El informe de la FNE que aprobó compra de CGE revela inquietud de “actores de la industria” por la seguridad nacional

Esta mañana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) liberó el informe de aprobación de la adquisición, por parte de la estatal china State Grid, de la distribuidora eléctrica nacional CGE, creando el mayor grupo de este segmento del negocio energético en el país.

En el reporte de 43 páginas se detallan las razones que tuvo a la vista ese organismo para visar el negocio. Pese a lo expedito de la aprobación, en la industria eléctrica había cierta reticencia, pues otras empresas chinas ligadas a Sasac, el holding que administra las firmas estatales chinas, tienen participación en compañías de otros segmentos eléctricos del país, como la transmisora Transelec o la generadora Pacific Hydro.

De hecho, State Grid ya es dueña de Chilquinta, que también participa en la distribución eléctrica.

En su reporte, la FNE admitió que no analizó otras preocupaciones manifestadas por algunos actores, como eventuales afectaciones al interés o seguridad nacional. Esto, “toda vez que exceden el ámbito de atribuciones legales de esta Fiscalía”, señaló el organismo dirigido por el abogado Ricardo Riesco.

“Tal y como todas las demás operaciones de concentración que ha revisado y está revisando esta Fiscalía, sus actuaciones se enmarcaron única y exclusivamente en el ámbito de su mandato general de promover y defender la competencia en los mercados y, más específicamente, en las disposiciones del Título IV del DL 211, y sólo en dicho mérito se evaluó si la operación tenía o no la aptitud para reducir sustancialmente la competencia en los mercados en los cuales las Partes, y sus entidades relacionadas, se encuentran activas en nuestro país”, complementó el organismo.

En su punto número 89 del reporte firmado por Francisca Levín, jefa de la división de fusiones, la FNE revela la inquietud del sector por la incursión del gigante chino en el país. “Esta división recibió opiniones de actores de la industria que manifestaron diversas preocupaciones relativas a materias de interés y seguridad nacional, en sentido amplio, que, a su juicio, conllevaría el perfeccionamiento de la Operación”. En su informe, sin embargo, el organismo concluyó que dichas consideraciones son ajenas a la defensa de la libre competencia en los mercsdos.

Según la FNE, si bien reconoce que empresas participadas por Sasac están presentes en Chile en áreas de transmisión y generación, al mismo tiempo plantea que el negocio eléctrico se encuentra regulado, lo que determina que se trata de un negocio en el cual la competencia está sujeta a las decisiones del regulador.

Es decir, si bien se trata de una actividad competitiva, esta competencia se da dentro de los marcos de un sector fuertemente regulado, a diferencia de otros ámbitos de la economía.

En relación con la competencia en el sector distribución, donde un solo actor -sumando a CGE y Chilquinta- ostentará más del 52% del mercado, la FNE señaló que se trata de un monopolio natural, que opera bajo un esquema de concesiones con exclusividad territorial, lo cual hace que los estándares de competencia sean diferentes respecto de otros sectores.

“Dado el carácter de monopolio natural de las empresas distribuidoras dentro de su zona de concesión, las partes no compiten entre sí ya que las áreas donde operan están delimitadas geográficamente”, se indicó. En el caso de empresas cuya concesión se superpone -como es el caso de Chilquinta y CGE en algunas zonas de la V Región- las condiciones de competencia están dadas por las decisiones del regulador.

No obstante, la FNE sí analizó la situación competitiva en el negocio de generación, considerando que las participaciones directas de ambos actores (State Grid y CGE), es más bien marginal.

“Esta fiscalía ha constatado la ausencia de riesgos horizontales producto de la operación en el mercado de generación, en la definición plausible más estrecha (...) en atención a que las partes de manera conjunta ostentan una participación de mercado de sólo 7% en dicho mercado y a que, en consecuencia, los niveles de concentración se encuentran por debajo de los umbrales mínimos”, indicó la FNE.

En el caso de transmisión, en tanto, la FNE reconoció que las partes cuentan con importantes activos en los segmentos de transmisión zonal y dedicada. Sin embargo, aseguró que, en este negocio, la planificación y diseño de nuevas redes obedece a esquemas de licitación, situación que no se altera si se producen acciones de concentración entre los actores.

“Según se examinó en la investigación, la regulación sectorial restringe la capacidad de las partes a ejercer poder de mercado y no les confiere autonomía para afectar la competencia en el segmento de transmisión zonal”, determinó la fiscalía, mientras que, para las líneas dedicadas, argumentó que los tendidos no son sustitutos entre sí, por lo cual tampoco hay riesgos competitivos.

Finalmente, fueron estudiados eventuales riesgos por la participación de las partes en los distintos segmentos del negocio eléctrico, lo cual fue descartado debido a que no se configuran eventuales incentivos, como es el caso, por ejemplo, de cruce de información entre generadoras y distribuidoras. “Las partes ya cuentan con esa información previo a la operación”, subrayó.

El único riesgo que no fue despejado fue una eventual integración vertical. Dado que eso queda fuera de ámbito de la acción de la FNE, los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para su análisis.