Pacto fiscal: nueva agencia para evaluar las políticas públicas tendrá 39 funcionarios y un consejo de cinco expertos

El pacto fiscal avanza. Si bien las materias tributarias han tenido un camino lento, Hacienda ingresó un cuarto proyecto. Se trata de la creación de una agenda para evaluar las políticas públicas y la productividad. Todo esto, según ha detallado el gobierno, busca aumentar la transparencia, eficacia, calidad de servicio y probidad, pues estos atributos fortalecen la confianza en las instituciones del Estado, lo que eleva la satisfacción de sus usuarios y facilita la implementación de políticas.

¿Cuál será su función? Según la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados deberá dictar directrices y lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de programas sociales y no sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente, y los procesos de seguimiento de estos.

Asimismo, podrá hacer recomendaciones respecto de la metodología utilizada en los procesos antes mencionados, y podrá emitir su opinión respecto de eventuales modificaciones, resguardando especialmente su estandarización, coordinación y calidad.

También se considera evaluar, por sí o a través de terceros evaluadores, las políticas, planes y programas sociales y no sociales de los órganos de la Administración del Estado y definidos previamente en el Plan Anual de Evaluación, verificando el cumplimiento de sus objetivos y su desempeño, sistematizando los hallazgos obtenidos y emitiendo recomendaciones para optimizar su diseño, implementación, eficacia y eficiencia.

Otro eje que se propone para esta agencia es promover el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora regulatoria, para lo cual podrá dictar guías o manuales. En particular, se detalla que “deberá promover la realización de la evaluación de impacto regulatorio ex-ante, debiendo establecer las normas, estándares y procedimientos necesarios para su elaboración, hacer seguimiento del cumplimiento de los mismos, y prestar asesoría en la elaboración de los Informes de Impacto Regulatorio”.

Además, deberá publicar los resultados de los procesos de evaluación, estudios, informes y otros que realice en el marco de sus competencias, y elaborar y difundir reportes referidos al nivel de cumplimiento de los planes de mejora.

El ministro explicó que “la definición de planes y programas de política pública es una función fundamentalmente política, es una responsabilidad de la autoridad política, propia del ejercicio del Ejecutivo, con los contrapesos en el Congreso, fundamentalmente a través del proceso presupuestario. Entonces, si se va a crear una agencia de carácter técnico, no es una entidad para reemplazar o para sustituir las definiciones de política que tenga el gobierno”-

Por lo mismo añadió que “los gobiernos tienen ciertas prioridades, propósitos y programas. Y no va será esta Agencia la que va a estar cambiando o le va a estar imponiendo al Gobierno cosas distintas que hacer, lo que sí va a buscar es que aquellos programas o aquellas regulaciones que se proponen sean lo más eficaces posible para el logro de su objetivo”, precisó Marcel .

Para desarrollar su labor, la agencia contará con un gobierno colegiado y personal técnico de excelencia, ejecutando sus funciones a través de su propio equipo profesional o contratando evaluaciones externas.

Este consejo de la Agencia estará conformado por el presidente y cuatro consejeros. El presidente será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. Su período durará 3 años en su cargo, renovable por hasta dos veces.

Los consejeros serán designados por el Presidente de la República, de entre personas de destacada experiencia en la formulación y/o evaluación de políticas públicas o gestión pública, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros. Durarán 5 años en sus funciones, pudiendo ser renovados de forma inmediata por un nuevo período consecutivo, previa manifestación de su voluntad. Se renovarán por parcialidades, a razón de uno por año.

Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 12 UF por cada sesión a que asistan, con un máximo de 312 UF por semestre.

Este consejo deberá sesionar con la asistencia de al menos tres de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las y los consejeros presentes. El presidente tendrá voto dirimente en caso de empate.

Además, podrá realizar sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el presidente por sí o a requerimiento escrito de tres consejeros en la forma y condiciones que determine el reglamento. De los acuerdos que adopte el Consejo deberá dejarse constancia en el acta de la sesión respectiva.

El Consejo podrá solicitar, en calidad de invitados con derecho a voz, la participación de autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, así como de personalidades de reconocida competencia en materia de productividad y de la formulación y evaluación de políticas públicas, y a representantes del sector privado y de la sociedad civil.

La Agencia tendrá una dotación de 39 funcionarios en régimen, los que podrán ser traspasados desde la Dirección de Presupuestos (hoy se traspasarían 11 funcionarios) y la Comisión Nacional de Productividad (hoy se traspasarían 18).