Antonio Azuela: "Los jueces terminan resolviendo un problema político y la ciudad es usada como rehén"

Hoy se realiza en CasaPiedra la 5ª Versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, que desde 2012 organiza anualmente la Cámara Chilena de la Construcción. Bajo  el título “Reencuentro Urbano, Participación, clave para generar confianza”, se centrará en los mecanismos de vinculación y articulación de los diferentes actores involucrados en el desarrollo de las ciudades.

Entre los panelistas internacionales está Antonio Azuela, licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana y doctor en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde fines de los ’70 se ha dedicado a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Es más, su charla se centrará justamente en la relación entre el urbanismo y el Poder Judicial.

Según Azuela, las grandes ciudades latinoamericanas tiene varias similitudes. “Si bien nuestros conceptos de igualdad urbana son inferiores a los europeos y superiores a los de África y algunos países de Asia, tenemos claramente un pacto social abierto que está en flujo constante. En los ’80 había un sistema dominante de planificación tradicional que pasó más tarde a la creación de reformas estructurales. Y desde hace 15 años a la fecha, se han dado una serie de iniciativas interesantes, que permiten modificar las ciudades con nuevos pactos sociales y diálogo”, dice Azuela.

¿La ciudadanía tiene conciencia de su importancia en el desarrollo urbano dentro de este pacto social?

- Creo que hay que verlo a escala geográfica. En muchas ciudades de Latinoamérica los vecinos han generado un proceso de participación muy intenso, que incluso, muchas veces involucran al Poder Judicial

¿En qué aspecto involucra al Poder Judicial?

- Por ejemplo, cuando la ciudadanía se organizan para impedir alguna modificación a su vecindario y acuden al juez; o cuando los vecinos de asentamientos muy precarios -como las favelas en Brasil- tienen protección judicial para no ser retirados. Hay formas de movilización vecinal que están recurriendo al juez. Son reformas que están sucediendo en los procesos de transición democrática, donde se está empoderando también al Poder Judicial. En ese contexto, el juez tiene un papel nuevo.

¿Y el aparato judicial esta preparado?

- Justamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A primera instancia muchos piensan que no deberían meterse, pero la verdad es que a la larga, algo tiene que ocurrir para que su intervención sea más virtuosa. Muchas veces en las ciudades se presentan conflictos más en la esfera del poder político que del punto de vista urbanístico y éstos, llegan al Poder Judicial.  Los jueces terminan resolviendo un problema político y la ciudad es usada como rehén, donde claramente, los jueces no están preparados aún para resolverlo. Pero ellos tienen que entender su rol en una ciudad sustentable.

¿Este modelo de intervención del juez se da más en ciudades grandes o puede ser extrapolado a ciudades pequeñas o pueblos?

- En ambas realidades con diferentes características. En los pueblos existen conflictos por los recursos naturales que pueden incluso, llegar a las grandes ciudades. Por ejemplo, llevar agua a una ciudad, puede significar afectar los intereses de poblaciones en cuencas distantes. El caso de Santiago (que tiene grandes ríos que bajan de la cordillera) es muy raro. Pero por lo general, en todas las ciudades grandes hay que traer agua desde grandes distancias y a veces hay un pueblo indígena que reclama. Entonces, estamos viendo un conflicto de una pequeña localidad que afecta a una gran ciudad con códigos culturales muy distintos. El pueblo indígena tiene una relación con la naturaleza en el que no está involucrado un costo. Y Muchas veces, la decisión final está en manos de un juez.

¿Por ejemplo?

- Acá en México tuvimos un conflicto muy grande en la ciudad de Hermosillo, que trae agua de una represa que está cerca de una tribu indígena con mucha importancia en el país. El tema llegó a la Suprema Corte, pero a ésta le costó entender la naturaleza del conflicto, porque hay un tema simbólico para los indígenas y una necesidad real para la ciudad. Este tipo de situaciones está sucediendo con tal frecuencia, que está siendo parte del gobierno de las ciudades.