A juzgar por todas las apariencias externas, la permanencia en el poder de Vladimir Putin parece segura.

Su partido se impuso en las elecciones de 2018 con el 77% de los votos. Consolidó su control de los medios nacionales. La mayoría de sus rivales ha muerto o vive en el exilio. Ahora puede desplegar a los oligarcas más adinerados de su país para cumplir con la agenda del Kremlin, tal y como lo hizo luego de que Donald Trump ganara los comicios estadounidenses de 2016.

¿Entonces por qué está tan asustado el presidente ruso?

Uno pensaría que un autócrata que manipuló las reglas políticas de su país para aferrarse al poder no tendría temor a la disidencia. Permitir una oposición nominal incluso podría tener beneficios, como aliviar la presión económica desde EE.UU. y sus aliados en Occidente y facilitar a sus secuaces el gasto de sus fortunas.

No obstante, Putin sigue con miedo a la disidencia. Considere un informe publicado esta semana por una comisión que exige la liberación de los presos políticos del Kremlin. Compuesto por una docena de ONG occidentales y rusas, el grupo descubrió que al 25 de marzo, las cárceles del país albergaban a 236 presos políticos. La cifra quintuplica con creces lo observado en 2015, cuando el total era de solo 46.

En una rueda de prensa celebrada el lunes, el líder opositor exiliado Vladimir Kara-Murza ofreció aún más perspectiva sobre tal cifra. Cuando el famoso físico y disidente Andrei Sakharov ganó el Nobel de la Paz en 1975, aseguró que la Unión Soviética mantenía 176 prisioneros de conciencia. Es extraordinario pensar que actualmente, casi 30 años después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia registra un tercio más.

Entre los presos políticos rusos de la actualidad figuran periodistas, activistas y abogados. A algunos se les acusa falsamente de cometer serios delitos como asesinatos y malversación de fondos. Otros están encarcelados por sus tuits.

En noviembre de 2017, por ejemplo, Yan Sidorov y Vladislav Mordasov fueron arrestados por tratar de organizar una protesta contra su gobierno regional. Permanecen en custodia desde entonces y el informe señala que Mordasov ha sido objeto de múltiples golpizas. También está el caso de Oleg Sentsov, cineasta ucraniano y crítico de la anexión rusa de Crimea. Fue sentenciado a una condena de cárcel por la supuesta planificación de ataques terroristas y pertenecer a un grupo nacionalista ucraniano, algo que la misma organización ha negado. Confesó haber cometido esos delitos tras ser torturado, según varias agrupaciones de derechos humanos.

Natalia Arno, presidenta de la Free Russia Foundation (que integra la coalición que produjo el informe), comentó a los medios esta semana que el aumento de los presos políticos plantea interrogantes no solo sobre el Estado ruso sino también acerca de su líder. "¿A qué le teme Vladimir Putin?", preguntó. Es una pregunta que bien podrían hacerse los gobiernos que buscan contrarrestar las agresiones rusas. Puede que Putin proyecte fortaleza y audacia, pero no confía en su gente lo suficiente para dejar que escuche a sus críticos.

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