Gobierno esperará revisión de la Contraloría para definir eventual ley correctiva por reforma al Sernac

Un invitado de piedra entró a las agendas de las nuevas autoridades de los ministerios de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres): la promulgación del nuevo Sernac.

En la cartera que dirige José Ramón Valente los esfuerzos iniciales estaban concentrados en medidas para reactivar la inversión privada, en tanto el ministro Gonzalo Blumel se había enfocado en la agenda de modernización del Estado y en la búsqueda de acuerdos con la oposición en el Congreso. Sin embargo, en los últimos días ambos ministerios han debido coordinarse para enfrentar los vacíos legales que quedaron en la iniciativa tras su paso por el Tribunal Constitucional (TC) y las complicaciones que eso generó en la elaboración del decreto promulgatorio que se envió la semana pasada a la Contraloría para su toma de razón.

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Tanto el gobierno anterior como la actual administración han reconocido que la redacción del decreto para la promulgación se complejizó debido a que la Cámara de Diputados en el oficio que dio cuenta de la aprobación del proyecto decidió mantener dentro del articulado algunas normas que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales, pero que no las incorporó en su resolución final de la sentencia. Ello implicó revivir parte de la facultad sancionatoria que había impugnado el TC.

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La jugada de la Cámara llevó a la Presidenta Michelle Bachelet a evitar firmar la nueva ley, y a la administración de Sebastián Piñera a ingresar en el límite del plazo legal el decreto a Contraloría.

Trascendió incluso que en la actual Segpres se evaluaron distintas posibilidades para resolver este asunto, como solicitar una aclaración al mismo TC sobre su fallo, o recurrir ante la misma Contraloría para que señalara algún derrotero. La conclusión fue que ni en la normativa ni en la Constitución existe alguna alternativa ante un escenario como el generado por la resolución del TC.

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Fuentes de gobierno involucradas en el tema revelan que la definición política por el momento es esperar lo que decida la Contraloría en el trámite de toma de razón para luego evaluar los alcances de una posterior ley correctiva que armonice y sistematice el fallo del TC. Trascendió además que en Chile Vamos no descartan pedir una nueva opinión a la magistratura constitucional para que aclare el sentido de su veredicto por el nuevo Sernac.

Por su parte, el ministro de Hacienda Felipe Larraín ayer informó en el Congreso que están a la espera del término de la promulgación para reasignar recursos destinados a las potestades que se cayeron. "Ahí hay una serie de facultades que estaban financiadas y desde el punto de vista de lo que nos compete a nosotros, por esas facultades que ya no están el financiamiento tiene que restarse del proyecto. Vamos a tomar como un dato lo que ocurra en ese proceso y luego vamos a reevaluar los recursos asignados", dijo Larraín.

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RECLAMO CNC

El debate del Sernac tuvo un nuevo giro luego que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ingresara un escrito a la Contraloría para frenar su promulgación. A juicio del profesor de derecho administrativo de la U. de Chile, Luis Cordero, el ente de control "no tiene competencia para eso, porque la toma de razón de un decreto promulgatorio apunta a que el Presidente esté promulgando el texto que le ha sido comunicado por el Congreso". El constitucionalista y profesor de la UC José Francisco García discrepa: "El trámite tiene tres elementos. El primero es el control de firmas del decreto; lo segundo es el control del texto, es decir que el texto que se va a promulgar es aquel que ha sido aprobado por el Congreso; y el tercer elemento, así lo ha dicho expresamente en un dictamen del año 2009, tiene que considerar las sentencias del Tribunal Constitucional que se haya pronunciado sobre ese proyecto de ley".