El próximo 7 de octubre de 2024 a las 8.30 horas de la mañana se deberán presentar ante el Juzgado de Garantía de Coronel siete implicados en una supuesta red de corrupción público-privada que salpica a la anterior administración de Puerto Coronel, a su actual alcalde y a un concejal, y a otros conocidos personajes de esa ciudad de la Región del Biobío. En la oportunidad, serán formalizados como autores de delitos consumados que van desde la administración desleal hasta el cohecho y el soborno.

Puerto Coronel, la mayor y más emblemática empresa de la ciudad homónima, es el mayor terminal marítimo de la región y es propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), aunque fue presidido hasta fines del año pasado por su fundador, el ingeniero civil Eduardo Hartwig, quien se transformó en el centro de una supuesta trama delictual que incluía a las autoridades municipales, a proveedores del puerto e incluso a su dirigencia sindical, y que fue denunciada por la actual administración de la compañía.

El juez suplente Daniel Ortiz, que el pasado 18 de marzo acogió una querella presentada por la propia empresa por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal, aceptó la solicitud de la fiscal adjunta regional Glenda Lagos de notificar oficialmente al grupo de acusados de la investigación que lleva en su contra.

El listado lo encabeza el actual alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro Rebolledo, a quien se le acusa del delito de cohecho en carácter de reiterado, entre junio de 2022 y noviembre de 2023. Lo acompaña el concejal Eduardo Araya Poblete, del mismo partido y por igual delito, aunque en un periodo más amplio que comprende entre julio de 2021 y noviembre de 2023.

Por el lado de la empresa Puerto Coronel, enfrentarán la formalización su expresidente y fundador, Eduardo Hartwig Iturriaga, por los delitos de soborno -entre julio de 2021 y noviembre de 2023- y administración desleal, ambos en carácter de reiterado. También enfrentará cargos por administración desleal el exgerente general del puerto, Javier Andwandter Hammersley, quien lideró la compañía por 11 años, entre 2010 y 2021. A ellos se suma Daniel Chamorro Madariaga, quien fuera gerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel hasta el año pasado, también por administración desleal y soborno, entre julio de 2021 y noviembre de 2023.

Sin embargo, esta presunta red habría involucrado también a dos empresarios que actuaban como proveedores del puerto: los dueños de empresas de transporte Víctor Olivares Matamala, a quien se le acusa de soborno, y Hernán Romero Sáez, hermano del diputado de la zona y exalcalde entre 2008 y 2016, Leonidas Romero (hoy independiente pero elegido en 2018 como candidato de Renovación Nacional y hoy integrante de la bancada republicana).

El caso explotó el pasado 21 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por supuesto cohecho del gerente general del puerto, Patricio Román, quien había asumido sólo 20 días antes. Román apuntó como autor a su jefe, Hartwig Iturriaga, quien, según la denuncia, habría pagado supuestos sobornos al alcalde Chamorro, al concejal Araya y a dirigentes sindicales del puerto mediante un esquema de facturas ideológicamente falsas.

Días después, Hartwig renunció al directorio a solicitud de la mesa y luego a sus cargos de director de la Corporación de la Madera (Corma) y la Cámara Marítimo Portuaria (Camport). La investigación, eso sí, se mantuvo en secreto hasta que el 10 de enero de este año cuando efectivos de la PDI allanaron la casa y la oficina municipal del alcalde Chamorro, y las dependencias de la empresa de transporte Delsava, de Romero Sáez.

Dos meses después, la empresa presentó su querella y encargó una auditoría forense a la consultora Deloitte. En la acción legal, Puerto Coronel acusó directamente a Hartwig de armar un esquema defraudatorio en contra de la empresa que él mismo fundó en 1996 y que en 2003 vendió a sus actuales propietarios. Allí también revelaron que fue la exgerenta general interina, Michelle Prater, quien reveló las “prácticas irregulares”, que luego fueron ratificadas por Hartwig, Andwandter y Chamorro Madariaga.

“Se trataría de conductas que buscaban extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, cuyos autores principales serían Eduardo Hartwig y Javier Anwandter, todo ello sin autorización alguna ni conocimiento de los demás miembros del directorio (...) Los fondos obtenidos (...) se habrían destinado a distintos propósitos, incluyendo pagos a funcionarios públicos y dirigentes sindicales, como también el enriquecimiento ilícito del entonces presidente Hartwig”, resumió la querella.

Ante la inminente formalización, el abogado de Hartwig, Alejandro Espinoza, sostuvo que “esta defensa está colaborando desde el primer día con la investigación del Ministerio Público, pues es de nuestro mayor interés el completo y total esclarecimiento de los hechos investigados”.