El 15 de abril de 2022, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil alzó fuerte la voz por la revocación del permiso ambiental del proyecto inmobiliario Egaña-Comunidad Sustentable de Inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa.

“Esto significa un quiebre en el Estado de Derecho, porque esta empresa tuvo una autorización ambiental, fruto de un proceso que lo cumplió correctamente. También tuvo los permisos sectoriales de las autoridades administrativas e inicia las obras y, con un tercio del avance, arbitrariamente, le paralizan las obras. Eso es gravísimo. Hoy hay muchas empresas constructoras que ni que les regalen un sitio en Ñuñoa, Recoleta o Estación Central construirán, por el riesgo a que le paralicen las obras”, planteó Sutil a Pulso PM.

Detrás de las palabras de Sutil radica la molestia que le han expresado grandes inmobiliarias por los problemas que están enfrentando en la edificación de sus proyectos habitacionales en esas comunas. En el caso particular de Estación Central, los problemas este año han terminado incluso en tribunales.

Pulso PM accedió a un informe privado elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción en el que se detalla que 14 proyectos inmobiliarios en Estación Central figuran sin recepción final a marzo de 2022.

Según el mismo documento, de los ocho que presentan problemas con la Dirección de Obras Municipales (DOM), seis se encuentran terminados y dos en etapa de excavación de subterráneos. En tanto, de los seis que no cuentan con problemas, uno está terminado sin solicitud de recepción final, tres en etapa de terminaciones y dos en obra gruesa.

Los 14 proyectos, cuyos titulares aún no pueden obtener la recepción final, suman en total 6.062 viviendas. Se trata de departamentos de 35 metros cuadrados, ligados a grandes fondos de inversión y que no pueden ser habitados.

A modo de ejemplo, Santolaya Inmobiliaria -a través de Inmobiliaria España Ltda- es una de las empresas que ha lanzado una ofensiva para lograr la recepción final de su proyecto denominado Placilla, ubicado en Conde del Maule N° 3425. La compañía vendió el proyecto al fondo Toesca para el negocio de la renta inmobiliaria.

La empresa Santolaya activó un recurso de protección declarado inadmisible por la Corte Suprema y un reclamo de ilegalidad municipal en la Corte de Apelaciones de Santiago, en su disputa con la DOM de Estación Central que lidera, desde finales del año pasado, el arquitecto de la Municipalidad de Recoleta, Juan Hernández. Esto luego de un acuerdo de colaboración entre ambos municipios y debido a que la titular en el cargo, María Isabel Gaete, fuera suspendida de su funciones y sometida a un sumario administrativo por presuntas irregularidades.

La DOM de Estación Central se negó a dar la recepción final debido a que el 4 de febrero de 2022 inició un procedimiento de invalidación de la modificación del permiso de edificación del 26 de julio de 2021 y que fuera otorgado el 19 de octubre de 2015. Para el municipio, el cambio del proyecto no se ajusta a la normativa de planificación territorial, consignó la resolución.

Mientras en Estación Central el alcalde es Felipe Muñoz, un ex militante del Partido Socialista (PS), hoy independiente, que postuló en la última elección en un cupo del Frente Amplio, Recoleta la dirige Daniel Jadue, militante del Partido Comunista (PC).

Pero no es la única inmobiliaria que ha acudido a tribunales por problemas con la DOM.

Inmobiliaria Conquista, ligada a Pablo y José Ruiz Tagle, lleva un año batallando para obtener la recepción final de su edificio ubicado en calle Coronel Godoy N° 275. Ello debido a que la resolución exenta 58/2022, dictada por la Dirección de Obras Municipales, resolvió rechazar la solicitud planteada por la compañía.

Ante la negativa, la empresa acudió a tribunales y al igual que Santaolaya, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando una “vulneración de garantías fundamentales”. Sin embargo, tanto el tribunal de alzada como la Corte Suprema desestimaron su reclamo, asegurando que no era la vía idónea.

Al igual que en el caso anterior, la DOM de Estación Central sostuvo que el permiso de edificación otorgado sería contrario a la normativa urbanística actual.

“La DOM instó a que nuestra representada ejecutase y tramitase durante cinco años (contados desde la fecha de modificación del permiso de edificación) la totalidad de Obras de Edificación y Urbanización, para finalmente en un notable cambio considerativo, estimar que nunca existió posibilidad de recepcionar las obras, toda vez que el Permiso de Edificación supuestamente era ilícito”, denunció la inmobiliaria en su recurso de protección patrocinado por los abogados Edesio Carrasco y Fernando Molina.

El proyecto de Inmobiliaria Conquista denominado Edificio Coronel Godoy requirió una inversión de US$21,5 millones y cuenta con su RCA calificada favorablemente desde 2017.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción explicaron: “Creemos que las normas de planificación y construcción están hechas para cumplirse. En el caso de Estación Central, entendemos que hay diferencias que esperamos sean resueltas a la brevedad y así se lo hemos manifestado al alcalde y a las empresas en la búsqueda de mediar y buscar soluciones. Nuestra ocupación actual es trabajar en lograr un acercamiento entre las partes. No podemos darnos el lujo de dejar 6.000 departamentos abandonados, en un escenario de déficit habitacional“.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, respondió por escrito sobre la compleja relación entre el municipio y los titulares de proyectos inmobiliarios y niega que exista un ambiente de hostilidades. “No hablaría de mayor conflictividad. Todos los servicios municipales, incluyendo la DOM, se miden respecto del cumplimiento de las tareas para la cual existen. La DOM, en particular, es quien debe velar por el cumplimento de las normas urbanísticas, con probidad y transparencia hacia la comunidad, esa es una tarea que es un compromiso de nuestra gestión con sus vecinos, en todos los ámbitos de la acción municipal”.

“Si existe algún desarrollador inmobiliario en conflicto con el municipio es un asunto que no nos puede apartar de nuestras obligaciones públicas, del cumplimiento de la ley general de urbanismo y construcciones y de un desarrollo urbano armónico, que es lo que vecinos y vecinas nos piden todos los días”, añadió.

¿Por qué el municipio lleva adelante un proceso de revisión de permisos otorgados a inmobiliarias?

No existe un proceso de revisión a permisos “de inmobiliarias” de manera específico. La DOM se encuentra auditando todos procedimientos o actos contarios a derecho, cualquiera sea el solicitante. En especial se está dando cumplimiento a lo dictaminado por Contraloría, lo instruido por MINVU y lo fallado por la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.

¿Cree que acciones de este tipo podrían frenar la inversión en la comuna?

Muy por el contrario, pienso que cuando se respetan las normas, aumentan las certezas y se beneficia a todos, la ciudadanía y el mundo privado. Queremos más y mejores inversiones en nuestra comuna, no solamente en el ámbito inmobiliario, pero esto siempre debe apegarse a derecho y ser un aporte para el desarrollo armónico de la comuna. Inversiones y cumplimiento de la ley no son contradictorios.