Constitución: sector de la NM pide ver el proyecto antes de su ingreso

En la primera semana de marzo, días antes de dejar La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet enviará al Congreso uno de sus últimos proyectos pendientes y uno de los más importantes: la Nueva Constitución.

La redacción de una nueva Carta Magna acorde a la realidad actual del país era una promesa de la Nueva Mayoría cuyo cumplimiento comenzó a concretarse en 2015, con el nombramiento de un Consejo de Observadores y la realización de diálogos ciudadano, pero que se atrasó en un semestre de acuerdo al cronograma original. Y ahora que el Ejecutivo está finiquitando los detalles para presentar el proyecto, algunos sectores del bloque advierten que es necesario socializarlo antes de presentarlo en el Congreso.

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Esta fue, por ejemplo, la petición de la directiva del PPD a La Moneda. En esa colectividad alertan que si la coalición no está informada de esta última gran reforma, existe el riesgo de que no sea apoyada por todos los sectores y, con ello, corre peligro todo el trabajo que hicieron en estos años, riesgo que aumenta considerablemente por el momento político en que será ingresado.

La presidenta interina de la DC, Myriam Verdugo, coincidió con que los partidos deben conocer el proyecto, pero advirtió que esta es una falla de origen en el Gobierno. "La política que debería haberse implementado desde el día uno, y que no se hizo, es trabajar los proyectos con los partidos políticos con el objetivo de asegurar participación y compromiso", dijo.

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"Pero cuando vienes, haces algo y las personas que fueron elegidas democráticamente y que merecen un respeto se ven obligadas a apoyar ese proyecto sólo por ser parte de un Gobierno, se está en un camino equivocado", añadió la dirigenta.

Esta fue una crítica constante en estos cuatro años. El ejemplo de ello fue el revés que sufrió el Ejecutivo durante la tramitación de la reforma al Capítulo XV de la Constitución, donde los diputados DC se abstuvieron de aprobar el mecanismo de la Convención Constituyente -lo que derivó en su rechazo- con el argumento de que el ministro correligionario Mario Fernández no les había informado de los detalles.

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El diputado Daniel Núñez (PC) también dijo que "siempre es conveniente, en un proyecto de ley de tanta trascendencia, conocer el contenido y sus alcances, para tener la certeza de que esta iniciativa nos conducirá efectivamente hacia una Nueva Constitución".

Pese a eso, cree que lo importante es que el proyecto sea enviado al Congreso para tratar de cumplir al máximo con el programa de gobierno, y planteó que un eventual diálogo prelegislativo podría ser contraproducente con eso. "Si queremos dejarlos a todos contentos, no habrá posibilidad de enviarlo al Congreso, porque los tiempos son muy cortos. Pero por supuesto que el diálogo siempre sirve antes de enviar un proyecto al Parlamento", puntualizó.

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Esa es también la opinión del vicepresidente del PR, Patricio Tombolini. "Las materias principales del proyecto son ampliamente conocidas por todos y lo importante es que el proyecto quede incorporado en el Parlamento, porque ahí vendrá una larga discusión donde podremos incorporar las cosas que no quedaron en el proyecto, desde la lógica de cada partido", dijo.

En su opinión, en un diálogo previo con los partidos existe un riesgo de que a algún sector no le guste el proyecto, lo que atrasaría su ingreso, por lo que el real problema de fondo es si "el próximo Gobierno tendrá la voluntad política de avanzar en un proyecto de reforma constitucional que es ampliamente respaldado por todos los ciudadanos".

Esa es otra preocupación. El cambio a la Constitución no es una de las prioridades de Sebastián Piñera, quien ha dicho que sólo "perfeccionaría" la actual Carta Magna, por lo que los parlamentarios de la NM quieren defender la continuidad del Proceso Constituyente para que "no quede en nada".

Según explicaron en el ahora oficialismo, la idea es seguir presionando en las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado para que este siga siendo discutido a pesar de que es el Ejecutivo el que pone las urgencias.