Un segundo paquete de indicaciones al proyecto de reforma tributaria ingresó este lunes el gobierno al Congreso, el que se espera sea presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la sesión que debe realizarse este martes por la tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En concreto, las nuevas indicaciones apuntan a modificar la ley de herencias, la ordenanza de Aduanas, zona franca, la ley de fondos de inversiones y se establece una nueva ley de créditos tributarios.

Esta última constituye, por así decirlo, el corazón de este segundo set, ya que abarca buena aparte del nuevo articulado. Se trata de una iniciativa que ya fue anunciada por el gobierno dentro de un conjunto de medidas para impulsar la inversión en el marco del Plan Invirtamos en Chile.

La propuesta apunta a establecer un beneficio impositivo en forma de créditos tributarios imputables al impuesto de primera categoría. La idea es que puedan optar las empresas que desarrollen proyectos de inversión productiva promoviendo la transferencia y desarrollo de nuevas tecnologías y/o la descarbonización de la matriz productiva, detallan desde Hacienda.

La nueva norma que impulsa el Ejecutivo precisa la forma en que se adjudicarán los proyectos, los cuales serán definidos por un Comité asesor conformado por tres personas: una designada por el Ministerio de Hacienda, otra por el Ministerio de Economía a propuesta de Corfo, y la tercera por Hacienda a propuesta de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

En esa línea, desde Hacienda explican que las empresas interesadas deberán postular señalando el monto del crédito solicitado y la inversión comprometida. Para el próximo año contempla una cartera de créditos por US$500 millones para postular, mientras que en los siguientes años el monto de créditos será definido en la ley de Presupuestos respectiva.

Según lo que propone el gobierno, estos proyectos serán evaluados en forma objetiva, según cuatro criterios. Primero, que sea una inversión apalancada, que es el resultado de dividir el crédito solicitado por la inversión comprometida. Segundo, que tenga un efecto multiplicador sobre la economía. Como tercer punto, se evalúa el potencial descarbonizador. Y en cuarto lugar, se mide el potencial para absorber, adaptar y desarrollar tecnología.

El gobierno también establece que los proyectos adjudicados sean evaluados anualmente por la secretaría técnica que estará en manos de la Subsecretaría de Hacienda, y que estará conformada por cuatro personas. En caso de haber incumplimientos, el Comité podría revocar total o parcialmente los créditos otorgados, en cuyo caso el contribuyente deberá pagar los impuestos que corresponda.

Respecto de las modificaciones a los fondos de inversión, las indicaciones realizan ajustes a los registros empresariales que deberán controlar los fondos de inversión para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, se modifican las obligaciones para los fondos de inversión privados que invierten en capital de riesgo para que mantengan la exención de IDPC, reduciendo el monto de inversión en capital de riesgo del 100% al 85%.

Además, la propuesta del Ejecutivo apunta a que el saldo solo podrá ser invertido en instrumentos de renta fija. Y se reduce el plazo de cumplimiento de estas obligaciones de 330 a 300 días. De esta forma, se busca evitar que algunos fondos incumplieran el requisito por sus operaciones rutinarias.

En tanto, los no residentes que sean aportantes de fondos públicos o fondos que inviertan en capital de riesgo, quedarán sujetos a un impuesto del 14% o 35%. Ello, de acuerdo a si la utilidad pagó o no impuesto de primera categoría.

Por otro lado, también se introducen modificaciones al Impuesto a la herencia, ya que se ajusta la norma de valoración considerando los cambios introducidos en la ley de impuesto a la riqueza.

Respecto de la zona franca, la propuesta del gobierno aclara el tratamiento tributario y la forma de registrar las utilidades respecto de las que gozan de la exención del impuesto de primera categoría.

Por último, sobre la Ordenanza de Aduanas, se armonizan cambios en materia de notificaciones por correo electrónico y procedimientos judiciales.