La trama respecto a la construcción del megaproyecto de Fundamenta -denominado Egaña Sustentable- que considera una inversión de US$300 millones y permanece paralizado por el conflicto abierto con parte de sus vecinos y la alcaldesa frenteamplista de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), no acaba.

La iniciativa, que considera la construcción de cuatro edificios en la intersección de las avenidas Irarrázaval y Américo Vespucio, se encuentra paralizada desde que el 19 de abril de este año la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana calificara desfavorablemente su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El pasado martes 26 de julio, luego de siete meses de espera, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró admisible los recursos de casación que presentaron Fundamenta, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y vecinos del proyecto en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió el 26 de noviembre de 2021 retrotraer su estudio y revisar el impacto de las sombras.

Se trata de un frente desconocido del caso, puesto que el foco estaba puesto en la resolución que debe emitir la Dirección Ejecutiva del SEA, que lidera la abogada Valentina Durán, luego que fuera nombrada en el cargo por el Presidente Gabriel Boric el pasado 30 de marzo.

Luego que dictara sentencia el Tribunal Ambiental de Santiago, Fundamenta, el SEA y los opositores al proyecto interpusieron sendos recursos de casación en la Corte Suprema. Los tres escritos buscaban que se anulara el fallo del tribunal ambiental, pero con distintos fines. Por un lado, los reclamantes (vecinos), instaron por el rechazo del proyecto, mientras que, por otro lado, la autoridad ambiental y el titular solicitaron que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada el 15 de mayo de 2019- fuera validada por el máximo tribunal.

La relevancia del litigio en la Corte Suprema radica en que, eventualmente, si acoge el reclamo interpuesto por Fundamenta y el SEA, podría anular lo resuelto por la COEVA de la Región Metropolitana. Esto, si considera que el proyecto estaba correctamente evaluado, validando su RCA.

Cabe recordar que en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de RM, que anuló la RCA del proyecto -que se llevó a cabo sólo 38 días después del arribo de la nueva administración de gobierno-, hubo dos votos a favor de validar la DIA. La Seremi de Vivienda, Rocío Andrade, y Arturo Farías, director regional del SEA, fueron los únicos a favor de la iniciativa de Fundamenta. Mientras, la delegada presidencial, Constanza Martínez, y la Seremi del Medio Ambiente de la RM, Sonia Reyes, fueron parte de los otros 10 votos en contra del proyecto inmobiliario.

En las próximas semanas la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Sergio Muñoz, deberá poner en tabla la vista de la causa con alegatos de las partes. Otro de los aspectos clave del conflicto es que el SEA deberá detallar si persiste en su posición de validar la evaluación ambiental, como lo planteó la institución bajo la última administración de Sebastián Piñera.

En efecto, durante el gobierno anterior la institución a cargo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se manifestó a favor de la iniciativa, recomendando en dos ocasiones la aprobación de la DIA ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana.

Por medio de una declaración por escrito, Fundamenta sostuvo que “confiamos plenamente en la institucionalidad y esperamos que este asunto pueda zanjarse en forma definitiva por la Corte Suprema, para poder ejecutar el proyecto. Como hemos venido haciendo estos meses, Fundamenta continuará dialogando con las agrupaciones de vecinos para entender y trabajar juntos sus preocupaciones”.

Por su parte, el jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Andrés Cash, representante de los opositores, explicó que “en términos estrictamente ambientales, la decisión de la Corte permitirá discutir en términos sustantivos y de fondo el estándar ambiental y urbano que deben cumplir proyectos inmobiliarios de esta magnitud que se emplazan en centros neurálgicos de la ciudad. Si bien no es una instancia de discusión de política pública, la tercera sala de la Corte Suprema ha sido una fuente de creación de derecho ambiental de extraordinario valor jurídico y de concreta utilidad para contribuir a la generación de un marco institucional racional para el crecimiento de la ciudad. De este modo, más allá de lo que resuelva en definitiva, que creemos será favorable a nuestras pretensiones, el fallo con toda seguridad aportará elementos relevantes a considerar por parte de los titulares de proyectos, de las comunidades y por cierto también de la autoridad ambiental”.

En su recurso de casación, Fundamenta -representada por el abogado y exsubsecretario del Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez- explicó que uno de los vicios de nulidad en que incurrió el Tribunal Ambiental de Santiago es que “no ponderó los planos de sombras, sino que su decisión contenida en la sentencia recurrida se basa en la falsa creencia que mi representada no lo presentó”.

“Solamente la anulación de la sentencia recurrida puede reparar el perjuicio generado, de tal manera que la sentencia de reemplazo analice y pondere el plano de sombra acompañado por mi representada durante la evaluación ambiental, cumpliéndose de esta forma la obligación judicial de ponderar todos y cada uno de los antecedentes del proceso de evaluación ambiental. Sólo así la sentencia recurrida se hubiera encontrado debidamente fundamentada”, concluyó.