Caso Cascada: Consejo de Defensa acusa a Araya de "tergiversar burdamente hechos"

“Cabe nuevamente resaltar la conducta del reclamante, el que vuelve a tergiversar burdamente hechos, estando su conducta al límite con lo permitido”.

Esta es una de las duras crítica que realizó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que -en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- acudió al Décimo Séptimo Juzgado Civil para responder la reclamación de multa interpuesta por el ex gerente de inversiones de Banchile Corredores de Bolsa, Cristián Araya, sancionado con US$3 millones como parte del Caso Cascada.

“Al parecer el reclamante no sólo se contenta con reescribir los fallos del Tribunal Constitucional, sino que además se encarga de reinterpretar lo señalado por el superintendente (de Valores y Seguros), en pos de fundamentar sus alegaciones. Pues bien, y como ya se señaló previamente, resulta necesario manifestar un rechazo absoluto a este tipo de situaciones, en las que el reclamante tuerce los hechos a su acomodo con el fin de sorprender, lo cual se encuentra en el límite de lo permitido”, argumentó el CDE en el documento de contestación presentado a la justicia.

Operaciones

A juicio del CDE, las personas y sociedades involucradas en las operaciones cuestionadas efectuaron estos actos mediante maniobras planificadas, coordinadas y concertadas con anterioridad a su materialización, con el objetivo de dar la apariencia de que se efectuaban en el mercado bursátil operaciones independientes e incondicionales, no obstante lo cual, ellas no tenían por objeto la transferencia de la propiedad de las acciones, o se hicieron para posibilitar la intervención de un tercero entre dos partes relacionadas, desnaturalizando así el uso de los mecanismos bursátiles.

“En cuanto a la participación y responsabilidad específica de las sociedades y personas sancionadas, fue posible concluir que Banchile Corredores de Bolsa efectuó, mediante su ex gerente de inversiones, señor Cristián Araya Fernández, operaciones en el mercado de valores por medio de actos engañosos, y en que se utilizó indebidamente los mecanismos bursátiles en las transacciones antes mencionadas”, dijo el CDE.

La visión del ejecutivo

En su reclamación, Araya realizó un duro cuestionamiento a la SVS, señalando que “la autoridad ha dado muestra evidente de desconocimiento del mercado de valores”. Además, advirtió que el tribunal “debe tener presente, como elemento esencial para la eficacia de la presente reclamación, que se objeta el conocimiento y aptitud” del órgano administrativo que dictó la resolución alegada.

Asimismo, el sancionado acusó que la SVS vulneró “en forma reiterada” principios básicos y esenciales de la Constitución y del ordenamiento jurídico en general. Por otra parte, aseguró que ésta confunde la institución de la prescripción con la caducidad de las acciones cuestionadas. “La acción que persigue la responsabilidad infraccional debió ejercitarse y notificarse dentro de los seis meses siguientes al hecho que dio origen a la supuesta infracción”, detalló.

Agregó que está acreditado que él “dio cabal cumplimiento a la normativa que regulan las transacciones bursátiles” y que los “reproches” formulados por la SVS son “infundados, sesgados, sin evidencia o prueba concreta que los respalde, siendo conclusiones erradas e ilógicas”.

A esto añadió que “la corredora cumplió con sus obligaciones fiduciarias para con sus clientes”, y que “en observancia de dicha obligación”, se estructuró la operación cuestionada.