La semana pasada, antes de concluir su mandato, el ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Hernán Frigolett -que asumirá como embajador de Chile ante la Ocde-, encomendó la presentación de dos querellas por eventuales delitos tributarios. Una apunta al dueño de una empresa frutícola y la otra a una conocida casa de joyas de Vitacura. Esta última es dirigida en contra de Claudia Larraguibel, Mario Antonio González y Cesar Velásquez, por fraude fiscal y detalla un perjuicio millonario al Fisco ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Larraguibel es gerenta general de la Joyería Mosso y esposa del empresario Ernesto Mosso.

La joyería es una de las más prestigiosas de Santiago, conocida por su amplia variedad de joyas y relojes de alta gama. Ofrece artículos de lujo de marcas reconocidas internacionalmente como Rolex, Omega y Cartier, y se destaca por su atención personalizada y la excelencia de sus productos. Con más de tres décadas de historia, Mosso ha consolidado una reputación de confianza y exclusividad en el mercado chileno.

Según la querella presentada por el SII, Claudia Larraguibel, representante legal de Importadora y Distribuidora Swiss Trading Compañía Limitada, registró y declaró facturas falsas emitidas por proveedores ficticios entre agosto de 2020 y diciembre de 2022. Estas facturas aumentaron indebidamente los créditos fiscales de IVA, reduciendo la carga tributaria de la empresa.

El SII detalló que Mario Antonio González y Cesar Velásquez actuaban como administradores de hecho de las empresas emisoras de facturas falsas, utilizando las sociedades Comercial Las Pampas SPA, Comercial Agua Blanca SPA y Comercial Antilén SPA para emitir documentación tributaria falsa. Las sociedades emisoras no tenían la capacidad operativa ni el stock necesario para respaldar las ventas declaradas.

De acuerdo a la querella, las empresas emisoras y traspasadoras compartían correos electrónicos y direcciones IP, realizando pagos de formularios de declaración y pago de impuestos desde los mismos dispositivos, lo que indica una clara coordinación. Velásquez aparecía como pagador único de los formularios tributarios de las sociedades involucradas, sin acreditar un vínculo contractual formal con las empresas, evidenciando su papel de administrador de hecho. La bitácora del contribuyente de Comercial Las Pampas SPA y Comercial Antilén SPA muestra la incorporación de datos de González y Velásquez, vinculándolos directamente con estas sociedades.

La querella destacó que “la utilización de un mismo IP para distintas empresas y la realización de pagos desde los mismos dispositivos no es una coincidencia, sino una clara indicación de dolo y coordinación para defraudar al Fisco”. Además, consignó que “la falta de capacidad operativa de las empresas emisoras y la ausencia de stock necesario para respaldar las ventas no es más que una estrategia para evadir la fiscalización del SII”.

Según el SII, Swiss Trading rebajó indebidamente la base imponible de IVA y del Impuesto a la Renta, lo que causó un perjuicio fiscal total de $2.014.495.359. Este monto incluye $518.607.569 correspondientes a IVA y $1.495.887.790 por el Impuesto a la Renta, actualizado a septiembre de 2023.

De acuerdo al escrito, los testimonios de empleados y socios de Swiss Trading revelaron que Mario Antonio González era conocido como proveedor de oro, pero las operaciones reales de las empresas proveedoras eran ficticias. Luis Nereo Jaren Miret, socio de Swiss Trading, confirmó que conocía a Mario González como su principal proveedor de oro, pero no tenía conocimiento de las instalaciones ni de los otros representantes legales de las empresas proveedoras.

La querella indicó que Claudia Larraguibel “aumentó indebidamente el crédito fiscal IVA que tenía derecho a hacer valer” mediante “el registro en su Registro de Compras y posterior declaración en formularios de Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos F-29 en los períodos respectivos, de 57 facturas electrónicas falsas y 5 notas de crédito falsas”.

El SII también presentó una querella en contra de Gonzalo Ferrada Molina, dueño y representante legal de la empresa Comercializadora y Exportadora Magar SPA, por presuntos delitos tributarios que generaron un perjuicio fiscal total de $786.592.321.

El primer hecho que fundamentó la querella es el aumento indebido del crédito fiscal del IVA, logrado a través del registro y declaración de 943 facturas y una nota de crédito falsas entre noviembre de 2020 y abril de 2021. Estas facturas, emitidas por cuatro proveedores inexistentes, permitieron a la empresa de Ferrada incrementar artificialmente los montos de crédito fiscal del IVA, resultando en un perjuicio de $41.517.085.

Además, según el escrito, durante el período tributario de agosto de 2021, Gonzalo Ferrada solicitó y obtuvo una devolución indebida del remanente del crédito fiscal del IVA, aprovechándose de las medidas tributarias de apoyo establecidas por la Ley N° 21.353 durante la crisis del Covid-19. La devolución, por un monto de $604.020.632, se basó en el remanente generado por las facturas falsas previamente registradas.

La querella del SII no solo busca la sanción penal de Gonzalo Ferrada Molina, sino también la investigación y formalización de todas las personas que resulten responsables por su participación en estos delitos, así como la recuperación del perjuicio fiscal causado. La acción legal exige que el Ministerio Público proceda con las diligencias necesarias para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y se les impongan las máximas penas contempladas por la ley, incluyendo las accesorias legales y las costas del proceso.