Agencia de Cambio Climático define líneas de acción para los próximos años

Luego de siete meses de trabajo y varias reuniones, un Comité Asesor convocado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ASCC (creada en enero de 2017) elaboró un "borrador final" acerca de dónde deberían estar los focos de esta entidad nacida producto del Acuerdo de París, el cual será presentado oficialmente el 15 de enero.

Según Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la ASCC, "el objetivo es dejarle al próximo gobierno planteada las líneas a seguir ya que, justamente, nos preocupamos que entre los integrantes del comité estuviesen representados todos los sectores políticos, además del sector público, el privado, la academia, ONG y la organizaciones sociales".

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El documento, titulado "Agenda de Trabajo Pública Privada al año 2030 en Materia de Sustentabilidad y Cambio Climático" serviría, además, como una bajada para definir la próxima "contribución nacional" (NDC) de Chile para reducir el cambio climático. "En teoría todos los sectores son importantes, pero definimos ocho donde -en una primera instancia- se debería poner énfasis, tomando en cuenta que aún hay mucho por hacer", señala Ladrón de Guevara.

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A partir de una reunión realizada con diversos actores del mundo financiero, la ASCC y el Comité Asesor identificaron una serie de medidas con potencial articulación público-privado, donde uno de los principales fue promover el uso de estándares y criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones en la emisión de instrumentos financieros (créditos, acciones, etc.) y en la evaluación de riesgo de cartera. También se recomendó realizar estudios e implementar pilotos, "que permitan avanzar en la incorporación de los aspectos de sostenibilidad y cambio climático en el sector financiero, y anticiparse a la regulación. El Laboratorio de Innovación Financiera del BID puede ser un ejemplo para seguir", indica el texto del informe.

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Pero no hay que olvidar que la ASCC tiene un importante foco en las pequeñas y medianas empresas, por eso, la idea es crear también estándares que sean aplicables a las pymes, además de construir carteras de proyectos financiables en sectores distintos al de la energía eléctrica, tales como vivienda, baterías de litio, forestal, transporte, ciudades, entre otros, para que estos puedan acceder a servicios financieros.

Según el documento, las instituciones financieras tienen un rol clave en la nueva economía. "Deben comprender los riesgos comerciales y las oportunidades, y saber cómo actuar sobre ellos. Por otra parte, los legisladores y los reguladores, necesitan saber cómo pueden ayudar a dirigir el sector financiero para que se convierta en un facilitador, más que un inhibidor, de la transición hacia una economía sostenible, baja en carbono y resiliente", dice el informe.

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Cabe recordar que 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (8,9 y 13), dicen relación con este sector. En esa línea, por ejemplo BancoEstado ya posee un "eco-hipotecario" y una línea de financiamiento para empresas que buscan generar un ahorro en su producción a través de la reducción de sus costos energéticos. Por su parte, la Bolsa de Comercio tiene una Guía de Inversión Responsable.

En línea con la Política Forestal 2015-2035 y la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (Enccrv), que contribuyen al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile, el Comité Asesor propuso una serie de acciones para que la ASCC trabaje de manera coordinada, principalmente con Conaf.

Según el Acuerdo de París las metas establecidas por Chile en su NDC (contribución nacional) contemplan acciones de manejo forestal sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque nativo y la forestación, principalmente con especies nativas, de 100.000 hectáreas, metas que se deberían concretar al año 2030.

Entre las ideas del Comité están por ejemplo, coordinar redes de trabajo para apoyar el Programa de forestación y revegetación en comunas/áreas priorizadas, que tiene como principal objetivo, la conformación de coberturas vegetacionales nativas permanentes que generen servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y culturales.

Según estadísticas de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el 14% de la superficie del territorio nacional está destinada a bosques plantados. O sea, para producción maderera, donde el pino radiata y el eucaliptus representan la mayoría de total (ver gráfico).

Claramente la degradación y los incendios forestales, son un gran tema en este sector. Por eso que el documento también recomienda coordinar redes de trabajo para el fortalecimiento de restauración ecológica en comunas/áreas priorizadas, así como "promover un modelo de gestión en prevención de incendios forestales y restauración de áreas quemadas. Se debe "fomentar la transferencia tecnológica de alternativas de manejo y uso de residuos silvoagropecuarios, evitando las quemas agrícolas en áreas de alto riesgo de incendios, a través de la colaboración y coordinación entre los productores privados y los organismos públicos de investigación y transferencia tecnológica", señala el texto del documento.

Desde el prisma del cambio climático, el sector Pesca y Acuicultura ha sido priorizado como uno de los nueve más vulnerables frente al cambio climático en Chile. El MMA coordinó entre 2013 y 2015 con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, la elaboración del un Plan de Adaptación para esta industria

El sector está relacionado con 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2,13 y 14), donde Chile ya ha avanzado, como por ejemplo, en las modificaciones a la Ley N°20.657 General de Pesca y Acuicultura del 2013 o en el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Sin embargo, el documento indica que aún no es suficiente y propone acciones como desarrollar un estándar de plan de manejo en pesquerías y apoyar su implementación a nivel local, nacional y regional, o elaborar un código de buenas prácticas para fortalecer el Programa de Reducción del Descarte y la Pesca Incidental.

También propone elaborar un estándar para la certificación de pesquerías, con el objetivo de disponer de un instrumento para la orientación de pescadores en el proceso de certificación de pesquerías con objeto de lograr la sustentabilidad en la explotación de los respectivos recursos marinos. "Para esto es necesario: revisar y analizar las certificaciones actuales; elaborar el estándar de certificación; realizar actividades de difusión y capacitación para la aplicación del estándar; incrementar el número de pesquerías certificadas a nivel de país", dice el informe elaborado por la ASCC.

En otras líneas, se recomienda también crear un sistema de seguros para acuicultores de pequeña escala y pescadores artesanales ante eventos climáticos extremos y acuerdos territoriales en sector acuicultura y pesca artesanal para abordar el manejo de residuos orgánicos y minimización de plásticos, entre otras problemáticas del sector.

En el ámbito del cambio climático el sector agropecuario ha sido priorizado entro de los 9 sectores más vulnerables frente al cambio climático en Chile, incluyéndose dentro del Plan Nacional de Adaptación del Sector Silvoagropecuario, elaborado en un proceso conjunto por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. La implementación de prácticas sostenibles en los sistemas productivos del sector se ha abordado mediante distintas iniciativas, entre ellas la creación del Protocolo de Agricultura Sustentable, que nace en el marco del Convenio de Colaboración de Agricultura Sustentable entre la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Indap, ASCC y Corfo.

"Pese a estos avances, aún existen desafíos en el sector en cuanto a la articulación de actores para la transferencia de tecnologías, fortalecimiento de capacidades, acceso a financiamiento, para gestionar de manera sostenible los recursos naturales y adaptarse a los nuevos desafíos ambientales", comenta la comisión que elaboró la propuesta a la ASCC.

Entre las acciones están por ejemplo: fomentar la transferencia tecnológica para el uso eficiente del agua y energía, impulsar la implementación del Protocolo de Agricultura Sustentable que incluye parámetros sociales y ambientales para este sector.

Un tema clave -según el documento- es avanzar en el desarrollo de un modelo de negocios de agregación de demanda para que pequeñas empresas y productores puedan acceder a financiamiento para invertir en tecnologías más sustentables.

De acuerdo a los datos del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 39% de ellos tienen alguna relación con el agua. Y si bien en 2017 finalizó la sequía que afecto por cerca de siete años a la zona central del país, se estima que en 2016 cerca del 60% del territorio fue afectado de alguna u otra forma por la escasez hídrica.

Entre una serie de iniciativas llevadas a cabo por el sector público y privado, Fundación Chile se está liderando una denominada "Escenarios Hídricos 2030", con el propósito de desarrollar agendas hídricas para 6 cuencas, que incluye proyección de escenarios futuros con asociaciones nacionales.

Entre lo que propone el documento de la ASCC está por ejemplo, el impulso de cambios sustantivos en tecnologías de eficiencia de agua en los pequeños productores; potenciar y coordinar un nuevo modelo de gobernanza inclusivo en los usos del agua; y promover la integración del uso de suelos en los acuerdos de gestión de cuencas como un elemento clave que genera impactos sobre el recurso hídrico.

Otras iniciativas relevantes que destacar incluyen un pilotaje de la Dirección General de Aguas de un sistema de gestión integrado de cuencas en la cuenca del Choapa y la creación del Fondo de Aguas, que está promoviendo la ONG The Nature Conservancy que considera aportes público-privados para invertir en medidas para que ayuden en la seguridad hídrica de la cuenca del Maipo. "En temas de gobernanza para lograr una gestión de cuencas, aún existen grandes desafíos", concluye el texto.

El sector transporte de carga es clave en la economía, pero se proyecta que al 2030 su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sea de un 13% del total del sector transporte, lo que representa 5,5 millones de tCO2e, "por lo que es un área importante para alcanzar una economía baja en carbono y cumplir las metas de Chile bajo el Acuerdo de París. Reducir emisiones en este sector no está exento de desafíos, considerando la dependencia del funcionamiento de la economía del transporte de carga", indica el texto.

Según cifras de la ANAC, luego de un 2016 donde la venta de camiones disminuyó con respecto a los años anteriores, a noviembre de 2017 ya habían 12.024 vehículos de este segmento vendidos, más que el total de 2016 (ver gráfico).

El Comité Asesor identificó una serie de medidas, que pueden ser consideradas por la industria y por la ASCC para que la operación del sector transporte de carga urbano e interurbano sea más eficiente, como por ejemplo, impulsar técnicas y tecnologías para reducir las emisiones del vehículo (conducción eficiente, tecnologías de bajo consumo de combustible, neumáticos de baja resistencia, etc.); realizar gestión de la flota, mediante la optimización del uso de las redes viales; y reducir la demanda de transporte.

"La Agencia puede tener un rol en generar información sobre el universo y tamaño de las empresas del sector transporte de carga, e identificar los sectores productivos en los cuales participan, como retail, agrícola, minería, etc", indica el texto del documento, que además hace énfasis en priorizar territorios donde esta industria tiene un mayor impacto socio ambiental tal como: cruces de la cordillera y el depósito de carbono negro en los glaciares y la minería en altura. Incluso, recomienda replicar la "Iniciativa Diésel" de Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en Chile para eliminar el uso del diésel.

Si hubiese que definir un proyecto estrella en materia medioambiental del Gobierno saliente sería la Ley de Fomento al Reciclaje (REP), que actualmente está en proceso de elaboración de los reglamentos para las metas de 2 de los 6 productos prioritarios.

Por eso, que en el primer lugar de la lista de acciones en este sector se encuentra: "Apoyar implementación de la Ley REP", así como incorporar prácticas en el sector privado de segregación, valorización y reciclaje de otros productos no priorizados. "Esta medida se plantea para el corto plazo, mediante la cual la Agencia puede proporcionar apoyo a las empresas que se encuentran sujetas a la regulación", indica el texto del documento.

Por otro lado, esta medida también implica un rol de la ASCC frente a productos no priorizados y por tanto no cubiertos por la Ley, con el fin de promover prácticas de segregación, valorización y reciclaje de los mismos, incluyendo una adecuada gestión de los residuos peligrosos.

Otras recomendaciones son promover innovación de materiales, minimización del plástico y eco diseño; potenciar industria de valorización sustentable; y promover alternativas de tratamiento y valorización de residuos orgánicos tanto municipal como de la agroindustria. "Los residuos orgánicos representan un componente importante en el total de residuos generados a nivel municipal y agroindustrial, sin embargo, estos no se abordan como residuos prioritarios en la Ley 20.920 (REP). No obstante, estos residuos sí están cubiertos dentro de la nueva Política Nacional de Residuos, que apunta a su valorización, por lo que es otra área de acción que la Agencia puede promover dentro de las empresas y mediante un trabajo con los municipios, aprovechando sinergias con las iniciativas del Ministerio del Medio Ambiente en la materia", dice el texto.

El 90% de los chilenos vive en ciudades y éstas han sido priorizadas como uno de los nueves sectores más vulnerables frente al cambio climático y desastres naturales en Chile. Por otro lado, el ODS N° 11: "Ciudades y Comunidades Sostenibles", tiene como fin lograr que las urbes y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Por ejemplo, en Chile actualmente existen 17 planes de descontaminación vigentes que abarcan una población de 10.00.000 de personas bajo un marco de protección de su calidad del aire.

Al respecto, el Comité Asesor realizó una propuesta de medidas que la ASCC podría impulsar, como por ejemplo, la "Gestión integral de residuos," mediante la prevención en la generación de residuos y minimización de la disposición final en rellenos sanitarios; la "Gestión hídrica" relevante para comunas con desertificación que actualmente se están abasteciendo con camiones aljibes; y la "Contaminación atmosférica", basado en acciones como el mejoramiento térmico de las viviendas o eficiencia de los artefactos de combustión a leña.

Incluso, el documento recomienda la incorporación de compromisos voluntarios ambientales en proyectos inmobiliarios, tales como huertos comunitarios, iluminación eficiente, arborización con especies nativas con bajo requerimiento hídrico, mayores espacios verdes que la ordenanza general, salas de basura con separación en el origen, etc. "Se podría diseñar un estándar de compromisos voluntarios ambientales a ser sugeridos por los municipios en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos", indican los expertos.

Además, el borrador explica que las municipalidades poseen muchos desafíos similares, tales como trabas regulatorias y vacíos legales para resolver algunos problemas socio ambientales. "La ASCC tiene la experiencia y la facultad para resolverlos en conjunto con el regulador y las empresas, superar barreras de coordinación para que se produzcan acuerdos, agregar demanda para alcanzar economías de escala y reducir el gasto público en estudios e incrementar sinergias y eficiencias", dice el informe.