Propuesta de Boric de un impuesto al patrimonio neto afectaría a 11 mil personas en Chile

A mediados de la semana pasada, Gabriel Boric entregó su nueva propuesta tributaria. Esta incluye una recaudación estimada de 5 puntos del PIB en los cuatro años de gobierno, por debajo de los 6 puntos que se contemplaban anteriormente.

De acuerdo al documento presentado, la reforma tributaria del candidato se divide en seis ejes: impuesto a la renta con una proyección de recaudación de 0,2% del PIB; exenciones con 0,8% del PIB; impuestos verdes con una estimación de 0,3% del PIB; royalty con 0,8% del PIB de recaudación; medidas contra evasión y elusión con un 1,6% del PIB, e impuesto a la riqueza con una recaudación estimada de 1,3% del PIB.

Este último gravamen incorpora cuatro ejes: un impuesto al patrimonio neto, un cobro de interés por parte del Estado sobre las utilidades retenidas, un perfeccionamiento de la actual sobretasa del impuesto territorial y mejoras al impuesto a la herencia.

Sergio Henríquez, integrante del equipo programático explica que “el impuesto al patrimonio neto afectaría a cerca de 11 mil personas, es decir, menos del 0,1% de la población adulta chilena, por lo que es una medida extremadamente focalizada”.

Y añade que “respecto de la recaudación, estamos siendo conservadores en cuanto a nuestras estimaciones, considerando la experiencia internacional en estas materias, las posibles brechas de cumplimiento y que se deben implementar medidas para evitar una posible doble tributación entre las distintas herramientas”.

Para tener una referencia, el proyecto de ley que se discutió en el Congreso y que fue rechazado por la Cámara de Diputados en su artículo referido a aplicar un gravamen a los altos patrimonios, tenía un alcance de 5.840 personas, con un patrimonio superior a los US$22 millones.

Con respecto a la implementación de la reforma en su conjunto, Henríquez comenta que “es muy relevante dar certezas, estabilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes. Por eso, se planea una implementación gradual de las medidas y cambios propuestos, de manera que los agentes económicos tengan tiempo suficiente para adecuarse”, dice y acota que “se ha hecho un trabajo muy profesional durante los últimos meses, con un gran equipo multidisciplinario. Nuestras propuestas son sólidas técnicamente y se basan en la evidencia y experiencia comparada”.

Para el equipo económico, los cambios tributarios no solo serán vía proyectos de ley, sino que también habrá medidas administrativas y de gestión correspondientes específicamente a la evasión y elusión. “Las medidas que estamos proponiendo debieran tener un apoyo transversal y, en ese sentido, se buscarán grandes acuerdos que permitan implementar los cambios, de manera de llegar a los horizontes de recaudación comprometidos”, subraya Henríquez.

Asimismo, detalla que “existen medidas cuya implementación puede ser más rápida, como por ejemplo algunas relacionadas con las exenciones tributarias. Mientras otras requieren una gradualidad mayor, como la transición a un sistema desintegrado para las grandes empresas. Por otro lado, la gradualidad del royalty está sujeta al término de los contratos de invariabilidad tributaria de la gran minería del cobre, lo que ocurrirá recién en 2023″.

En esta materia, sobre los cambios al royalty, sostiene que “estamos proponiendo un mecanismo híbrido, que combine una tasa ad valorem con un esquema sobre la rentabilidad operacional o financiera”. Para ello, argumenta que se están “calibrando diversas combinaciones entre estos dos instrumentos que nos llevan a esta recaudación. La combinación que implementaremos permitirá asegurar una mayor recaudación del Estado, al mismo tiempo que se asegura el normal funcionamiento de la industria minera, junto con mantener los incentivos a invertir”.