El informe IPCC fue una señal de alarma para Chile y el mundo, ya que ningún rincón del planeta se salvo de los embates del clima. En medio de esta discusión, este viernes Chile Sustentable lanzará el estudio “Remoción de barreras para el ingreso masivo de ERNC a la matriz eléctrica chilena”, encargado por la organización ambientalista a la consultora KAS Ingeniería, que en 2019 ya diseñó un estudio en favor de una descarbonización a 2030.

Para realizar su estudio, KAS Ingeniería analizó informes del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la Planificación Energética de Largo Plazo del Ministerio de Energía y los planes de obras considerados por la Comisión Nacional de Energía, entre otros. Según las estadísticas del CEN, la capacidad instalada al 31 de diciembre de 2020 que sumaron las energías solar y eólica alcanzó un 23,2%, mientras que el carbón era de 18,6%. Sin embargo, la generación bruta solar y eólica fue de 16,9% el año pasado, mientras que la de carbón fue de 34,8%. Pese al avance de las energías limpias, el estudio enumeró una serie de barreras para una expansión aun más acelerada de las ERNC, entre ellas, trabas a la libre competencia y la concentración del mercado; problemas de diseño, valor y forma de aplicación del impuesto verde; y dificultades en transmisión.

“El actual diseño y operación del mercado no permite que todo el potencial de las energías renovables se incorpore efectivamente al segmento de generación y adicionalmente algunas regulaciones van en contra del objetivo de reducción de emisiones; lo que debiera a estas alturas, ser corregido para ordenar las decisiones de política pública y de inversión privada en línea con la transición energética”, señaló el estudio.

Asimismo, el reporte indica que “la estructura del mercado eléctrico no promueve la libre competencia ni el libre acceso. Los privados se enfocan en mantener la concentración del sector amparada por una regulación que la promueve”.

La primera barrera que abordó el estudio es la existencias de comportamientos atentatorios contra la libre competencia y tendencias de concentración del mercado, que estarían provocando que haya un mercado poco competitivo y limitado, donde las pequeñas empresas tendrían problemas de dispersión. Para cambiar esta situación, propone una modificación a la Ley 20.936, con el fin de fortalecer las atribuciones del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Esto permitiría el monitoreo de la competencia del mercado eléctrico, para la adecuada independencia de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, sin necesidad de ser confirmada por el Concejo Directivo del Coordinador, y estableciendo su obligación de denunciar ante la Fiscalía Nacional Económica la presunción de cualquier práctica atentatoria contra la libre competencia.

Otra barrera identificada fue la ausencia de un Plan de Retiro programado completo de unidades térmicas. Para terminar con esto, sugieren una planificación estratégica de largo plazo, con la finalidad de incorporar el plan de retiro de unidades térmicas como parte de dicho plan, considerando todos los costos directos e indirectos que implica la permanencia y el retiro de estas unidades, de forma de establecer un plan óptimo de retiro de unidades térmicas. Esto para entregar las señales adecuadas a los inversionistas.

La tercera barrera mencionada es la distorsión introducida con la regulación de Estado de Reserva Estratégica, ya que esto constituiría un subsidio a plantas contaminantes y que ya cumplieron su vida útil. Para este punto apuntan a que haya un reglamento específico para remunerar la reserva estratégica. En concreto, proponen que el Coordinador determine mediante un estudio técnico si alguna de las unidades que se retira del sistema debe permanecer como parte de la Reserva Estratégica o se debe retardar su salida de operación. El pago por permanecer en el estado ERE debe cubrir los costos que implica mantener dicha unidad disponible para el despacho, más una rentabilidad determinada. Si la unidad no ha cumplido su vida útil, se deberá incorporar un pago que remunera la anualidad de la inversión, mientras permanezca dentro de la reserva.

Una cuarta barrera identificada por KAS Ingeniería aluda a las distorsiones en el diseño, valor y forma de aplicación del impuesto verde, ya que, por el momento, este tributo sería regresivo y tendría una finalidad únicamente recaudatoria, pues no apunta al objetivo de descontaminar. Para cambiar esta situación, el estudio propone una reforma tributaria que incremente de forma gradual el impuesto verde desde los US$5 por tonelada de CO2 actual hasta alinearlo a US$32 hacia 2030. Además proponen incorporar el impuesto verde al costo variable de operación en las unidades térmicas y alinear el impuesto al principio de “el que contamina paga”.

Un quinto obstáculo serían las distorsiones y criterios desactualizados en la Planificación y Tarificación de la transmisión. Entre 2015 y 2019 se generó un retraso en la expansión de la transmisión y los vertimientos de energía no fueron solucionados de manera rápida y eficiente. Para este tema en particular proponen rediseñar los criterios de los planes de expansión de la transmisión y reformular la actual discusión del reglamento de transferencias de potencia entre empresas generadoras. Una de sus recomendaciones apunta a aumentar la eficiencia del uso del sistema de transmisión “mediante la instalación de almacenamiento y sistemas de control”.

También mencionan como barrera las condiciones limitadas para la generación distribuida o Net Billing, que permite a los usuarios residenciales, comerciales y pequeños comercios a vender sus excedentes a la distribuidora a un precio regulado. Su desarrollo, apunta el estudio, ha sido paupérrimo: hay solo 70 MW de generación distribuida a nivel residencial/comercial. Entre otras cosas, proponen eliminar las “actuales restricciones de tamaño y condiciones de comercialización que hoy hacen que la generación distribuida opere como un subsidio a la generación centralizada”, estableciendo normas técnicas, económicas y tarifarias que regulen este mercado en forma eficiente para lograr una expansión socialmente óptima.

Otra barrera mencionada en el informe apunta a lo que denominan la distorsión en el mercado del gas y GNL, y las distorsiones en la aplicación de normas técnicas vigentes sobre gas inflexible. “Se debe establecer formalmente un mercado para el gas firme y de oportunidad o interrumpible que incorpore tanto a agentes nacionales como internacionales capaces de absorber de manera económicamente eficiente estos desbalances, minimizando los efectos de la variabilidad de la demanda y de la oferta de generación, incluyendo la inflexibilidad de los contratos take or pay del gas”, dice el reporte.

Según dice Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, el estudio que lanzarán mañana “puede mostrar en forma simple al sector político donde están las barreras regulatorias que hay que eliminar para acelerar la descarbonización, limpiar la matriz energética y terminar con las zonas de sacrificio”.

Cabe destacar que este año, las energías renovables tendrán un importante avance y los futuros proyectos de generación eléctrica en su mayoría corresopnden a tecnología solar fotovoltaica y eólica. A principios de este año, el Coordinador Eléctrico determinó que el 40% de la capacidad total del sistema provendrá de las tecnologías eólica y solar hacia fin de año.