Con la cabeza en alto y una mirada desafiante hacia los periodistas y fotógrafos que aguardaban en la entrada del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Francisco Coeymans Ossandón (46), exgerente general de Primus Capital y el principal acusado en dicho caso, se presentó esposado, con el cabello corto y una actitud imperturbable en la formalización que tuvo lugar la semana pasada, luego de ser extraditado desde Perú. Su situación se resolvió finalmente el sábado, cuando la jueza Carolina Araya Hernández ordenó su prisión preventiva tras tres días de audiencias.

Por decisión de la magistrada, las sesiones se realizaron a puertas cerradas, sin permiso para la presencia de medios de comunicación, y se llevaron a cabo entre el 21 y el 23 de noviembre. El ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica enfrenta imputaciones por los presuntos delitos de asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso, alteración de datos informáticos, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.

Pulso tuvo acceso a la transcripción de la extensa resolución judicial que justificó la medida cautelar que cumple hoy en el anexo penitenciario Capitán Yáber. En el documento, de 23 páginas, la jueza expone detalles inéditos de la investigación liderada por el fiscal Felipe Sepúlveda, entre ellos, los millonarios bonos que recibían los ejecutivos implicados en el esquema defraudatorio que afectó al factoring, así como los envíos de dinero realizados por Francisco Coeymans a Ecuador.

Según la magistrada, el imputado recibió millonarios bonos de gestión, equivalentes a cinco remuneraciones anuales, entre los años 2019 y 2022. Estos pagos, aprobados sobre la base de “falsas ganancias o utilidades mediante la presentación de resultados falsos y ocultamientos de antecedentes al directorio”, fueron autorizados en un contexto donde los estados financieros de la empresa habían sido adulterados para justificar estas bonificaciones.

De acuerdo a lo que se expuso, el esquema liderado por Coeymans no solo buscaba inflar artificialmente las utilidades de Primus Capital, sino que también ocultaba un daño patrimonial significativo. La jueza destacó que estas prácticas, ejecutadas de manera “sistemática y permanente”, generaron un perjuicio de $75.000 millones. Estas operaciones fraudulentas, autorizadas directamente por Coeymans, se materializaron mediante el uso de “cheques falsos, facturas ideológicamente falsas y otras maniobras financieras destinadas a distraer recursos”, señaló.

Para la jueza, los fondos desviados no solo beneficiaron a Coeymans y sus socios, sino que también se utilizaron para “mantener el engranaje del esquema defraudatorio”. Este involucraba la aprobación irregular de excepciones y prórrogas, y la creación de sociedades de papel para recibir los fondos sustraídos. Ante estos antecedentes, la jueza concluyó que el imputado tenía una “clara preponderancia dentro de la organización delictual”, lo que motivó su prisión preventiva como principal responsable de uno de los mayores fraudes financieros recientes.

En su alocución la jueza se refirió a Coeymans como “el líder principal de la organización delictual”. Asimismo, calificó como graves los delitos económicos cometidos y destacó la falta de escrúpulos de Coeymans al aprovecharse de personas en situaciones vulnerables: “El nivel de operaciones fraudulentas y lo inescrupuloso de las acciones al recabar o reclutar a extranjeros en situación migratoria desfavorecida para prevalerse de estos”.

“En cuanto a las penas, ya se estableció que el imputado arriesga penas de cumplimiento efectivo, dado que se cumplen los presupuestos legales para todos los delitos imputados. Además, hay un elemento que, a juicio del tribunal, resulta central: la gravedad de los hechos. El que se trate de ilícitos que no atenten contra la integridad física o la vida de las personas no significa que estos no sean graves ni relevantes. La salud pública o la integridad física no son los únicos parámetros para evaluar la gravedad de un delito”, djio la magistrada.

“En este caso, los delitos económicos cometidos tienen un impacto significativo, causando un daño real y grave al sistema financiero y económico. Este daño se ve agravado por el nivel y la naturaleza inescrupulosa de las operaciones fraudulentas, particularmente al recurrir al reclutamiento de extranjeros en situación migratoria desfavorecida para utilizarlos como parte del esquema ilícito. Estas acciones otorgan a los delitos un carácter especialmente grave, tanto por su ejecución como por las decisiones tomadas por el imputado respecto a cómo llevó adelante estas operaciones fraudulentas”, añadió.

Según la jueza, el esquema de lavado de activos liderado por Francisco Coeymans incluyó transferencias de altas sumas de dinero al extranjero. Entre los destinos más destacados figura Ecuador, donde el imputado realizó operaciones internacionales de compra y venta de divisas. Estas transacciones, realizadas a través de su sociedad Coco Investment SpA, ascendieron a más de US$1.681.853 como persona natural y US$3.846.733 mediante su sociedad, según informes remitidos por el Banco Central y AFEX.

Además de Ecuador, Coeymans intentó transferir US$400.000 a Estados Unidos, según consta en correos electrónicos presentados en la investigación. Las transacciones se realizaron desde cuentas en entidades como Morgan Stanley Wealth Management y Scotiabank, y fueron corroboradas por la documentación bancaria. La jueza calificó estas maniobras como parte de una estrategia para “ocultar bienes y su origen ilícito mediante un sofisticado esquema de estratificación financiera”.

Las remesas a otros países fueron acompañadas de movimientos internos en Chile, como la adquisición de propiedades en Lo Barnechea y Puchuncaví, que posteriormente fueron transferidas a sociedades relacionadas, como Inversiones El Pastizal. De acuerdo a la magistrada, estos actos reflejan “una planificación meticulosa para ocultar el patrimonio obtenido de manera fraudulenta”.

En su resolución, la jueza Araya subrayó que estas operaciones internacionales y nacionales formaban parte de un sistema diseñado para “perpetuar el esquema fraudulento y el ocultamiento del dinero ilícito”. Este comportamiento, agregó, “da al delito un carácter en efecto grave en cuanto a su desempeño y los comportamientos del imputado en cuanto a las decisiones respecto a cómo ha llevado su causa adelante”.