Cascada: Julio Ponce y León Vial rechazan demanda de AFP Capital

Una dura respuesta de los representantes de Julio Ponce y León Vial tuvo la demanda que presentara AFP Capital como parte del Caso Cascada, acción civil en la que la administradora de fondos de pensiones acusa perjuicios por US$7 millones.

En se demanda, Capital, que es parte del grupo colombiano SURA, acusó que no se respetaron los estándares de cuidado, diligencia y deberes societarios, además del principio general del derecho que prohíbe inferir daño, que se tradujo en perjuicio de las sociedades cascadas y consecuentemente a los fondos de pensiones bajo su administración.

Pero todo esto es rechazado por los demandados, quienes ingresaron sus respuestas la semana pasada ante el 27° juzgado civil de Santiago.

“Solicitamos que las acciones sean rechazadas, con una ejemplar condena en costas, por no ser efectivo que se hayan cometido actos ilícitos, ni mucho menos que dichos inexistentes actos hayan podido causarle perjuicios indemnizables a la demandante”, dice la respuesta de la defensa de León Vial, liderada por Alfredo Alcaíno.

En la respuesta a la demanda, la defensa de León Vial sostiene: “La contraria (AFP Capital) prefirió elegir el camino fácil y equivocado para dar la impresión que estaba en cumplimiento de los deberes fiduciarios que le impone la ley, llegando a tal grado de simplificar las cosas, que identificó, sin más, los supuestos perjuicios de los fondos que administra con alguna proporción que le correspondería en los perjuicios que habrían experimentado las sociedades Cascada”.

A juicio de la defensa liderada por Alfredo Alcaíno, los daños que se presentan en la demanda no habrían sido sufridos por los fondos administrados por AFP Capital, sino que por las sociedades Cascada. “Dicho en otros términos, la pérdida de liquidez que supuestamente habrían experimentado Norte Grande y Oro Blanco afectaría únicamente los activos pertenecientes a dichas sociedades Cascada, pero no a los fondos de pensiones administrados por la demandante”, dice la respuesta a la demanda de la administradora de fondos de pensiones.

Más categórica es la defensa de Julio Ponce, ahora encabezada por Pedro Hernán Águila tras la salida del abogado Raimundo Labarca.

“Esta parte niega y controvierte todos y cada uno de los hechos en que se funda la demanda, los que no son efectivos en términos absolutos o no lo son en la forma y con los alcances que pretende darle el demandante. En particular, esta parte niega que se cumplan los requisitos de la responsabilidad demandada. No hay imputabilidad (culpa o dolo), no hay daño y tampoco relación de causalidad”, dice el escrito presentado por Pedro Hernán Águila.

Por lo tanto, se añade que, de conformidad con el artículo 1.698 del Código Civil, deberá ser el demandante el que acredite a través de los medios que establece la ley y con el mérito probatorio que la misma les asigna, la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la responsabilidad que pretende, en especial los hehcos en que se funda la demanda.

“A este respecto cabe hacer presente desde ya que los cargos formulados por la SVS a alguno de los demandados y las multas aplicadas también a algunos de ellos, no constituyen prueba legal de ninguno de los hechos en que se funda, menos todavía de los perjuicios que se pretenden, los que deberán ser acreditados en este proceso por los medios legales”, destaca el abogado de Julio Ponce.

La demanda

A mediados de junio de este año, el 27° Juzgado Civil de Santiago dio curso a la acción civil de AFP Capital contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y las sociedades controladas por estos ejecutivos.

AFP Capital manifestó al juzgado que “los señores Julio Ponce Lerou y Aldo Motta Camp, en su calidad de presidente y gerente general de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios (...) infringieron sus prohibiciones y obligaciones legales y reglamentarias dispuestas en la normativa legal societaria, en especial a lo referente a los deberes de cuidado y diligencia de los deberes fiduciarios y otros relacionados con las operaciones de con partes relacionada”, sostiene la acción civil.

Adicionalmente, AFP Capital expresó a la justicia que las operaciones cuestionadas “fueron ejecutadas sin cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios”. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la administradora, tras la junta extraordinaria de Oro Blanco celebrada el 7 de noviembre de 2011, “(la empresa) empezó a advertir que el Caso Cascada tenía indicios de ser Fraude Cascada, aprensiones que tomaron cuerpo definitivo tras las formulaciones de cargos efectuadas por la SVS”.