Otra dura negociación para Hacienda: sector público pide reajuste salarial de 7,5% nominal
Con la presentación del petitorio, los representante de los trabajadores públicos quieren apurar la negociación y no esperar hasta la última semana de noviembre para iniciar el diálogo directo con el gobierno. El nuevo monto salarial debe comenzar a regir el 1 de diciembre.
Otra dura negociación es la que tendrá el Ministerio de Hacienda: el reajuste para el sector público. Y si bien todavía faltan algunas semanas para comenzar a negociar de manera directa con el gobierno, los 16 gremios que representan a los trabajadores entregaron su pliego de peticiones para apurar el tranco e iniciar las reuniones con Hacienda.
En lo principal, el petitorio considera un reajuste nominal de7,5% para el período diciembre 2021 - noviembre 2022 para todos los funcionarios y funcionarias del sector público, indistintamente del marco laboral que los rige, ya sea que laboren en el sector centralizado o descentralizado, regidos por los Estatutos sectoriales o el Código del Trabajo.
En términos reales, es decir, descontando la inflación proyectada por el Banco Central para este año de 5,7%, el reajuste solicitado sería de 1,8%.
El año pasado el reajuste entregado fue de 2,7% nominal para rentas de hasta $2 millones y de 0,8% nominal para quienes reciban ingresos por sobre ese monto. Cuando se negoció el reajuste, la inflación anual era de 2,7%, por lo que el alza real fue de 0% para quienes tuvieran ingresos hasta 2 millones, y negativo para las rentas sobre 2 millones.
Esto por esto que los trabajadores ponen énfasis en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante la pandemia.
De acuerdo a la mesa del sector público, “el pliego que presentamos este año propone como objetivo, que esperamos el ejecutivo comparta, que la negociación que iniciamos se proyecte para que el 2022 todos los trabajadores y trabajadoras del Estado recuperen plenamente el poder adquisitivo perdido por efecto de la inflación y reciban un reajuste real que dé cuenta del crecimiento económico; recupere los beneficios perdidos el año en curso; y se avance con claridad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público”.
En el gobierno afirman que las variables que se considerarán en esta negociación son las proyecciones de crecimiento y de inflación.
En el documento se enfatiza además del alza solicitada, “la importancia de avanzar en medidas que focalicen incrementos de remuneraciones y bonificaciones para los trabajadores de menores ingresos del Estado, particularmente por medio mejoramiento del bono mensual de rentas inferiores en los termino acá planteados, así como en mejorar los mínimos por estamentos más allá del reajuste general de remuneraciones”.
En ese punto se pide un bono de $65 mil para todos aquellos trabajadores que tengan una remuneración mensual bruta sea inferior a $750.000.- y que se desempeñen por una jornada completa. Para aquellos trabajadores que se desempeñen en jornada parcial recibirán un monto proporcional a su jornada.
Otro de los puntos demandado en el documento es una mayor estabilidad laboral “para el conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos, independientemente de los instrumentos y regímenes que regulen las relaciones contractuales en cada servicio centralizado o descentralizado”. Y rechazan “enfáticamente la dinámica de despidos arbitrarios que se repite año con año”.
Si bien el nuevo monto salarial tiene que comenzar a regir el 1 de diciembre, es probable que la negociación se postergue para las últimas semanas de noviembre tal como ha sido la tradición de los últimos años. De hecho, el año pasado se cerró a fines de diciembre aplicándose de manera retroactiva.
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