La alerta que enciende el fiscal de los casos Primus y Factop: advierte “falta de regulación” a industria del factoring

La alerta que enciende el fiscal de los casos Primus y Factop: advierte “falta de regulación” a industria del factoring

El fiscal Felipe Sepúlveda planteó que "las empresas de factoring manejan mucho dinero. Estas empresas compran documentos mercantiles, los transan en el mercado y luego los cobran. Eso tiene que generar alertas, porque cuando hay mucho dinero dando vuelta, pueden surgir riesgos de fraudes".


Luego de cuatro jornadas de extensas audiencias, realizadas sin la presencia de medios de comunicación por orden expresa de la magistrada Carolina Araya Hernández del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal resolvió el pasado sábado enviar a prisión preventiva al exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, a cumplir en el recinto de Capitán Yáber.

El ejecutivo, vinculado al segundo factoring no bancario más relevante del mercado, propiedad del empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela Lang, fue imputado por los presuntos delitos de lavado de activos, administración desleal, falsificación de instrumento mercantil privado y delitos informáticos.

Al concluir la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación, Felipe Sepúlveda, entregó a Pulso PM un balance sobre los avances y próximos pasos de la causa. Esto marcó el cierre de la primera etapa de la indagatoria por un fraude que generó al factoring perjuicios por $75.000 millones y obligó a sus accionistas a desembolsar $100.000 millones para mantener la operación de la compañía.

Los otros imputados también quedaron sujetos a medidas cautelares por su presunta participación en los hechos denunciados: el exgerente comercial Ignacio Amenábar quedó con arresto domiciliario total, mientras que Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán también fueron enviados a prisión preventiva en Capitán Yáber.

El fiscal Sepúlveda alertó que hoy “muchas empresas de factoring no están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)” y planteó que “quizás ahí podría enfocarse la atención, en la falta de regulación por parte de un ente estatal que establezca normas para proteger tanto a las empresas de factoring, como a los terceros que contratan con ellas”.

¿La Fiscalía quedó satisfecha con el resultado de la formalización de Francisco Coeymans?

-Obviamente no nos alegra que alguien haya quedado privado de libertad, pero estamos tranquilos porque, de alguna manera, se han ido cumpliendo los hitos que nos propusimos. Los tribunales nos han dado la razón en cuanto a las medidas cautelares solicitadas para los cuatro imputados de esta causa.

¿Qué tan complejo resulta este caso, considerando que al menos cuatro personas están imputadas?

-Es un caso complejo, porque involucra a varios imputados y se trata de un fraude por una cantidad de dinero muy relevante. Hay múltiples operaciones vinculadas a ellos, lo que requiere realizar numerosas diligencias de investigación. Esta complejidad se vio agravada por las circunstancias en que no se pudo formalizar a ninguno de los imputados en las audiencias inicialmente programadas, lo que obligó a realizar formalizaciones individuales. Además, el señor Coeymans se dio a la fuga del territorio (nacional) y tuvo que ser extraditado desde Perú.

La serie de incidencias que plantearon las defensas de los imputados, ¿dilataron el trabajo de la Fiscalía?

-Bueno, no todas, pero efectivamente consideramos que en algunos aspectos puntuales hubo acciones dilatorias evidentes. Especialmente cuando intentamos formalizar a Coymans en ausencia, ya que se encontraba en Perú. Este proceso fue complicado, porque no logramos realizarlo en la primera audiencia que se había citado para tal efecto.

Según el querellante, al menos cuatro imputados se coordinaron para efectuar un millonario fraude en la compañía. ¿Tiene la Fiscalía alguna idea sobre el destino de esos dineros?

-Esa es materia de investigación. No puedo pronunciarme al respecto, pero se están llevando a cabo diligencias orientadas a conocer el destino final de esos fondos.

Entre las diligencias pendientes, se menciona un informe que debe evacuar el Banco Central. ¿Podría detallar estas acciones?

-No puedo referirme a las diligencias específicas, ya que la investigación sigue siendo secreta. Lo importante es que se están desarrollando las gestiones necesarias.

¿Se prevé una nueva fase de formalizaciones contra otros involucrados?

-Como le señalé, la investigación sigue su curso. Si aparecen más personas vinculadas, podrían realizarse nuevas formalizaciones. No lo puedo descartar de ninguna manera.

¿Se podría solicitar la prisión preventiva de Ignacio Amenábar, quien actualmente está en arresto domiciliario?

-Por ahora, él se encuentra bajo otras medidas cautelares decretadas por el tribunal a nuestra solicitud. No tenemos intención de modificar esas circunstancias en este momento.

Usted también está a cargo de la investigación por el fraude en Factop. ¿Cree que hace falta una mayor regulación en la industria del factoring?

-No me corresponde opinar sobre ese tema. Sin embargo, puedo observar que las empresas de factoring manejan mucho dinero. Estas empresas compran documentos mercantiles, los transan en el mercado y luego los cobran. Eso tiene que generar alertas, porque cuando hay mucho dinero dando vuelta, pueden surgir riesgos de fraudes.

¿Considera que la legislación vigente es adecuada para fiscalizar este tipo de empresas, o cree que su flexibilidad permite este tipo de irregularidades?

-Como mencioné, no emitiré opiniones sobre la normativa. No obstante, puedo señalar que muchas empresas de factoring no están reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Quizás ahí podría enfocarse la atención, en la falta de regulación por parte de un ente estatal que establezca normas para proteger tanto a las empresas de factoring, como a los terceros que contratan con ellas.

En el caso Primus, las defensas de los imputados han sostenido en reiteradas ocasiones que el controlador de la compañía estaba al tanto de las operaciones irregulares realizadas por la administración de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar. ¿Han podido indagar sobre esta materia?

-Los antecedentes que hemos recopilado y presentado en audiencias apuntan a una conclusión diferente. El conocimiento que tenía el controlador y el directorio sobre estas operaciones era parcial, limitado únicamente a la existencia de algunos deudores con una carga significativa de operaciones. Sin embargo, no existe ningún antecedente concreto que indique que el controlador y los directores supieran que se estaba operando con documentos mercantiles falsos.

¿Qué tan relevante ha sido la colaboración de la compañía que actúa como querellante?

-La colaboración de la parte querellante, Primus Capital, ha sido muy importante, ya que ha proporcionado innumerables antecedentes que han resultado muy útiles para la investigación.

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