BC mete competencia a Transbank con nueva figura de operador para el comercio minorista

Una apertura "casi total" del mercado de operadores de tarjetas es la que el viernes pasado hizo el Banco Central, al poner en consulta una nueva normativa de medios de pago en la que no sólo aborda las exigencias para las tarjetas de prepago, sino que también para las redes a través de las cuales funcionan los servicios de tarjetas, hoy radicados en Transbank y que a principios de año el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) propuso modificar para eliminar su monopolio.

En la industria, destacan que lo publicado por la entidad presidida por Mario Marcel se hace cargo en gran medida de la recomendación normativa de la TDLC, la cual propuso a mediados de enero avanzar hacia una regulación integral de los medios de pagos con tarjetas de crédito y débito; medidas concretas para la separación de las actividades de emisión, adquirencia y procesamiento; y medidas para fomentar la competencia en la función de adquirencia, lo que incluye la prohibición de que los bancos emisores actúen en forma conjunta en la adquirencia y la posibilidad de que los emisores actúen en forma conjunta en materia de procesamiento adquirente.

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Así, la norma en consulta del Central propone un modelo de cuatro partes, en el que separa tarjetahabientes, comercios, emisores y adquirentes, donde los primeros tienen un vínculo contractual con los emisores de tarjetas, y lo mismo ocurre entre comercios y adquirentes.

Con esto, se modifica la definición de operador a fin de permitir expresamente que esta actividad pueda ser desarrollada por empresas sin necesidad de mantener un vínculo contractual directo con los emisores de los medios de pago (como ocurre hoy con Transbank), en la medida que dichos operadores asuman directamente la responsabilidad de pago frente a los comercios afiliados.

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"En los modelos de 4 partes las marcas de tarjetas desempeñan un rol importante, al permitir la emisión y la adquirencia de su marca", sostiene la normativa.

Junto con ello, el Central indica que "se estima que la eventual entrada en funcionamiento de nuevos operadores que no cuenten necesariamente con vínculos contractuales con Emisores de tarjeta dará lugar al surgimiento de tarifas de intercambio explícitas para el mercado chileno".

Junto con ello, la normativa propone un nuevo modelo de operador, ésta vez destinado a medios de pago minoristas, llamado Proveedor de Servicios a los Comercios (PSC).

Estas entidades, sin ser regulados como operadores, pueden otorgar servicios como la provisión de canales o aplicaciones de carácter electrónico o informático que permitan la captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, para que posteriormente sean procesadas por un operador, siempre que no impliquen la autorización y registro de las transacciones.

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Según la norma, el PSC podrá prestar servicios de operador siempre que "i) lo haga por cuenta de un operador que asume la responsabilidad de pago, y ii) la suma anual de los pagos sea inferior a 100.000 UF. En caso de superar esa suma, el PSC deberá constituirse como operador. Por otra parte, los Operadores que contraten a estas entidades, deberán informarlo a la SBIF. La inclusión de los PSC en las normas, así como el régimen excepcional contemplado, pueden permitir la entrada de empresas que, asociadas a un Operador, presten servicios en áreas o sectores no cubiertos por éste y con niveles de riesgo acotados".

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A la vez, el Banco Central emitió parte de la normativa que regirá a las tarjetas de prepago multipropósito, la que establece, entre otros aspectos, que los plásticos nominativos no tendrán límite de saldo, algo que en la industria es considerado beneficioso pues abarataría los costos operacionales. Sin embargo, diversas fuentes apuntan a que aún la SBIF debe poner en consulta una normativa en la que se resolverán temas operacionales pendientes.

Interesado en emitir tarjetas de prepago se mostró ayer el presidente de BancoEstado, Jorge Rodríguez Grossi, al señalar en el marco de su cuenta pública que "estamos estudiando la posibilidad de, a fines de este año, tener un prepago".

Junto con ello, volvió a señalar la necesidad de capital por US$1.000 millones para cumplir con las exigencias de Basilea III, las cuales serán discutidas en el marco de la reforma a la Ley General de Bancos. Según Rodríguez, en los últimos 10 años la entidad ha entregado US$2.600 millones en utilidades y el Estado lo ha capitalizado con US$1.000 millones. "Si dejaran ojalá el 100% (de las utilidades líquidas) lograríamos cumplir la meta de los US$1.000 millones".