Una nueva y trascendental derrota sufrieron las isapres en la Corte Suprema. Esta vez, referida al último gran frente judicial que a la industria le quedaba pendiente por resolver: el ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.

Si bien el fallo oficial no se ha hecho público aún, fuentes al tanto de lo decidido por la Tercera Sala de la Corte Suprema señalan que lo resuelto implica fijar un tope máximo del ajuste que pueden hacer las isapres del precio GES, para toda su cartera de afiliados, el cual quedó establecido por el máximo tribunal en 7,2 UF anuales. Actualmente, todas las isapres tienen un precio mayor que ese. En ese sentido, las isapres tendrían que hacer devoluciones de montos que hayan cobrado por sobre el valor fijado por la Suprema, en caso que corresponda.

Al interior de la industria el cálculo que circula es que tales devoluciones podrían superar los US$500 millones si se considera el momento en que se aplicó el nuevo precio GES, en octubre del año pasado, y hasta la fecha del fallo, que debería oficializarse esta semana. En todo caso, advierten que sacar un cálculo de ese tipo no es necesario, ya que no se podría concretar, porque estiman que las entidades privadas quebrarían antes de poder devolver cualquier dinero.

Esto, asegura un ejecutivo de la industria, debido a que las carteras quedarían en insuficiencia técnica de prima, y por lo tanto, con márgenes negativos a perpetuidad, además de devoluciones que deberían garantizarse. Eso, señala, sería el fin del sistema. Lo mismo reafirma otro actor del sector.

Según cálculos realizados por el movimiento Salud Libre que encabeza Victoria Beaumont, la potencial devolución sería de unos US$582 millones. Lo anterior, considerando que a junio las isapres contaban con 2.916.206 afiliados, los cuales actualmente pagan una prima GES promedio mensual de 1,07 UF mensuales, o 12,84 UF anuales. Eso significa que la diferencia con lo que el fallo establece que las isapres podrán cobrar (7,2 UF), es de 5,65 UF. Así las cosas, desde que se empezó a hacer este nuevo cobro en octubre de 2022 y hasta el cierre del mes pasado, la potencial devolución equivaldría a US$582 millones.

Si ese cálculo se hace considerando doce meses, es decir, incorporando un tiempo de implementación hasta septiembre de este año, la potencial devolución ascendería a US$698 millones. Esto, asumiendo que cada mes de devolución cuesta unos US$58 millones.

Por otro lado, desde Salud Libre también proyectaron cuáles serían los menores ingresos operacionales mensuales de la industria. En ese sentido, aseguran que las isapres a junio tenían ingresos mensuales por $372.475 millones. De ellos, $112.458 millones son ingresos mensuales por GES. Pero ahora los menores ingresos por GES al mes serían de $49.440 millones. Eso significa una reducción de 13,3% en los ingresos de las isapres.

“No hay que poner el foco en las devoluciones, porque no van a llegar. Esto es porque la quiebra de las isapres llegaría por la reducción del ingreso operacional. Entonces, la verdad es que poner el foco en las devoluciones es más bien una estrategia política que una estrategia técnica. Acá las isapres quiebran antes de hacer cualquier devolución”, comenta Beaumont.

A todo lo anterior hay que sumar los más de US$1.400 millones que tendrían que devolver las isapres, según cálculos de la Superintendencia de Salud, por el fallo que hizo el año pasado la Suprema sobre tabla de factores. Aquella decisión es la que hasta ahora tenía en jaque a la industria, y que llevó al gobierno a ingresar una ley corta para aplicar el fallo, la cual se encuentra actualmente en el Congreso. Pero la industria también ha advertido que las isapres caerían antes de que puedan efectuar esas devoluciones.

El expresidente de la Asociación de Isapres y socio fundador de MC2 consultores, Rafael Caviedes, señala que si el fallo es como ha trascendido, y se llega a aplicar para toda la cartera de las isapres, “es fácil prever una nueva fractura en el sistema que lo hará inviable”. Agrega que “al sistema le va a costar solo en los flujos futuros más de US$697 millones al año de menores ingresos, lo que lo haría inviable, sin perjuicio de otras devoluciones que puedan existir con efecto retroactivo”. En todo caso, sostiene que todo dependerá de cómo se interprete y aplique el fallo, si se hace respecto de toda la cartera o solo sobre quienes recurrieron a la justicia.

El doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de a Salud de la U. Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales, comenta que “si el fallo es así como se explicita, para algunas isapres será la sentencia final dado que tendrán que reembolsar cuantiosas sumas de dinero, lo que generará caída en sus indicadores e insolvencia de algunas aseguradoras. Adicionalmente, y lo más grave es que se fijan precios por renta GES. Estamos ante un peligro potencial de liquidar a las isapres porque no solo van a tener que devolver un dinero que ya no tienen en base a menores ingresos futuros, lo que se podría traducir en un equilibrio financiero muy precario para las isapres”.

Castillo añade que “nuestra percepción es que algunas isapres pueden caer mucho antes (de hacer cualquier devolución). Los montos hoy explicitados ponen en duda real la continuidad del sistema asegurador privado y graves e irreversibles consecuencias en la red prestadora. Estos montos equivalen a muchos años de rentabilidad y son similares a la construcción de al menos 20 a 30 hospitales de 300 camas cada uno. El sistema así acorralado es inviable y el impacto sobre la red pública y privada puede ser catastrófica”.