¿Qué real poder en materia económica tendrá un gobernador?

Las elecciones de gobernadores acaban de concluir. Y si bien todavía resta un mes para que asuman sus nuevas funciones, ya comienzan a definir sus prioridades y rayar la cancha de lo que se puede realizar en el marco de sus atribuciones.

En lo económico, una de las principales herramientas que tendrá bajo su mando será el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), el cual deberá ejecutarse de manera coordinada con el plan regulador.

El Plan Regional de Ordenamiento Territorial es la herramienta que permitirá dar una orientación o lineamientos generales a una determinada región. Este será el encargado de diseñar o evaluar aspectos tan disímiles como en qué localidad se instalan las empresas, vertederos o áreas verdes.

El propósito de este instrumento en materia económica es que los gobernadores puedan decidir, junto al Consejo Regional, los polos productivos de cada región manteniendo el equilibro entre las distintas zonas.

También le corresponderá someter al consejo regional el proyecto de presupuesto para el gobierno regional y, además, las políticas y proyectos de planes de desarrollo.

Los expertos coinciden en que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial será una de las nuevas atribuciones que recaerá única y exclusivamente en ellos, por ende, será la más importante en este nuevo rol.

Manuel Aris, investigador de Espacio Público, explica que el diseño y gestión de los PROT “exigirá a los gobernadores regionales un rol de articulación de diversos actores, públicos y privados, y en ese esfuerzo muy probablemente veamos poca claridad respecto de las atribuciones de su cargo con otros actores, que se deberán ir esclareciendo a medida que se producen estos conflictos, al carecer de una transferencia de competencias programada y racional al nuevo cargo”.

Aris subraya que el gobernador tendrá como instrumento un plan de ordenamiento territorial de la región y de las zonas metropolitanas. “Se ha concebido, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, que este nuevo cargo puede dar una visión más comprehensiva al desarrollo de los territorios, no tan solo con la zonificación de suelos, si no en la convergencia de otros instrumentos con los que se cuente”.

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD), refuerza ese objetivo y afirma que este instrumento nuevo es distinto a lo que conocemos hoy en día como los planes reguladores. “Determinará el uso que se le puede dar a los terrenos o predios que están fuera del área urbana. Ahí será relevante saber las condiciones y de qué forma estos planes de ordenamiento regional estarán incentivando o desincentivando la instalación de determinadas industrias en sus territorios. Esta es la principal herramienta que pueden tener los gobernadores”.

En su análisis añade que esta función será determinante, ya que al fijar las condiciones de urbanización se podrá saber si el plan regional “buscará fortalecer la industria de algunos sectores o más bien tratará de evitar o sacarlas de su territorio”. Horst puntualiza que “esto tiene que ser visto por el consejo regional, porque son planes que tienen que ser coherentes con el plan nacional de ordenamiento territorial, pero dentro de eso, como es un instrumento nuevo, está por verse cómo se coordina con el plan nacional”.

Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) suma otro argumento sobre la mesa. “Los planes de desarrollo regional debieran ser indicativos para los planos reguladores. Esto es muy importante, especialmente en las ciudades multi comunas, donde creo que el gobernador regional debiera asumir un rol muy similar al de ‘alcalde mayor’ y coordinar el accionar de los municipios y sus regulaciones”.

En lo presupuestario propiamente tal, en principio se mantendrán los recursos que actualmente tienen las gobernaciones. Esto es poco más de US$2.055 millones a repartir, sin embargo, se espera que una vez aprobado el proyecto de ley de rentas regionales ese monto suba, el problema es que no se sabe con certeza si ese proyecto estará aprobado antes del 14 de julio.

Karin Moore investigadora de Clapes UC, afirma que “el escenario de instalación de los gobernadores es bastante complejo, fundamentalmente debido a que los proyectos de ley que determinan sus facultades y los mecanismos de traspaso de estas, aún se encuentran en el Congreso. De hecho, el 14 de julio - fecha prevista para que asuman sus cargos- se encontrarán con la discusión del presupuesto del 2022 y sin claridad sobre sus prerrogativas”.

La iniciativa está actualmente en su primer trámite legislativo en el Senado. Fue aprobado en general y ahora se debe discutir en particular en la Comisión de Hacienda.

Moore añade que, en principio, el Gobernador tendrá atribuciones en materia de la orientación del uso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). “Por ejemplo, podría solicitar mayor inyección de recursos en materia de sanitaria, o la compra de vehículos para la policía. El Gobernador Regional como presidente del Consejo Regional es el responsable de ejecutar, priorizar e invertir el FNDR”.