Estándar ONU de DDHH se instala en la sustentabilidad de las empresas

El concepto de derechos humanos no necesariamente se relaciona con períodos políticos en la historia de nuestro país. De hecho, este es uno de los principales mitos que quieren derribar varias compañías, ONGs y el Gobierno, bajo el concepto de DDHH y Empresas, una tendencia que está ingresando en las políticas de sustentabilidad y que se cruza con la preocupación de las comunidades, el medioambiente, responsabilidad social empresarial y desarrollo responsable.

En 2011, la ONU publicó los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, una directriz para todas las naciones miembros que se basa en tres pilares: el deber de los Estados de proteger contra los abusos de las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los DDHH a través de la “debida diligencia” para identificar, prevenir, mitigar y remediar las consecuencias negativas sobre sus stakeholders; y el acceso a la reparación cuando corresponda.

La iniciativa se refiere a los 30 artículos de la Declaración Universal de los DDHH, como el derecho a la libertad, seguridad, igualdad ante la ley, a la justicia o libertad de conciencia, entre otros.

Pero el tema no queda ahí. Los Estados, a través de sus gobiernos, se comprometen a tomar el tema y evangelizar al sector privado para que lo lleve a cabo, mediante reuniones, seminarios u otras estrategias para que las empresas lo incorporen a su forma de trabajo.

A nivel mundial uno de los líderes en el tema es Unilever. En 2015, se convirtió en la primera compañía en dar a conocer un Reporte sobre Derechos Humanos, acorde con lo encomendado por la ONU. “La empresa sólo puede florecer en sociedades donde los derechos humanos sean respetados, defendidos y fomentados. Las personas son nuestro principal activo. Empoderarlas a lo largo de nuestra cadena de valor no sólo es lo correcto, sino que también garantiza un futuro sustentable para el negocio”, planteó Paul Polman, CEO de Unilever.

Por otro lado, el 52% de las más de 20 firmas que son parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ya tienen implementada una política formal y pública de DDHH. Según una investigación de Add-Value que analizó en detalle los datos del DJSI, el 83% del enfoque en DDHH va hacia los colaboradores y el 50% a las comunidades (ver gráfico).

Pero además, la consultora chilena realizó a fines del año pasado una encuesta a altos ejecutivos de 52 grandes compañías con operaciones en Chile de 17 rubros, donde el 87% dijo que sí existe conciencia sobre los parámetros de DDHH de la ONU.

Incluso, el estudio concluyó que los ámbitos más abordados por las empresas son el derecho a la no discriminación (46%) y el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva (37%). “La preocupación por este tema llegó de la mano de las multinacionales, pero se está incorporando muy rápido en el sector privado e insertándose en la operación misma, principalmente en empresas controladas por capitales extranjeros o bien como una extensión de las políticas de sustentabilidad. Se percibe una fuerte entrada de este tema, que además es muy coherente con los ODS”, comenta Pablo Díaz, socio de Add-Value.

El rol del Gobierno

A nivel gubernamental, el guante lo tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En mayo de este año, el ministro Heraldo Muñoz, dio a conocer en un seminario la forma en que esto se traduciría en un Plan de Acción Nacional; además del desarrollo de la Guía para la Participación Ciudadana y una serie de instrumentos relevantes para las empresas.

Otro actor relevante en el rol gubernamental es el Ministerio de Desarrollo Social. Mediante la División de Cooperación Público-Privada, están generando una serie de acciones y conversaciones con las empresas. Por ejemplo, realizaron el primer “Seminario de DDHH y empresas con enfoque social”, un taller con las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en agosto, y ahora, están planificando otra actividad similar con las empresas generadoras del sector eléctrico. “Es un tema absolutamente transversal, porque todas las empresas tienen un entorno en el que influyen y en este aspecto siempre está el riesgo de la vulneración hacia los derechos humanos”, comenta Danae Mlynarz, jefa de la División de Cooperación Público-Privada del MDS.

Mlynarz agrega que la clave está en abrir los espacios de conversación. “Muchas veces no es fácil, porque a primera vista, muchos lo asocian al tema político, pero cuando se va avanzando, las compañías se dan cuenta que es un tema clave en la sostenibilidad. De hecho, generalmente nuestra relación es con los encargados de comunidades, sostenibilidad o comunicaciones del sector privado. Y justamente, una buena entrada ha sido la Ley de Donaciones, que es un mecanismo administrado por nosotros”, agrega.

El Ministerio de Economía es el tercer actor relevante en el Gobierno en cuanto a los DDHH en las empresas, principalmente mediante el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.

La debida diligencia

Si una empresa quiere incorporar políticas y/o acciones de DDHH, lo primero es revisar los 30 que están definidos por la ONU (un.org/es/documents/udhr) y ver cuáles son los más sensibles o ad hoc con su propia actividad. Una vez identificados, la compañía debe ver cómo puede hacerse cargo. Es lo que se denomina “debida diligencia”, la clave de cualquier política corporativa de DDHH.

Para Judith Schönsteiner, directora el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales (UDP), el primer paso es revisar todas sus actividades y ver dónde se están vulnerando los DDHH. “Se puede dar en los trabajadores, en el medioambiente, comunidades, etc. Y esto es clave en la sustentabilidad, ya que lo primera responsabilidad de una compañía es enfocarse en los DDHH y luego en las acciones típicas de ayuda, propias de la RSE”, comenta la académica

En abril de 2015, el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) le encargó a la UDP elaborar una Estudio de Línea Base en materia de derechos humanos y empresas, siguiendo una maqueta que ya se había aplicado en otros países. El informe- que se entregó en mayo de 2016- identificó el estatus quo en la protección de los derechos humanos ante actividades empresariales en Chile, abarcando la regulación de los sectores privados, empresas estatales, y servicios públicos privatizados.

Los principales hallazgos de la investigación dan cuenta de una falta de regulación de materias relacionadas con las actividades empresariales; las debilidades en la fiscalización (especialmente en las industrias extractivas) y una falta de planificación territorial.

Según el estudio, el acceso a la justicia y reparación en materia de empresas y DDHH es claramente deficiente, así como la capacidad de prevención de las violaciones mediante recursos judiciales, políticas públicas o medidas administrativas. “Sin embargo, existen iniciativas puntuales de buenas prácticas que deberían ser fortalecidas e integradas en una política transversal en materia de empresas y derechos humanos”, concluye el informe.

Pero quizá el punto más negro, según Schönsteiner, es la fiscalización. “Hay una gran debilidad al respecto en materia ambiental, social y muchos vacíos históricos. En ese sentido, la fiscalización preventiva es el mejor camino. El problema es que esto no se remedia después con los procesos judiciales”, concluye la directora del Centro de DDHH de la UDP.

Para Pablo Díaz, la debida diligencia no necesariamente hay que hacerla pública, como se hace con los reportes. “Tiene que ver más que nada con un tema de gestión interna, de riesgo operacional que debería ser de interés para inversionistas y la gerencia general, que velan por el negocio. Los DDHH será un tema cada vez más importante en la gestión”, comenta el socio de Add-Value.

“En Chile, cerca de 80 empresas tienen reportes de sostenibilidad. Uno tendería a pensar que ese grupo es la avanzada para subirse al carro de los DDHH y así, disminuir la desconfianza que existe en la ciudadanía”, concluye Danae Mlynarz.