Carlos Cruz, del Consejo de Infraestructura: "Lo que se ha hecho con los hospitales es dañino para validar el sistema de concesiones"
Tras las dudas sobre qué modelo de administración seguir, el proyecto de ley que busca crear un fondo de infraestructura de US$9 mil millones sigue sin ser enviado al Congreso, aplazando aún más la discusión de una iniciativa clave para fortalecer la alianza público-privada. Y si bien desde el MOP se reiteró la idea de contar con el fondo, desde la vereda privada persiste la inquietud por el lento ritmo del sector, especialmente tras la paralización de las concesiones hospitalarias. Carlos Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Políticas Infraestructura (CPI), abordó las urgencias en esta materia, aunque se desmarcó del tono más duro utilizado por el empresariado y llamó a que el sector privado “se adapte” al nuevo escenario que han delineado las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Los plazos para la entrega del proyecto para crear un fondo de infraestructura no se han cumplido ¿les preocupa eso?
Esa obsesión por si el fondo de infraesctructura va a estar listo en septiembre, diciembre o marzo, es irrelevante. Lo relevante es que una vez que el Gobierno tenga conceptualizado en forma definitiva lo que quiere hacer, se haga una discusión respecto a la operatividad del fondo y que eso pueda ser ojalá una discusión que se lleve en el transcurso del presente año, de modo que a fines de año podamos tener un ley que constituya esta institución. La discusión no tiene que ver con los plazos, sino con la calidad del instrumento.
¿Qué señales ha dado el MOP al respecto?
Lo que hemos conversado con el ministro es que efectivamente hay algunas discusiones respecto del modelo institucional que son legítimas. No es fácil en este país aprobar una empresa en el parlamento. Por lo tanto, tiene que ser algo muy elaborado y con un discurso muy elocuente, de tal manera que se logre la aprobación parlamentaria. En ese sentido, a mí no complica de que esto se demore como se ha demorado. Si hay una discusión de fondo entre el ministerio de Hacienda y el MOP respecto de la construcción de este instrumento, ojalá salga el mejor instrumento y a partir de marzo podamos conversar de forma más detenida todos los actores que hemos estado involucrados.
¿Qué evaluación hace sobre el tratamiento que le ha dado el Gobierno a esta materia?
Cuando los gobiernos tienen restricciones presupuestarias como los que tiene este Gobierno, que los va a enfrentar probablemente por los próximos dos años, el impulsar formas de asociación público-privada para estimular la inversión es la mejor señal que se puede dar. Primero, porque señaliza hacia donde está yendo el país y en ese sentido las obras de infraesctructura son una muy buena señal. Por otra parte, porque termina con esta discusión tan absurda que hay entre lo público y lo privado. Necesariamente para desarrollar el país debe haber un trabajo conjunto. Creemos que desde fines del gobierno pasado y a principios de éste se han hecho esfuerzos importantes por reponer una cartera y estimular nuevamente la inversión privada, pero hay ciertos acontecimientos que claramente ponen en duda esa disposición como, por ejemplo, lo que sucedió con los hospitales. Lo que se ha hecho en el sector hospitalario ha sido altamente perjudicial para la validación del sistema de concesiones, y creo que en ese sentido lamentablemente se ha derivado en una situación bien compleja.
Se sacaron cuatro hospitales de la cartera de concesiones, ¿qué debiese hacer el Gobierno en este tema?
No me corresponde decir lo que debiese hacer, pero puedo decir lo que no ha hecho. Una de esas cosas ha sido generar condiciones para que los hospitales que se habían comprometido se hagan. Ha hecho todo lo contrario. En ese sentido, habrá que hacer una revisión de parte de las autoridades políticas y sectoriales para ver de qué manera se recupera el tiempo perdido, pero mi impresión es que acá se ha hecho un tremendo daño al sector salud al no asumir de que la única posibilidad que había de hacer los hospitales que estaban comprometidos era validando lo que se había iniciado en el gobierno anterior y eso era el sistema de concesiones. Por lo tanto, creo que estamos en un problema serio desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos.
¿Cómo ve el crecimiento económico para los próximo años?
Tengo la impresión de que este año las proyecciones si se dan como se dice, de crecer en torno al 2%, vamos a ser un país que va a estar creciendo por encima de la media de América Latina.
Desde el sector privado han culpado a las reformas que impulsa el Gobierno por el bajo crecimiento económico.
Este exceso de ideologismo con el cual el mundo empresarial ha enfrentado estas reformas significa en el fondo dispararse en los pies porque sus propias proyecciones respecto del problema de productividad que representa la reforma laboral va a redundar en una disminución de productividad que va a tener impacto directo en los resultados de las empresas. El mundo empresarial tiene que operar con las reglas del juego que existen. Ahora, cómo se están discutiendo las reglas del juego me parece que es legítimo que levanten una posición, pero transformar esto en una bandera de lucha me parece excesivo. Yo trataría de que el Gobierno pudiese tramitar rápidamente sus reformas, que logremos esta estabilidad institucional que el país requiere, que el mundo empresarial se adapte a lo que son estas reformas y que por esa vía apliquemos un futuro con un poco más de perspectiva, porque estar enfrascado en estas discusiones de corto plazo me parece que atenta contra las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país.
También se ha dicho que una nueva Constitución traería mayor incertidumbre
No podemos caer una discusión que a mi juicio no corresponde a lo que efectivamente una reforma constitucional puede representar. Acá no hay cambios fundamentales, no se está poniendo en duda ni la propiedad privada, ni el rol mercado ni el rol que cumple el mundo empresarial ni el de las organizaciones sociales. Aquí hay una redefinición de reglas para que esta sociedad opere de forma democrática y con mayor niveles de justicia social. Si eso es amenazante para alguien que lo diga pero me da la impresión que no debiera ser amenazante para nadie.
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