Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia: “El sector empresarial del país es consciente de que quien más tiene, más tiene que pagar”

En estos días agitados, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha visitado en varias oportunidades el congreso. Invitado por el poder legislativo ha sido parte de un diálogo en el cual el sector privado ha tenido un rol proactivo, en la búsqueda de salidas a la crisis que atraviesa el país.

El Consejo Gremial Nacional, del que forma parte su organización y otros 29 sectores, se ha alineado para promover otro tipo de reforma tributaria. Lejos de apuntar a una carga sobre una clase media prácticamente inexistente, según el mismo relata, están apostando a que los que más tengan más aporten. Así, crece el apoyo a un aumento de los impuestos a las grandes empresas y a las mayores rentas personales.

¿Qué evaluación hacían ustedes de la primera propuesta de reforma que presentó el gobierno y de su posterior retiro?

-La reforma tiene como orientación fortalecer los programas que le extienden hoy la mano a los colombianos que están en mayor condición de vulnerabilidad. Sin embargo, en el caso particular nuestro, claramente no estábamos de acuerdo con lo se iba a hacer con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), porque podría generar un impacto en el costo para los productores de alimentos de nuestro país y también de los consumidores.

Con su retiro, el presidente tomó una decisión que era necesaria. La búsqueda de consensos era el camino correcto.

¿Entonces ustedes coincidían con la crítica que expresó la sociedad colombiana a esa reforma?

-Sí, claro. Nuestra visión fue crítica desde que conocimos el texto, desde que el gobierno comunicó a través de los medios de comunicación lo que iban a hacer. Sabíamos que las modificaciones, precisamente al IVA, le iban a generar un impacto a los consumidores.

Más allá de esa situación, evidentemente el anuncio del presidente respecto al retiro y los otros anuncios, deberían darles a todos los colombianos suficiente tranquilidad, que verán todo eso reflejado en el texto que se está redactando, mientras buscan los consensos con los partidos políticos.

El gobierno está considerando otro proyecto de reforma en el que analiza una sobretasa a las mayores rentas personales y a las empresas. ¿Le parece más adecuado?

-El gobierno, con el retiro de la reforma, anunció que no se va a incrementar el IVA a los bienes y servicios y que las reglas el juego se iban a mantener como están hoy en día. Eso para los consumidores y los productores de comida, es una muy buena noticia.

También hizo mención al tema de la renta personal de naturales. Ese es un buen avance; tiende un camino para que se logren acuerdos y se tramite una reforma que no afecte a los colombianos que menos tienen, sino a los colombianos y empresas que más tienen.

Nosotros formamos parte del Consejo Gremial Nacional (CG), que agrupa a los 29 sectores que representan prácticamente todo el aparato económico del país y de ahí salió también la propuesta precisamente del impuesto a la renta corporativa y a los patrimonios altos, un impuesto que se llama de Industria y Comercio. También para personas naturales que tengamos los mayores salarios. Eso alivia mucho, porque es poner a tributar a quienes más tienen para que la cancha sea mucho más balanceada y que con esos recursos se financien los programas sociales que deben llegar a los más necesitados.

En otros países el sector empresarial no está de acuerdo con mayores impuestos a empresas o a los más ricos. ¿Marcan una diferencia en aquello?

-Claro y en eso hay que reconocerle mucho a Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Industrias, porque la parte original de propuesta nace de ellos. Eso fue acompañado por todos los otros sectores de la CG.

A lo que apuntamos como país, primero, es a reducir la inequidad y cerrar las brechas. En segundo lugar, a superar los estragos que ha dejado la pandemia en materia de empleo, con una tasa de informalidad muy alta en 52%.

Es importante comprender que Colombia realmente no tiene clase media. El país tiene 14 millones de hogares, de los cuales 4 millones ganan menos de un salario mínimo. Tienes 6,4 millones que ganan entre uno y tres salarios mínimos. Ahí ya tienes 10 millones de hogares, casi 11 millones de 14.

En lo que resta, muchos ganan de tres para arriba y son muy pocos los que ganan de siete salarios mínimos para arriba. Es ahí donde debe estar la carga de tributación más alta, porque esa es la progresividad de los impuestos.

A diferencia de muchos, el sector empresarial del país es realmente consciente de que quien más tiene, más tiene que pagar. Es como cuando tú te quedas sin trabajo y tiene un departamento, simplemente te toca venderlo para poder pagar tus cuentas, no lo vendes para irte de vacaciones. Aquí, obviamente, hay que poner plata y ayudar a los más necesitados.

En la arena política, ¿le pareció oportuna el cambio de ministro de Hacienda?

-Los ministros son fusibles y los fusibles se queman. Evidentemente, más allá de la personas, en este caso Alberto Carrasquilla, había un costo político que el gobierno manejó de dos maneras, retirando la reforma y sacando al ministro y su equipo.

José Manuel Restrepo es una persona que conoce al Congreso y le da respiro al gabinete para abordar una discusión que es de búsqueda de consensos con los partidos, los cuales ya dejaron claro cuáles son las líneas rojas, entre ellas, los alimentos.

Pese al retiro de la reforma, las protestas siguen. ¿A qué lo atribuye?

-Hay muchos factores que calientan la protesta social. Y bienvenida la protesta social, porque está protegida por nuestra constitución, siempre y cuando sea pacífica. Claramente, como en cualquier país latinoamericano, en un año de pandemia hemos perdido los avances que teníamos en pobreza. Estamos 10 años atrás.

El desempleo y la informalidad laboral han subido. Los que más padecen el desempleo son los jóvenes y mujeres. Claramente hay una gran insatisfacción y eso genera que la gente se vaya a las calles.

También hay movimientos sindicales que tienen su agenda propia, lo que en un marco democrático es legítimo. También, desgraciadamente, en algunas zonas del país hemos visto actos de vandalismo que son distintos a la protesta social, eso lo quiero dejar muy claro, pero que afectan el ambiente general de la sociedad colombiana, que es una sociedad marcada por la violencia.

Lo que ha terminado ocurriendo es que, si bien hay una gran cantidad de protestas y de manifestaciones pacíficas en las calles, también ha habido bloqueos en las carreteras que están poniendo en vilo la seguridad alimentaria del país, porque no dejan pasar la comida, no dejan que los agricultores traigan sus insumos y ya hay ciudades como Cali, donde tiene preocupaciones de desabastecimiento. Bogotá también ha visto una reducción de 20% en la entrada de comida. Ahí es también donde la sociedad colombiana debe reclamar.

La ONU y la Unión Europea condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza represiva contra las protestas. ¿Qué análisis hace al respecto?

-Evidentemente ha habido casos aislados que deben ser investigados por las autoridades judiciales. Para eso está la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y las mismas denuncias de los ciudadanos. La justicia debe actuar con todo rigor, porque además ha habido evidencia en videos. La sociedad en su conjunto rechazamos todo eso.

Desafortunadamente, también se han presentado actos de vandalismo que han obligado a la fuerza pública a actuar dentro del marco de lo que le permiten la lay y la Constitución.