El cuarto retiro ya fue aprobado, por un voto más del requerido en la Cámara de Diputados, y ahora será visto en el Senado. El proyecto incluye un segundo adelanto de rentas vitalicias, lo que ha encendido las alarmas en la industria aseguradora. En ese sentido, este jueves se reunieron el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, con el vicepresidente del gremio de los seguros, Jorge Claude, quien alertó que la iniciativa pone en riesgo la estabilidad de las compañías, y por ende el pago de pensiones de rentas vitalicias.

“En el caso de las personas que han optado por una renta vitalicia, es contratar un seguro de rentas vitalicias, que paga todos los meses una cantidad de UF a cambio del pago de una prima. Por tanto, las personas no tienen una cuenta individual en la compañía de seguros. Han transferido sus recursos para que la compañía pueda hacer frente al pago de la pensión. Al imponerse esta obligación unilateral por parte del Parlamento, de que las compañías tengan que desembolsar del orden de US$3.500 millones para hacer un adelanto que no se va a recuperar en el tiempo, es muy difícil de aplicar y pone en riesgo la estabilidad de las compañías, y pone en riesgo el pago de las pensiones de las personas que han confiado en las compañías de seguros y que han depositado sus esperanzas de que puedan recibir una cierta cantidad de UF mientras vivan”, explicó Claude.

En la misma línea planteó que “estamos verdaderamente preocupados, porque hay una alta probabilidad de que un porcentaje de compañías entren en una situación de incumplimiento de todos los límites y reglas formales financieras que impone la autoridad, y por lo tanto tengan que enfrentar una situación técnicamente de insolvencia. Eso se podría traducir en que la autoridad tenga que intervenir, no sabemos cuál sería el efecto. Lo que se está pidiendo no es realizable por parte de las compañías de seguros, porque involucra recursos que no están disponibles”.

Además dio cuenta de cuántas personas han solicitado el primer adelanto de rentas vitalicias.

“Hay del orden de 250 mil personas que han recibido su anticipo, que es distinto a este adelanto. Este es muchísimo peor que el anterior. El anterior era un anticipo y la persona solicitaba una cantidad de dinero que estaba en función de la reserva técnica, en definitiva tenía un efecto inmediato de que a la persona le bajaba la pensión en el mismo porcentaje de lo que había retirado. Hoy, el proyecto tal cual está establece un adelante en el cual se le va a hacer un descuento máximo de un 5% de la pensión, y eso significa que las personas en teoría si devolvieran todo tendrían que vivir 30 años más. Nuestros cálculos dicen que la mayoría no van a alcanzar a devolver el adelanto”, dijo Claude.

La próxima semana comenzaría la tramitación en el Senado, donde se espera que el debate sea más complejo que en la Cámara de Diputados, ya que varios senadores que han aprobado los retiros anteriores hoy han expresado que están en contra de la iniciativa.

El presidente de la CPC, también alertó sobre las consecuencias de un nuevo adelanto de rentas vitalicias.

“Desde el punto de vista país por qué es tan importante y tan grave esta situación: (porque) significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los inversionistas extranjeros, en el cual no se va a atentar contra el derecho a la propiedad. Hecho como está, se atenta directamente contra la integridad de las personas que tienen estos contratos de renta vitalicia, de las personas que ya mencioné que son más de 7 millones que están en el sistema. Atenta contra el sistema general de la industria de los seguros, porque se lleva más de la mitad del patrimonio y pone en riesgo la estabilidad, e incluso pone en riesgo hasta la quiebra de algunas compañías”, dijo Sutil.

También enfatizó que un nuevo adelanto de rentas vitalicias le restaría seriedad a Chile, ante inversionistas extranjeros.

“El llamado es a reconsiderar esto, ya que este proyecto va al Senado, para que los senadores y senadoras puedan considerar que esto es muy malo para Chile, para la estabilidad de la economía y la estabilidad del futuro. Me pregunto si llegáramos a aprobar una ley como ésta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile, porque esto quiebra las reglas del juego. Esto ni siquiera se podría considerar una expropiación, esto significa un despojo absoluto a las reglas del juego”, sostuvo.

Asimismo, el líder gremial, quien aseguró no haber realizado ningún retiro desde las AFP, manifestó que el caso de las rentas vitalicias es muy distinto al giro que hacen quienes cotizan en sus cuentas individuales.

“Cuando estamos hablando del retiro de las pensiones, estamos hablando de que se aprueba una situación en la cual las personas libremente pueden o no retirar sus propias pensiones. Yo no he retirado en ninguno de los retiros de pensiones, mi legítimo derecho a hacerlo. Se está legislando una mala política pública, pero no se está alterando el legítimo derecho a elegir si hacerlo o no. En este caso (de rentas vitalicias) se vulnera, se salta la fila y se destruye la institucionalidad con la que se ha generado la confianza de 650 mil personas pensionadas en las compañías de seguros de vida, más 7 millones de personas que contratan libremente un seguro para tener una mejor jubilación, o para tener un seguro de vida que sea un beneficio para sus hijos o cónyuge, o quien determine. Este proyecto vulnera completamente los derechos de propiedad de esas personas que han confiado en las compañías de seguros y viola también el derecho a propiedad de aquellas personas que confiaron en Chile”, afirmó.

Y agregó que “esa es la gravedad de este asunto. Dado estas circunstancias y el error que comete la Cámara de Diputados de aprobar esta propuesta de ley, hacemos un llamado a volver a recuperar la institucionalidad. Hacemos un llamado a los senadores a corregir esto, que simplemente generaría una debacle y puede poner en riesgo la estabilidad de la industria de los seguros, y pone en riesgo la seriedad de Chile como país que respeta la institucionalidad, las leyes, porque aquí se está metiendo en un lugar donde no son las personas las que toman las decisiones, se les está imponiendo a las compañías”.