Seguro de Cesantía: actual administrador se adjudica su operación por otros 10 años y la comisión bajará 12%
Se trata del consorcio compuesto actualmente por las AFP Provida, Capital, Cuprum y Planvital. En todo caso, la adjudicación aún no se hace efectiva del todo, ya que falta la toma de razón de Contraloría y luego el nuevo gobierno debe firmar el contrato con el operador.
A inicios de septiembre del año pasado la Superintendencia de Pensiones informó que comenzó el proceso de licitación pública para la contratación del servicio de administración del seguro de cesantía por un próximo período de 10 años.
Y solo llegó una oferta cuando el 29 de noviembre se realizó la apertura del primer sobre, que contiene la información sobre la situación patrimonial, antecedentes financieros, económicos y antecedentes intachables de los potenciales oferentes.
Así las cosas, fuentes conocedoras señalan que este oferente se adjudicó la licitación. Se trata del mismo consorcio que actualmente administra el seguro de cesantía, aunque conocedores del proceso señalan que habría cambios en la participación que tiene cada uno de los propietarios.
Hoy el fondo de cesantía es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A, de propiedad de las AFP Provida (48,6%), Capital (29,4%), Cuprum (16,7%), y Planvital (5,3%).
En esta ocasión, el cobro que hará el consorcio habría bajado un 12%, desde la comisión de 0,49% que cobra actualmente, a un 0,43% anual sobre los fondos de cesantía acumulados.
En todo caso, la adjudicación aún no se hace efectiva del todo, ya que falta la toma de razón de Contraloría y luego el nuevo gobierno debe firmar el contrato con el operador. La definición sobre esta adjudicación se realizó antes del cambio de administración.
De todas maneras, el actual contrato dura hasta fines de septiembre, y en caso de que el proceso anterior se extienda más allá de ese mes, se podría solicitar al actual operador que siga funcionando hasta que quede zanjado el tema.
Durante 2020 la sociedad perdió $40 millones. Pero al cierre de septiembre de 2021, registraba ganancias por $1.881 millones.
El actual contrato de administración del seguro de cesantía fue adjudicado mediante licitación pública hace casi una década, suscribiéndose el 1 de octubre de 2012, por un plazo de 10 años contados desde esa fecha. Es por este motivo que está próximo a finalizar.
Hasta antes de 2012, la comisión porcentual anual que se cobraba sobre el saldo de los fondos de cesantía era de 0,6%. Pero cuando ofertó este consorcio en la anterior licitación, se la adjudicó por una comisión de 0,49%.
Ahora, las bases de licitación en este nuevo llamado tuvieron especial atención en que el valor base de comisión de la oferta económica no fuese superior a ese 0,49% anual sobre los fondos de cesantía acumulados, según advirtió el regulador cuando informó sobre la nueva licitación.
Además del valor de la comisión, las bases de licitación también pusieron atención en otros dos aspectos: la calidad del servicio prestado a los afiliados y la administración de fondos.
Sobre el primero, el regulador informó el año pasado que “las bases contemplan mejores estándares de servicio que deberán ser cumplidos por el nuevo administrador durante la vigencia de su contrato. Entre ellos, se destaca el enfoque de atención no presencial para las y los usuarios, el aumento en la frecuencia del proceso de pagos de los beneficios mensuales y el envío de la cartola de la Cuenta Individual por Cesantía principalmente a través de medios electrónicos a las y los trabajadores afiliados al seguro. A abril de este año, se registraban 10.656.614 trabajadoras y trabajadores afiliados al seguro de cesantía y 4.910.008 de cotizantes al mismo”.
Así, además de la baja en la comisión que hizo el consorcio para esta licitación, también en la oferta se proyecta mejorar la calidad de servicio, aumentar la atención mediante call center, y se habrían incrementado los fechas en que las personas podrán recibir los respectivos pagos.
Sobre la administración de fondos, el año pasado la Superintendencia detalló que “el adjudicatario debe contar con las competencias y cumplir con los requisitos para administrar carteras de inversiones que, en conjunto (CIC y FCS), superan los US$ 11.142 millones, al 30 de junio de 2021″.
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