Y sigue la disputa: Alejandro Gil se querella contra exmédicos de CLC por enviar carta a la Super de Salud

El 27 de febrero pasado, 197 exmédicos de Clínica Las Condes remitieron una carta a la Superintendencia de Salud. Según lo publicado por Pulso, en ella criticaban duramente la gestión del actual presidente de la entidad, Alejandro Gil, y el gerente general, Ignacio Tapia. La misiva apuntaba a un eventual riesgo sanitario de los pacientes que se atienden en el centro médico. “Ese riesgo fue observado por la Joint Commission International (JCI) que en enero 2023 le retiró la acreditación internacional y también fue considerado por la Universidad de Chile, poniendo fin al acuerdo docente que mantenían desde 2007″, señalaba el documento.

Tras la recepción de la carta, la Superintendencia inició una fiscalización extraordinaria para monitorear los aspectos expuestos por los exdoctores de CLC.

Y Alejandro Gil decidió también hacer algo el respecto.

El 13 de marzo, el presidente de CLC -pareja de la actual controladora de la clínica, Cecilia Karlezi- y el gerente general de la institución interpusieron una querella por injurias contra la ex directora médica del establecimiento, May Chomali; el traumatólogo, Roberto Postigo, y la siquiatra, Viviana Herskovic. De los 197 doctores que firmaron la carta, Gil puso sus ojos sobre ellos. “Los tres querellados de autos serían los ‘coordinadores´ de tal grupo y principales autores de la misiva”, señala la acción judicial, patrocinada por los abogados Álvaro Jofré y María Paz Díaz. Detalla que guardan reserva para ejercer acciones contra los otros 194 firmantes, una vez que se tenga acceso a la carta. Los tres doctores sobre los que recae la acción fueron justo los nombrados por Pulso en su publicación.

En la querella se lee que: “Las imputaciones que realizan los querellados carecen de lógica y escapan a la realidad. Por lo mismo, no puede quedar impune que médicos cirujanos, personas con alto nivel de educación y de gran reputación, se salgan de su camino para denunciar que supuestamente existe un ‘riesgo sanitario’ para los pacientes a consecuencia del mal actuar de mis representados”. “De esto (...) y nada más, se trata la querella de autos: ponerle término a un ataque gratuito y muy desmedido -penalmente punible, por cierto-, de los querellados en contra de nuestros representados”.

En el documento, acusan que la carta denosta a la actual administración de CLC, imputándoles hechos falsos y graves, que afectarían el crédito, la honra y el prestigio de Gil y Tapia en calidad de administradores.

Y subrayan que si bien en la misiva enviada a la Superintendencia habían varias imputaciones injuriosas, las más graves a su juicio serían aquellas que apuntan a un riesgo sanitario, tras el retiro de la acreditación de la Joint Comission International (JCI). Los abogados rebaten eso: “La realidad dista mucho de lo que se plantea en la misiva ilícita, pues, el haber perdido la referida acreditación tuvo como única causa la discrepancia en la contratación de un médico determinado, sin considerar la presunción de inocencia”.

De acuerdo con lo publicado por el diario -dice la acción judicial-, dicho riesgo sanitario provendría, entre otras causas, de que la administración de CLC habría modificado o restringido el acceso a las fichas clínicas de los pacientes.

Según detallan los representantes de Gil y Tapia, la Superintendencia de Salud dictó una resolución que puso término a un proceso de fiscalización extraordinaria sobre este punto, y que demostró que el proceder de CLC sobre esta materia se ajusta a la ley. “Los querellados se dirigieron por escrito a una de las entidades públicas que fiscalizan a CLC, afirmando derechamente que la gestión de nuestros representados habría sido deficiente, negligente, o derechamente ilegal que ello pondría en riesgo su salud; sin absolutamente ninguna base real”, dice el texto.

Asimismo, cuestionaron el aspecto de la carta que apunta a supuestos “malos tratos, abusos, amedrentamientos con médicos y pacientes”. “Los señores Chomalí, Herskovic y Postigo atentaron de manera directa, dolosa y deliberada en contra de la honra de los señores Gil y Tapia, de quienes se está diciendo ser personas con vicios tales como el hostigamiento y amedrentamiento hacia pacientes y el personal de la clínica que dirigen, lo que, por cierto, perjudica su fama y crédito”, subraya la querella. Y agrega: “Lo que los querellados están comunicando a una Superintendencia -y luego al país completo-, es que nuestros representados, en reiteradas oportunidades (’permanente’) y en el ejercicio de sus labores como Presidente y gerente general de la Clínica, golpearon a pacientes y abusaron de funcionarios de la misma”.

“Como se puede observar, la intención de los querellados no era otra que la de descalificar a los señores Gil y Tapia, puesto que los hechos relatados escapan de la mera denuncia que supuestamente pretendían los 197 médicos”, apunta el documento.

En la acción judicial, los abogados pidieron que se oficie a la Superintendencia de Salud para tener acceso a la carta; además de incluir como testigos a Ignacio Tapia, los abogados Sebastián Oddo y Martín Coronado, y el auditor de CLC, Gustavo Delgado.

El 16 de marzo la querella fue declarada admisible. Se citó a las partes para el próximo 19 de abril, con la finalidad de buscar un acuerdo que ponga término a la causa. De no ser así, se dará paso en el acto a la preparación del juicio oral simplificado.