Una primera reunión de coordinación sostuvo este miércoles por la mañana el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, junto a su equipo, con gerentes generales y de operaciones de las AFP, además de la Asociación de AFP. Todo ello, en una cita de último minuto a raíz de que este martes el gobierno ingresó su proyecto alternativo para un nuevo retiro del 10%, acotado principalmente al pago de deudas.

En una cita que se desarrolló entre la 8.30 y hasta cerca de las 10 am, las administradoras alertaron que la iniciativa tiene una serie de complejidades, y que es muy distinta a los anteriores proyectos de retiro que se han aprobado. Principalmente en materia operacional.

Esto, entre otras cosas, porque en los procesos previos hubo tres actores clave participando: las AFP recibiendo y procesando todas las solicitudes, el Registro Civil que validaba el RUT de cada persona, y los bancos que validaban que cada RUT pertenecía a la cuenta bancaria a la cual se transferirían los fondos. Mientras que del lado de los reguladores eran dos actores participando: la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sin embargo, tal como está ahora el proyecto del Ejecutivo, las AFP ven que a dichos actores se tendrían que sumar un sinnúmero adicional, entre los que se encuentran otros reguladores como la Superintendencia de Salud, de Electricidad, y de Servicios Sanitarios. Y en el sector privado las eléctricas, sanitarias, empresas de gas, diversas instituciones de salud, y otras entidades financieras, de las cuales, además, no hay claridad cuáles serían, comentan.

Lo anterior, porque el proyecto plantea que uno de los temas por los cuales se puede solicitar el retiro es para el “pago de deudas financieras, bancarias y no bancarias”. Ahí no está claro a qué instituciones no bancarias se refiere, donde, por ejemplo, podrían incluirse deudas del retail financiero y mutuarias, entre muchas otras.

Es por esto que también se comentó que se requiere que los plazos para implementar algo de esta magnitud, que preliminarmente se estima tendrá una gran cantidad de contrapartes, sean los adecuados.

Desde las AFP advierten que antes de pagar cualquier deuda que soliciten los afiliados, es necesario hacer una serie de pasos previos, como validar que efectivamente dicha deuda exista y que sea por el monto que ahí se estipula.

Aún no hay claridad sobre cómo va a funcionar el tema de estas validaciones, quién lo hará, o si podría haber un ente centralizado donde se pueda validar todo lo anterior. Pero sea como sea, la industria anticipa que se requiere tiempo.

Tampoco hay claridad aún sobre cómo resultará el proyecto final, si es que efectivamente termina siendo aprobado. De hecho, durante este miércoles por la mañana los diputados de la Comisión de Trabajo ya hicieron algunos cambios a la iniciativa inicial que había ingresado el gobierno, como por ejemplo, se eliminó el orden de prelación que se había definido para poder efectuar el giro en las seis causales, y ahora se estableció que no hay orden de prelación, y solo tienen preferencia las deudas por pensiones alimenticias.

En la reunión, las AFP también transmitieron al regulador que la idea en un proceso como este es que todo sea sin papel, 100% digital, tal como ha ocurrido con los anteriores retiros, cuestión que hoy creen que se vuelve más importante, considerando que puede complejizar el proceso el hecho de estar validando en sucursales las boletas de los distintos servicios básicos, instituciones financieras y de salud de todo el país.

En la reunión entre las AFP y el regulador, principalmente se habló de los temas que se ven más complejos de enfrentar en la parte operativa, y acordaron seguir reuniéndose de acá en más para poder llevar adelante de manera adecuada el proceso, en caso de que la iniciativa se apruebe en el Congreso.

Cabe recordar que la gerenta general Asociación AFP, Constanza Bollmann, ya había adelantado algo de todo lo anterior. Este martes dijo que convertir “el ahorro previsional de propiedad de los trabajadores en el ´Servipag´ de las deudas vencidas o por vencer, atenta contra la legítima demanda de millones de chilenos y chilenas por tener mejores pensiones”.

Y agregó que “de no realizarse cambios a esta iniciativa, resulta imposible implementarla en tiempo y forma. Las administradoras de fondos de pensión esperamos ser escuchadas, porque esto atañe directamente a nuestro esfuerzo por dar atención adecuada a nuestros afiliados y por mejorar las pensiones”.

El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, también apuntó a lo mismo: “Es importante que la tramitación de esta iniciativa considere los impactos económicos y también operacionales. Nuestra experiencia indica que el desafío operacional es no menor, y en caso de prosperar este proyecto, deben otorgarse al regulador las atribuciones para fijar plazos y procedimientos que permitan un adecuado cumplimiento de la ley”.

Por su parte, el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, comentó que después de todos los retiros e implementación de otros proyectos que han tenido que hacer las administradoras en el último tiempo, “la carga operativa que se le está exigiendo a las AFP está al límite”.