Eran cerca de las 14 horas del viernes cuando se cerró la conciliación entre el estudio de abogados Carey y la abogada María José Martabit Sagredo (40), quien demandó al bufete por despido injustificado, discriminación de género y vulneración a la libertad de expresión.

La jurista, que se desempeñó por siete años en el estudio capitalino y acusa que fue despedida tras intentar convertirse en socia del bufete, solicitó ser indemnizada en $255 millones y el acuerdo alcanzado considera una compensación de $55 millones, aunque a inicios de noviembre el estudio le había depositado $26 millones por el finiquito legal. Por lo tanto, el bufete pagó, en total, $81 millones a la abogada.

Según consta en el expediente del caso, el acuerdo entre la exabogada senior y el estudio no fue sencillo y requirió que en muchas ocasiones el propio magistrado Daniel Ricardi Mac-Evoy, del segundo juzgado laboral de Santiago, solicitara flexibilidad a las partes, en una audiencia que se extendió por casi seis horas.

En el proceso, Carey fue asesorado por María Paz Ihnen y Francisco Arce, mientras que los abogados César Toledo y Paula Vargas, representaron a María José Martabit, quien intervino -vía telemática- debido a las restricciones sanitarias.

“¿Pudieron ver posibilidades de acercamiento, que es lo que se había solicitado dentro de los 30 minutos?” Fue la primera pregunta que realizó el juez y la respuesta fue al unísono: no. Por lo mismo, los abogados pidieron un plazo mayor de tiempo que se tradujo en pausas para abordar los detalles de manera privada de las partes.

En un principio -según el audio de la audiencia- el bufete ofreció el pago de $15 millones y la abogada pedía $58 millones. Pero las discrepancias no sólo estaban en la parte económica, sino que también en una declaración conjunta que solicitaron los abogados de la denunciante.

A María José Martabit le interesaba que Carey reconociera su irreprochable calidad profesional respecto de los clientes y de quienes trabajaron con ella. En definitiva, que no quedara ninguna huella que manchara su prestigio.

Se trataba de una piedra de tope importante este punto, ya que el bufete en sus descargos cuestionó a la abogada por su desempeño profesional y “mal trato laboral”. La exigencia de la abogada significaba que Carey negara su propia contestación en una declaración pública.

Frente a la disyuntiva, el juez pidió a las partes que la declaración sea “general” y que Carey se allane a destacar la “calidad profesional” de la abogada a fin de sellar la conciliación.

Otro de los puntos que generó discusión entre los abogados fue el compromiso a no manifestar expresiones “difamatorias o denigrantes del otro”. Ejemplo de ello es que la abogada Paula Vargas, defensora de Martabit, anticipó que “se abrirá una controversia dado que es profesora y le preguntan en clase”. Acto seguido, la abogada que asesora a Carey, María Paz Ihnen sostuvo que “la solicitud de la declaración en conjunto viene de la parte denunciante, si genera tanta problemática conciliemos el juicio por un monto cerrado y olvidémonos de las declaraciones”

Cada frase de la declaración fue discutida por las partes y el magistrado debió intervenir constantemente para cerrar el juicio con un avenimiento.

Sin embargo, al avanzar la audiencia, las partes fueron aunando posiciones.

“Su señoría, le quiero contar que todo lo que he invertido en este juicio ni siquiera cubre los $55 millones. Necesito buscar trabajo, empezar a trabajar de nuevo y cinco millones para mí hoy son relevantes, pese a que con este juicio por supuesto, no busco enriquecerme, muy por el contrario. Lo que ocurrió es que me empobrecí en este periodo”, sostuvo María José Martabit.

“¿Es posible llegar a un acuerdo por $55 millones, don Francisco?”, consultó el juez al abogado de Carey.

“En la medida en que se acepten las indicaciones que estamos solicitando en el acta, estaríamos de acuerdo en los $55 millones”, respondió Francisco Arce.

Superada la discusión, María José Martabit sostuvo en la audiencia que “las declaraciones de la contestación (del estudio Carey) son incluso más graves que incluso el propio hecho del despido y toda la difamación que ocurre después. Es de una gravedad brutal”.

“Al final del día, la única intención de corazón para seguir adelante con este juicio que me ha implicado una carga emocional y económica brutal tiene que ver con esto. No es por mí, sino que por muchas otras”, manifestó la abogada.

“Estoy de acuerdo con terminar este litigio en particular con este acuerdo y esta declaración que estamos redactando conjuntamente, pero una cosa que me parece totalmente distinta es contar mi experiencia vivida en este transcurso de tiempo. No tengo por qué hablar de Guillermo Carey ni de Aldo Molinari, nunca lo he hecho. De hecho, para mí Guillermo Carey fue mi mentor. No tiene que ver con eso, con descalificar a nadie, pero sí la historia es muy importante poder transmitirla, para poder sacar aprendizaje. Soy profesora de un ramo de esta materia y estoy escribiendo un libro sobre estas materias, que partí escribiendo hace más de ocho meses atrás”, insistió Martabit.

“No quisiera estar nunca más envuelta en un litigio y menos aún, tener miedo de que si lo que dije pudo haber sido tomado por Carey como algo difamatorio o molesto o lo que sea, y estar cerrando un juicio para abrir otro en cinco meses más o un año más. Le pido su señoría que me entienda, porque francamente no podría vivir con eso”, remató.