Andrea Repetto, presidenta de Fundación para la Superación de la Pobreza, descarta haber ganado convenios por vínculos políticos. Esto, luego de que el ministro Carlos Montes apuntara a la organización como otro sujeto en la mira en el caso de Democracia Viva, por adjudicarse más de $500 millones en sólo tres meses del 2022.

Repetto aclaró que la fundación es privada pero que nació bajo el alero del Estado y que recibe fondos directamente del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de forma principal. “Nosotros pasamos por muchos ojos en esto, pero no es cierto que haya una relación con el gobierno de turno”, declaró en radio Duna, además de destacar que la fundación ha trabajado con los últimos 7 gobiernos independiente de su color político.

Detalló que en la fundación tienen convenios con distintos ministerios. “Algunos de ellos son grandes por lo que está en el Presupuesto de la República, lo revisa el Congreso. Hay convenios que pasan por Contraloría antes de ser aprobados. Los fondos nosotros los rendimos de acuerdo a la resolución de la Contraloría, entregamos informes mes a mes y rendimos también nuestras actividades. Incluso hace un par de años atrás pasamos por este sistema de evaluación de programas sociales y tenemos una evaluación positiva”, indicó.

Respecto al caso de Democracia Viva en particular, Repetto explicó que en octubre del 2020 “comenzamos a trabajar con estos convenios de los que se habla para trabajar con campamentos con el gobierno de Piñera. Con la migración en esa zona se desbordó la situación de campamentos. Esto es una emergencia, hay personas que requieren habitabilidad, agua, servicios básicos, educación, salud, y no puedes dejar a esas personas abandonadas”.

“El ministerio y en Antofagasta en particular comenzaron a pedir más ayuda de la que ya estábamos prestando a distintas instituciones, y nosotros firmamos convenio con ellos al igual que otras fundaciones que ya trabajaban en el territorio (...) Donde puede estar la problemática es en estos convenios que se entregaron con asignación directa sin haber tenido un registro claro antes de quienes tenían efectivamente la capacidades para hacer las tareas que se requerían hacer”, expuso la presidenta de la fundación.

“Creo que desde la Seremi debe haber un control mucho más claro de qué es lo que requieren y quién es capaz de hacer eso de la manera más eficiente y eficaz”, señaló.

En cuanto a la vinculación con la fundación de Paz Fiuca, concejala de Antofagasta y exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez, Repetto declaró que “prestó un servicio a honorario por cuatro meses como parte de uno de estos convenios en el que necesitábamos a alguien que hiciera gestión territorial en un campamento en específico. Ella postuló y tenía experiencia haciendo este trabajo”.

“No trabajaba en el Minvu en ese momento. Si el Minvu la contrató para alguna otra cosa nosotros no tenemos idea”, dijo, descartando que alguien les impusiera contratarla.

“Estoy enojada. Estoy preocupada por lo que significa para la relación de la ciudadanía con las fundaciones” expresó Repetto, señalando que “la colaboración que las fundaciones hacen al país ha quedado dañada”.

Específicamente, en el caso de migración y campamentos, la presidenta de la fundación declaró que “el Estado no tiene capacidad para trabajar en esto, es un problema muy grande, se les escapa de las manos y necesitan ayuda de los privados, que en este caso son las fundaciones”.

“Aquí se está buscando un hilo político. Cuando uno lee lo que ha aparecido en los distintos medios, no se explica lo que hacen las fundaciones, no se explica su valor, sus rendiciones, sólo se está buscando donde está esa persona que está en un partido político, que trabajó con no sé quién, no sé dónde, no sé cuándo”, agregó.

Por otro lado, aseguró que la Fundación para la Superación de la Pobreza está disponible para entregar toda la información requerida para una investigación, además de “rendir de la manera en la que se nos exija rendir”, señalando que la burocracia les protege.