La columna de Matías Concha: “Saliendo de la trampa en solitario eléctrica”

Deuda que no se paga, sale más cara después argumentaba el presidente Boric al momento de sincerar la deuda que el Estado tiene con las generadoras eléctricas desde que se congelaron las tarifas eléctricas el año 2019. En esta línea, es destacable la labor de Hacienda al momento de enfrentar un problema compuesto y creciente de 6.000 millones de dólares que el Ministro Marcel calificó como un imperativo corregir para literalmente “no hacernos trampa en solitario”. Ahora bien, al momento de sincerarla, es esperable que ello genere externalidades, siendo necesario velar para promover la seguridad, competencia y precios bajos de nuestro sistema eléctrico sin entrar en una dinámica de intervenciones que profundizaría un problema institucional mucho mayor. En particular, hay cuatro elementos que se están discutiendo y se deben evaluar en relación a las consecuencias que cada uno genera:

Antes que nada, el sector Industrial, minero y clientes libres han asumido directamente todas las alzas de inflación e indexación desde el primer minuto y de hecho esas alzas han implicado que algunas empresas intensivas en energía queden fuera de mercado por alza de costos. Si la política decide gravar adicional y arbitrariamente por un límite de 5 [MWh/mes] a un sector alicaído que ha sido impactado adicionalmente por las condiciones básicas de seguridad, certeza jurídica y competitividad tributaria, difícilmente vamos a poder mantener el fomento a la inversión, crecimiento y empleo en el momento en el que Chile más lo necesita.

Un segundo elemento que se ha discutido y tiene una alta probabilidad de judicialización aboga por gravar adicional y transitoriamente al CO2 que, sin mencionar al sector transporte que es el mayor emisor, yerra el objetivo de fondo de este tributo que busca ser correctivo y no recaudatorio, desnaturalizando su origen y cambiando las reglas del juego en un sector clave para la estabilidad eléctrica.

Tercero, se ha mencionado intervenir al mercado de los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), cabe señalar que ello no daría solución al problema de fondo. En vez de aumentar recaudación promoviendo la descarbonización de la matriz energética, se abriría un peligroso escenario de incertidumbre regulatoria. En ese contexto, se afectaría a los suministradores que por medio de procesos de licitación abierta han tenido una garantía que ha sido la piedra angular de la transición energética para promover la inversión verde y cerrar las condiciones financieras y comerciales al momento de salir adelante. De avanzar con esta iniciativa, se afectaría el esquema de licitaciones y clientes sobretodo en el traspaso de costos en horarios solares, lo cual también generaría espacios adicionales de judicialización internacional, incertidumbre en las futuras inversiones e incluso una revisión acuciosa de cada uno de los PPAs vigentes.

De todas las soluciones planteadas, el aporte fiscal por la sobre recaudación del IVA por el incremento tarifario aparece como la solución que permitiría generar consenso para recaudar en forma importante lo requerido por el subsidio. Si bien se difiere en su magnitud, existiría consenso entre industria y academia acerca de que ello permitiría lograr la mayor cantidad de los recursos adicionales sin necesidad de intervenir el sistema.

En fin, para avanzar es fundamental salir unidos y fortalecidos y no caer en los cantos de sirena que promueven desnaturalizar las reglas del juego en materia de CO2, afectar arbitrariamente todavía más la competitividad del sector industrial intensivo en energía y de cambiar las reglas de inclusión de PMGDs que debiliten las bases de nuestra institucionalidad eléctrica. Para salir de mejor forma de esta trampa en solitario, se debe cuidar y promover la institucionalidad que fomente la mejor solución de inversión y operación que configure un sistema seguro, descarbonizado y de precios más bajos.

El autor de la columna es consejero de Sofofa.