Gobierno y gremios ven inconstitucional moción que busca anular la Ley de Pesca

Siguen los coletazos tras la polémica decisión adoptada este martes por la presidencia de la Cámara de Diputados respecto a declarar admisible la moción que busca anular la Ley de Pesca vigente en Chile desde el año 2012.

Varios sectores, que incluyeron al mismo Gobierno y al mundo empresarial representado por la Sofofa, la CPC y diversos gremios pesqueros, salieron este miércoles a criticar la iniciativa calificándola de “inconstitucional”, “preocupante” e incluso “populista”.

La moción presentada por la bancada del PC-IC, y que cuenta con apoyo de sectores de la DC, busca revertir -según indican quienes la lideran- los vicios que tendría la llamada Ley Longueira a raíz de la investigación que el Ministerio Público lleva adelante por el supuesto financiamiento irregular de campañas políticas realizado por la empresa pesquera Corpesca.

Sin embargo, para el Gobierno esta razón pareció no ser suficiente y la mañana de ayer fijó su posición respecto a la discusión. “Nosotros como Gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”, señaló Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía.

El titular de Economía indicó que la autoridad va a proponer modificaciones a la ley, “de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad”.

El sector empresarial, en tanto, fue más duro en sus críticas.

“Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas”, señaló el presidente de la  Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas.

En ese sentido Salas lamentó la decisión de la presidencia de la Cámara Baja ya que “constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación”, indicó.

Por último el líder de la CPC hizo un llamado a “quienes la Constitución les concede la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional, a hacerlo sin dilaciones, a fin que este órgano ponga término a esta iniciativa inconstitucional e ilegal”.

De la misma forma Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), hizo pública su preocupación por una iniciativa que indicó carece de toda legalidad.

“Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica. Esta es una ley que cumplió con todos los trámites legislativos correspondientes, siendo el mismo Congreso quien la aprobó por mayoría (...) Desconocer ese trabajo no sólo marca un precedente preocupante para otras leyes, sino que enloda todo el trabajo legislativo realizado por los parlamentarios que conforman ambas Cámaras y que analizaron, mejoraron y aprobaron esta ley”, dijo.

Junto a esto el timonel de la agrupación empresarial hizo un llamado al Gobierno para “recurrir al Tribunal Constitucional, ya que este tipo de medidas no generan ningún beneficio para el país”.

Industria pesquera

Los gremios que reúnen a la actividad pesquera del país también se hicieron sentir este miércoles.

Osciel Velásquez, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región de Coquimbo y socio de la pesquera Bracpesca, señaló sus aprensiones respecto a la moción.

“Nos afecta fundamentalmente porque nos hace perder estabilidad. Nosotros dependemos mucho del orden y este tema nos preocupa porque nos provoca un clima inestable. En nuestro sector es muy importante el tema del empleo: nuestros camarones, nuestros langostinos son pelados a mano entonces con esto se pone en riesgo, aquí en la cuarta región, 4 mil empleos y alrededor de 12 mil a lo largo del país”, indicó.

El líder gremial señaló a PULSO que si bien la actual ley que rige al sector podría mejorarse en algunos puntos, en su generalidad los ha dejado satisfechos precisamente por la estabilidad que le ha entregado al sector. “Tú no puedes trabajar tranquilo si a cada rato te están cambiando las reglas del juego. Eso no está bien”, agregó.

“Me parece grave que hoy día el Gobierno no esté preocupado de este tema y gente de la Nueva Mayoría que debe preocuparse de cómo hacer crecer el país, de cómo dar estabilidad y seguridad, esté preocupado de generarle problemas al Gobierno cuando estamos viviendo momentos tan complejos”, indicó Velásquez.

Por otra parte Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (Asipes) señaló que como gremio van a “recurrir a todas las instancias que permite la legalidad, en caso que se mantenga el proyecto en tramitación”.

Moncada además reiteró su llamado al Gobierno para que “efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor respecto de la anulación de la Ley de Pesca que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional”.

Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) -gremio que reúne a las pesqueras industriales- salió en defensa de la actual Ley de Pesca.

“Hay una mejora desde el punto de vista de la institucionalidad pesquera, hay una mejora desde el punto de vista de la certeza jurídica, de los derechos de artesanales e industriales para pescar y hay una mejora sustancial en materia de sustentabilidad para recuperar y conservar los recursos pesqueros”, indicó.

El líder gremial valoró la posición adoptada por el Ejecutivo. “Como gremio valoramos que importantes instituciones, en primer lugar el Gobierno de Chile y luego los principales gremios empresariales del país, manifiesten su opinión y hagan ver al punto de vista en cuanto a que esta iniciativa del PC no solamente es demagógica y populista sino que también es inconstitucional”.