La columna de Karin Moore: “Indicaciones sustitutivas al proyecto de sala cuna”

En Chile, la intersección entre maternidad y carrera profesional está marcada por una estadística preocupante: nueve de cada diez jóvenes profesionales temen que el nacimiento de un hijo impacte negativamente en su trayectoria laboral. Un estudio realizado por Cadem y la Fundación Chile Mujeres revela este dato, destacando la urgencia de abordar no solo las alarmantes tasas de natalidad en declive, sino también la integración efectiva de las mujeres en el mercado laboral.

En este contexto, la iniciativa legislativa que propone modificar el artículo 203 del Código del Trabajo se establece como una política pública clave y prioritaria para nuestro país. Tras alcanzar consensos el 2 de abril, el Ejecutivo presentó el 6 de mayo las indicaciones comprometidas. Estas incluyen una modificación al proyecto de sala cuna universal, inicialmente presentado por el expresidente Piñera en 2022, y paralelamente, una propuesta relativa a la educación parvularia. La reforma propuesta busca desvincular el costo de las salas cuna de la contratación femenina, promoviendo así la corresponsabilidad parental y ampliando el beneficio de la sala cuna a toda persona trabajadora que tenga el cuidado personal exclusivo de menores de 2 años.

Sin embargo, la viabilidad y eficacia de estas modificaciones requieren un análisis detallado. Especialmente preocupante es la disponibilidad de cupos en las salas cuna y la suficiencia de los fondos asignados, que actualmente se estiman en 4.11 UTM por niño, cifra significativamente inferior al costo real del servicio. Si se aprueba la indicación en los términos actuales, la demanda por cupos en salas cuna aumentaría considerablemente. Hoy en día, los cupos libres en jardines públicos suman aproximadamente diez mil, lo que representa apenas un 1.5% de la matrícula total. A esto se suma la falta de un registro de la oferta privada y su distribución geográfica, información esencial para evaluar la viabilidad del servicio.

Además, la reforma estipula que el Ministerio de Educación debe intervenir en la administración del beneficio de sala cuna, exigiendo la certificación de los establecimientos. Este trámite no solo es complejo, sino que también consume más tiempo del razonable (más de 10 años). La propuesta legislativa debe, por tanto, considerar cómo conciliar la exigencia de calidad en la educación inicial con la operatividad del sistema.

Asimismo, no está claro si los establecimientos privados con fines de lucro podrían integrarse al sistema. Aunque en este sector se concentra la mayor cantidad de oferentes de servicios de sala cuna, actualmente no es posible que reciban financiamiento del Estado. Esto es especialmente problemático, dado que las guarderías existentes son insuficientes para cubrir la demanda actual y, más aún, considerando que a los doce meses de entrar en vigor la ley propuesta, se integrarían los trabajadores padres de hijos menores de dos años, duplicando la demanda por este servicio.

Es indispensable consensuar las mejoras que contribuyan a perfeccionar la propuesta del Ejecutivo. Esto permitirá avanzar y perseverar en el diseño de un sistema que implemente progresos graduales y pragmáticos en beneficio de todos los trabajadores y, muy especialmente, de los niños. El proyecto de sala cuna puede convertirse no solo en un beneficio laboral, sino en una piedra angular para el desarrollo social y económico de Chile.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC