La salmonera Nova Austral -propiedad de los fondos capital Altor Fund III y Bain Capital- presentó tres reclamaciones ante el Tribunal Ambiental de Valdivia para revocar la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que la sancionó con la revocación de tres permisos ambientales por el grave daño al Parque Nacional Alberto de Agostini en Magallanes.

La Superintendencia del Medio Ambiente decidió el 6 de julio por primera vez la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de tres centros de engorda de salmónidos y aplicar una multa superior a los $916 millones (1.300 UTA) a Nova Austral por alterar de manera artificial el fondo marino del Centro de Engorda de Salmones (CES) Aracena 14, ubicado en Punta Arenas.

En su presentación, la salmonera de capitales noruegos acusó a la SMA de fundar su resolución sancionatoria en “argumentos teóricos e imprecisos”, sin indicar cómo se verificó el daño al suelo marino, añadiendo que la autoridad no acreditó en su formulación de cargos la existencia de un daño efectivo.

“La mera existencia de impactos ambientales en el fondo marino no es suficiente para imputar daño ambiental, especialmente considerando que las actividades de engorda de salmones en el medio marino, por sus características propias, generan efectos adversos en el medio ambiente, los que en el caso del CES Aracena 14 han sido aprobados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, acotó.

Para Nova Austral “la arena no es un agente contaminante que pueda haber generado un daño ambiental”. Y agrega: “La arena a la que alude la SMA corresponde a un material inerte compuesto por elementos no contaminantes y que decantan rápidamente sobre el lecho marino en comparación con la fracción de alimento no consumido y heces de peces que pueden ser depositados en el fondo marino”.

La salmonera también negó que el “percarbonato de sodio sea un agente que pueda provocar daño ambiental”, como lo sostuvo en su resolución sancionatoria la SMA. Asimismo sostuvo que la imputación de la SMA es “carente de respaldo técnico y empírico”, pues se trata de un producto químico, cuyo uso es extendido en la industria salmonera convencional que no presenta toxicidad, no posee persistencia y es rápidamente degradable.

Para la salmonera, la resolución sancionatoria es “contraria a derecho y debe ser dejada sin efecto”. Ello debido a que al imputarse la generación de daño ambiental en la formulación de cargos, se le privó de la opción de acogerse a un programa de cumplimiento. Ello considerando que -según la propia empresa- la Superintendencia del Medio Ambiente “descartó la existencia de un daño ambiental”.

En su arremetida contra la SMA, Nova Austral fichó los servicios de Carey y en especial de los abogados Aldo Molinari y Manuel Barros.

Nova Austral acusó a SMA de no considerar las medidas correctivas adoptadas durante los últimos años: en agosto de 2020 la empresa había creado un centro de costo para el área de compliance. “Se contrató el rol del gerente legal de compliance, el cual incluía un recurso humano que tiene relación con controles internos. En abril de 20221 se sumó una tercera persona, la cual tiene el rol de implementar un programa de cumplimiento ambiental de la compañía y en abril de 2022 se incorpora una cuarta persona, con la labor de ejecutar revisiones internas periódicas en la operación de agua mar”, detalló en un oficio enviado a la autoridad.

“A fin de corregir las malas prácticas denunciadas en este y otros procedimientos administrativos sancionatorios, Nova Austral encargó una investigación interna e inició un proceso que implicó, entre otros, la renovación completa de su plana gerencial”, explicó la empresa, añadiendo que obtuvo la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) y la certificación Best Aquaculture Practices (BAP), las más exigentes de la industria acuícola en el mundo.

Por otro lado, la empresa acusó a la SMA de adoptar una decisión de gran importancia para la determinación de la magnitud de la multa sobre información desactualizada. Lo anterior debido a que, según la compañía, “los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2021 dan cuenta más exacta de la delicada situación económica de Nova Austral”.

En esa línea detalló que en 2020 la compañía tuvo pérdidas por más de US$81 millones y en 2021 ascendieron a más de US$50 millones. “Esto refleja la situación económica delicada, precaria e inestable de la compañía, que no ha podido ser revertida. Entre 2020 y 2021, ha existido una grave disminución en el patrimonio de Nova Austral. De existir una patrimonio de US$3,7 millones al inicio de 2020, la compañía cerró 2021 con un patrimonio negativo de US$130,9 millones”, explicó en su reclamación.

A junio de este año, según la firma, seguían las cifras en rojo. “En el primer semestre de 2022, la utilidad negativa final fue de US$35,7 millones, lo que sigue incrementando el patrimonio negativo de la compañía. Además, la deuda se ha incrementado de US$431 millones al cierre de 2019 a US$504 millones al cierre de 2021, y sigue creciendo, justamente por los resultados negativos antes referidos”, concluyó.

En ese sentido, Nova Austral también cuestionó que la SMA considerara los ingresos de 2020 y no los del 2021, calificando el acto como una “opción conscientemente tomada” por la autoridad. Sostuvo también que la autoridad hizo caso omiso a su delicada situación económica y el desajuste que se produjo en los balances de los dos últimos años.

Frente a los cuestionamientos, el superintendente del Medio Ambiente (s) Emanuel Ibarra sostuvo que “será el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia quien resuelva la controversia. En lo que respecta a nuestra institución, aún no hemos sido notificados formalmente, pero cuando esto ocurra informaremos la posición del servicio frente a los reclamos. Al respecto, la SMA defenderá que las decisiones adoptadas son correctas, proporcionales y que están respaldadas desde un punto de vista jurídico y científico”.